Solo tres grupos mediáticos tienen capacidad para emitir en la totalidad del territorio, teniendo en cuenta la deficiente infraestructura de comunicación colombiana. La radio sigue siendo el medio con mayor audiencia, pero también el de mayor precariedad económica para emprender iniciativas independientes de los grandes conglomerados mediáticos. Más de la mitad de la ciudadanía en las capitales de departamento se informa a través de medios digitales y redes sociales. Aunque existen medios de comunicación en la mayoría de los departamentos, apenas hay producción informativa local. La diversidad de fuentes de información sigue siendo insuficiente para la población.

A mediados de 2022, se produjo un cambio de gobierno que dio, por primera vez en la historia, la victoria a un gobernante de izquierda y su coalición mayoritaria. La oposición logró un importante número de representantes, lo que mantiene tanto la tensión entre las fuerzas políticas, como la polarización en el seno de la sociedad. A través de las redes sociales, el gobierno busca contrarrestar las críticas reiteradas que recibe de los grandes medios, mientras altos funcionarios han sido señalados por estigmatizar a los periodistas. Ciertos casos de vigilancia y espionaje de periodistas por parte del Estado, de años anteriores, siguen sin respuesta judicial.

La Constitución de 1991 garantiza la libertad de expresión y de información. Cada sector mediático (radio, televisión, prensa escrita) dispone de su propia jurisprudencia, pero es tal la multiplicidad de leyes, que solo generan confusión. Entre 2018 y 2022, el gobierno impulsó la reforma de leyes sobre la televisión y las tecnologías de la información en el Congreso, y trató de coartar la libertad de prensa en varias ocasiones. En cada período electoral, las autoridades limitan la difusión de informaciones sobre el “orden público” a las confirmadas por fuentes oficiales.

Una gran parte de los medios regionales están controlados por fondos públicos o empresas locales, limitando así su capacidad crítica. Los medios comunitarios, independientes y alternativos cuentan con fuentes de financiación reducidas, mientras que en el ámbito digital, los ingresos publicitarios han aumentado considerablemente, y al menos dos medios independientes viven ya de la contribución económica de sus audiencias. Los portales de noticias de pago están en auge y los medios tradicionales recurren ahora al sistema de suscripción. Tras la pandemia, algunos periódicos reanudaron sus versiones impresas, pero la escasez de proveedores de papel y la devaluación han encarecido los suministros.

Los estudios advierten de la creciente desinformación y el desapego a la actualidad por parte del público, que considera tendenciosos a los periodistas. La expansión de la conectividad en el país sigue resintiéndose del escándalo de corrupción en el Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación (Mintic). En las regiones, persisten los vínculos entre periodismo, política y negocios. Además, dirigentes nacionales y locales, así como algunas personalidades influyentes, participan en la estigmatización de los periodistas críticos.

La cobertura de temas medioambientales, como la minería o la deforestación, así como todos los relativos a conflictos armados, la reclamación de tierras, la organización comunitaria, los derechos de las comunidades étnicas o las instancias de los acuerdos de paz exponen a los periodistas a la violencia. La seguridad de los profesionales de los medios también se ve gravemente amenazada cuando cubren temas relacionados con la corrupción, la expansión de los cárteles mexicanos y las alianzas entre políticos, grupos armados y empresas. Los periodistas sufren amenazas, estigmatizaciones e incluso pierden la vida: dos periodistas fueron asesinados en 2022; uno de ellos, bajo protección del Estado.