El panorama mediático de Lesoto está muy polarizado y marcado por la falta de independencia. El país cuenta con diez semanarios (nueve privados y uno público) pero sigue siendo uno de los pocos del continente sin un diario. El sector audiovisual se ha ido abriendo poco a poco desde 1997, y se compone de 26 emisoras de radio (dos de ellas públicas y seis comunitarias) y una cadena de televisión pública, creada en 1988. Los medios públicos están ampliamente controlados por el Estado o por los líderes políticos. La información en Internet es relativamente libre, pero el acceso a la red es reducido, dada la falta de infraestructuras y el coste de la conexión. 

Los periodistas padecen regularmente campañas de intimidación y resulta muy complejo investigar las actividades de los responsables políticos. Por orden de un ministro, un diario público ha sido cerrado por haber publicado en portada al líder de la oposición. La autocensura es habitual y ciertos periodistas han elegido exiliarse a Sudáfrica para evitarla. 

Lesoto despenalizó la difamación en 2018 y aprobó, en 2021, una nueva ley de medios, que mejora su marco jurídico y el acceso a la información. Sin embargo, este nuevo texto legal no deroga las numerosas normativas que se pueden utilizar para atentar contra el ejercicio del periodismo. La ley de acceso a la información, cuya primera versión data del año 2000, nunca ha sido aprobada. 

Las publicaciones y la radio, el medio predominante por sus bajos costes de distribución y la baja tasa de alfabetización, están perdiendo poco a poco su libertad de expresión y siguen dependiendo de los ingresos publicitarios de las sociedades estatales. 

Las presiones contra los periodistas se han intensificado en los últimos años, llevándolos frecuentemente a la autocensura. Son víctimas regularmente de campañas de intimidación y amenazas en redes sociales, y las agresiones no son extrañas. A finales de 2021, se produjeron una serie de ataques muy violentos por parte de la policía. En mayo de 2023, el asesinato del periodista de investigación Ralikonelo Joki a manos de hombres no identificados envió una nueva y estremecedora señal sobre la seguridad de los periodistas en el país.