Aunque los radiodifusores públicos desempeñan un papel importante, los medios privados tienen una gran audiencia y tres organizaciones acaparan la propiedad de todos ellos. La Australian Broadcasting Corporation (ABC) es el mayor ente público de radiodifusión, y gestiona canales de televisión, emisoras de radio y publicaciones digitales. El principal sindicato mediático del país, que representa a los periodistas, –la Media, Entertainment and Arts Alliance  (MEAA)–, lleva tiempo manifestando su preocupación por la concentración de la propiedad de los medios; una situación que se ha visto agravada por las fusiones y adquisiciones de las mayores corporaciones mediáticas. 

En los últimos años, las redacciones han sufrido los efectos negativos de la transformación digital, la reducción de costes y los despidos. 

Los dirigentes de las principales empresas de comunicación mantienen estrechos vínculos con los políticos, lo que alimenta las dudas sobre la independencia editorial de sus medios. En 2021, una comisión del Senado confirmó la existencia de una cultura del secretismo cada vez más extendida en el seno de la administración, de presiones oficiosas para evitar revelaciones sobre determinados asuntos y de intimidación a los denunciantes de corrupción (whistleblowers) bajo el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional. La independencia de la televisión pública nacional ABC está protegida por ley. Sin embargo, a menudo se señala su falta de independencia y está considerada como el medio más controlado de Australia, aunque a la vez se la cree más fiable que cualquier otro medio australiano.

Australia ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Muchos estados y territorios del país garantizan la protección de la libertad de prensa. Sin embargo, la Constitución no contiene ningún artículo explícito sobre la materia, lo cual plantea problemas crecientes, dado que algunos estados están mostrando tendencias draconianas en materia del libre ejercicio del periodismo. A escala federal, el parlamento de Canberra ha adoptado, desde 2010, varias normas problemáticas: las leyes sobre seguridad nacional, espionaje o encriptamiento de datos contienen disposiciones que permiten a las autoridades vulnerar el principio del secreto de las fuentes de los periodistas.

La Alianza de Medios de Comunicación (MEAA), que protege la libertad de prensa en el país, confirmó en 2022 que los medios regionales ya estaban en declive antes del inicio de la pandemia del Covid-19, pero que la crisis sanitaria había acelerado los cierres y las reducciones de plantilla. También señaló que la industria de los medios se había visto perjudicada por el cierre de grandes empresas del sector, conllevando la pérdida de miles de puestos de trabajo en el ámbito periodístico. El gobierno ha respondido ofreciendo un apoyo financiero limitado a los editores de periódicos locales y regionales, prometiendo respaldar la información local y los empleos en el sector.

Los casos de censura abierta son excepcionales, pero los medios reflejan ciertos sesgos, como la cultura del “mateship” -una noción de camaradería específica de la sociedad australiana- que tiende a marginar a ciertos segmentos de la sociedad, empezando por las mujeres. Los casos de sexismo o discriminaciones de género son un problema persistente. Varias comisiones del senado han revelado también, en 2021, una tendencia a la banalización del racismo en las cadenas del grupo News Corp, donde se han proferido comentarios discriminatorios que atentan abiertamente contra los australianos de origen asiático o africano, de confesión musulmana, contra las poblaciones aborígenes o los habitantes de las islas situadas al norte del continente, hacia el Estrecho de Torres.

Los periodistas australianos no sufren violencia, ni detenciones arbitrarias. La percepción que tienen de su propia seguridad no deja, sin embargo, de ser preocupante: en un estudio publicado en 2021, cerca del 90% de los consultados afirma temer “un aumento de las amenazas, el acoso o las intimidaciones”, empezando por las presiones procedentes del gobierno. De hecho, el doble registro realizado en 2019 por la policía federal al domicilio de una periodista de información política de Canberra y a la sede de la ABC  sembraron una preocupación generalizada. Aunque estas redadas no se han vuelto a producir, los periodistas siguen sintiéndose amenazados, sobre todo por las demandas por difamación o los procesos por desobediencia, los ataques en las redes sociales o la posible pérdida de sus empleos debido a la injerencia del gobierno y las empresas.