La autocensura es la norma para los periodistas que trabajan en el ente de radiodifusión Radio Television Brunei, pero también en los principales diarios del país, que pertenecen directamente a la familia del sultán.

El sultán acumula todos los poderes y el marco legal represivo, endurecido al extremo por la instauración de una versión muy estricta de la sharía, basta para disuadir a la prensa de cualquier contenido que pueda ser interpretado como una crítica al sultanato. En el poder desde 1967, el actual sultán, Hassanal Bolkiah, dirige el país con mano de hierro.

La ley sobre sedición condena a tres años de cárcel al autor de toda publicación que atente contra la “preeminencia de la filosofía nacional”. Por un post o por un artículo considerado “malintencionado”, los periodistas se arriesgan a cinco años de cárcel. El nuevo código penal, aprobado en 2019, castiga ni más ni menos que con pena de muerte a quien profiera o publique cualquier afirmación blasfema o que defienda la apostasía.

Los medios, propiedad del Estado, no tienen grandes problemas de financiación, en la medida en que se benefician directamente del maná petrolífero y gasístico, que es la base de la riqueza del país. La contrapartida de este sistema es, naturalmente, una ausencia total de independencia editorial.

Brunei Darussalam se transformó, en 2013, en el único país del sudeste asiático en aplicar la sharía en el conjunto de su territorio. La legislación, que solo se aplica a los musulmanes, prevé la flagelación por consumo de alcohol o por aborto, así como la lapidación en caso de adulterio. En ese contexto, los periodistas saben que sería altamente peligroso para ellos cuestionar estas prácticas y no tocan esos temas, excluidos del debate público.

Sin tener el menor motivo para ello, las autoridades pueden cerrar los medios de comunicación que traspasen ciertas líneas rojas y encarcelar a los periodistas, acusándolos de ser “falsos o maliciosos”. Los blogueros que quieran publicar informaciones independientes se arriesgan, por su parte, a ser demandados por difamación, incluso si borran su artículo o su video.