Reporteros sin Fronteras se moviliza por la protección de medios de comunicación comunitarios o locales víctimas de atentados en tres países

Durante las últimas semanas, en tres países de América del Sur, al menos cinco medios de comunicación locales, privados y comunitarios, fueron víctimas de ataques violentos, que privaron a algunos de ellos de toda posibilidad de seguir emitiendo. Reporteros sin Fronteras se compromete a apoyar su reconstrucción. La organización indaga actualmente para hacer una estimación detallada de los daños sufridos. Frente a la magnitud de los perjuicios, solicitamos la colaboración de las autoridades de los países concernidos, de las organizaciones internacionales, así como de las organizaciones especializadas en el apoyo a los medios de comunicación. “Esperamos que este esfuerzo de solidaridad permita a las estaciones y los canales en cuestión reanudar rápidamente sus emisiones de manera normal. Muy presentes en Latinoamérica, los medios de comunicación comunitarios, en especial las radios, están lejos de gozar en todas partes del reconocimiento legal que deberían tener. En algunos países incluso son objeto de criminalización o de acciones legales sistemáticas, como sucede actualmente en Honduras. Sin fines de lucro y pertenecientes a comunidades o movimientos sociales –campesinos, indígenas, afroamericanos, femeninos, gay o lésbicos–, los medios de comunicación comunitarios son relegados del debate público con mucha frecuencia. Esto, pese a que representan una fuente de información importante sobre temas de interés mayores, como el medio ambiente, los conflictos agrarios, la situación de las minorías o el desarrollo local. En nombre del pluralismo y de su propia independencia, deben ser mas defendidos”, declaró Reporteros sin Fronteras. Argentina
La radio comunitaria FM Paj Sachama, ubicada en El Retiro, en la provincia de Santiago del Estero (noroeste), sufrió el ataque de dos individuos armados el 10 de septiembre de 2011, dos años después de que padeciera un primer atentado con un coctel molotov. Los dos sujetos amenazaron con sus armas al personal y dañaron los talleres, el equipo y las instalaciones de la radio. La radio FM Paj Sachama es propiedad del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC), comprometido en la defensa de las poblaciones indígenas y en la denuncia del despojo de sus tierras. En el punto de mira de los empresarios agroindustriales que codician los territorios indígenas, el equipo de FM Paj Sachama, así como los miembros del MOCASE, se encuentran constantemente expuestos a la violencia. El MOCASE VC está de duelo por uno de sus representantes, Cristian Ferreyra, asesinado a balazos el 16 de noviembre. La comunidad atribuye este crimen al conflicto territorial que los enfrenta a los agroindustriales. El 18 de noviembre de 2011 en Alba Posse, provincia de Misiones, las instalaciones de la radio local privada FM Sapucay fueron destruidas casi completamente por un incendio. Su propietario y director, Vitalino Acosta, así como Ricardo Arrua, presidente del Foro de Trabajadores de Prensa y Comunicación Social de Misiones (FoPreMi), mencionan la pista criminal. “Las pericias ya confirmaron que no fue un accidente sino que se trató de un ataque intencional porque encontraron vestigios de combustible”, nos aseguró Vitalino Acosta. La radio, crítica de las presuntas irregularidades cometidas por las autoridades locales, en particular por Nelson Carvalho, jefe comunal de Alba Posse, ya había padecido otros ataques: en 2003 le cortaron los cables que unían la torre con la emisora y dos años más tarde derribaron la torre que sostenía la antena. Hace varios meses el mismo Nelson Caravalho irrumpió en las instalaciones de la radio y agredió a dos periodistas. Sin transmisión durante diez días, FM Sapucay ha podido volver al aire, el 27 de noviembre, gracias a los équipos prestados temporalmente por José Pietrowski, director de la estación FM Litoral, ubicada en Obera en la provincia de Misiones. Bolivia
El 14 de noviembre pasado en la provincia de Santa Cruz (este), la estación Radio Comunitaria Yapacaní y el Canal 8 Televisión Comunitaria Yapacaní, fueron víctimas del ataque de un grupo de allegados al alcalde de Yapacaní, David Carbajal, acusado en un caso de corrupción. La radio y el canal pudieron reanudar parcialmente sus emisiones cuatro días más tarde, después de recuperar 70% de su equipo, desmantelado y sustraído por los agresores. Radio Comunitaria Yapacaní y Canal 8 pertenecen a la Federación de Comunidades Interculturales de Yapacaní, conformada por migrantes indígenas altiplánicos. "El alcalde Carvajal, que es nuestro afiliado e hizo carrera política desde nuestra organización se dedica ahora a dividir a las organizaciones y ha demostrado ineficiencia", explicó a Reporteros sin Fronteras uno de los representantes de la federación, Cirilo Sunavi. "De 38 millones de bolivianos presupuestados (5,5 millones de dólares), sólo ejecutó un millón. Por eso es la molestia de la población. La radio y la televisión sólo reflejaban esa situación, pero sufrieron la intervención y el saqueo con apoyo de campesinos de otras comunidades". Ya en 2006 los dos medios de comunicación habían tenido que suspender sus actividades debido a este tipo de diferencias internas. El director de Canal 8, José Antonio Rivas, denunció ante Reporteros sin Fronteras que él y su esposa son amenazados de manera permanente. Chile
Agro TV, canal de televisión comunitario comprometido con el desarrollo local, denunció un atentado cometido el 21 de octubre pasado contra sus instalaciones, ubicadas en el Cerro Monjas, en la provincia de Quillota (en los alrededores de Valparaíso, centro). Hoy en día le es imposible emitir. Los cables que sostenían la torre de transmisión fueron seccionados, lo que provocó su caída y la destrucción de casi todo su equipo. Robaron una parte de las instalaciones. El director de Agro TV, César Ramos Silva, se muestra prudente respecto al móvil del atentado, pero no excluye que éste se deba al conflicto abierto con el sector audiovisual comercial. "Además de ser gerente de este canal rural, también soy vicepresidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (ANARCICH), y estos últimos meses he emprendido numerosas acciones en la organización contra la concentración y el abuso de las radiodifusoras comerciales", explicó a Reporteros sin Fronteras. César Ramos Silva reconoció que, por el momento, no cuenta con pruebas formales que le permitan sostener esta hipótesis. Sin embargo, la competencia desleal existe y se suma a la situación de fragilidad de las radios comunitarias chilenas, ante la ausencia de una legislación adecuada que les otorgue el lugar que les corresponde en el paisaje audiovisual. Kimche Mapu, radio comunitaria Mapuche, corre el riesgo de desaparecer, vía judicial, por “interceptación de telecomunicaciones”, tras una denuncia interpuesta por Gilberto Santana, consejero municipal y… propietario de la estación Radio Lanco. “Esta situación es inadmisible, pues el conflicto de interés revelado por esta denuncia es flagrante. El encarnizamiento procesal contra Kimche Mapu es indigno teniendo en cuenta la limitada cobertura de la estación, que comprende cinco comunidades de 1.300 personas en total. Kimche Mapu reclama desde hace mucho tiempo su completa regularización y este proceso sufre un retraso excesivo”, declaró Reporteros sin Fronteras, que colabora con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) para que la ley 20.433 de radios comunitarias y ciudadanas promulgada en 2010 sea reformada, incluso remplazada. Leer aquí el artículo de María Pía Matta, presidenta de la AMARC International. En el contexto de las protestas estudiantiles, el año 2011 estará marcado por las numerosas brutalidades de las fuerzas del orden contra la prensa. Reporteros sin Fronteras condena la detención y los malos tratos infligidos por los carabineros el 21 de noviembre al reportero de la estación ADN Esteban Sánchez y a su colega, el periodista brasileño independiente Victor Farinelli, en el marco de un controvertido homenaje a Miguel Krassnoff, militar condenado por violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura.