El derecho a la información y la libertad de expresión están garantizados por leyes de inspiración liberal, aunque el ejercicio de la pluralidad se ve condicionado por déficits en las políticas públicas y por una elevada concentración. La influencia en todos los mercados de medios del grupo Clarín, principal actor de la industria del sector, es muy acentuada. El grupo La Nación, la cadena privada de televisión Telefe y el sitio web de noticias Infobae también son muy seguidos por el público. En ciertas provincias alejadas de Buenos Aires, la libre expresión se ve más condicionada por la connivencia de poderes económicos y políticos, lo cual potencia las amenazas. El cierre de la principal agencia de noticias, Télam, en 2024 supone un duro golpe para el derecho a la información. 

El valor de la libertad de expresión es un principio valorado por los argentinos y a él se adhiere casi todo el arco político, ya sea por convicción o conveniencia. En las últimas décadas, la confrontación política ha tenido un reflejo directo en el sector de los medios, con un empobrecimiento de la calidad de análisis e información. El fomento del odio y la violencia encuentra eco en medios de diversas tendencias. Las cuestiones sociales, económicas y políticas delicadas se mantienen fuera del debate público, y la agenda mediática está muy concentrada en las grandes ciudades, especialmente en Buenos Aires. El presidente de extrema derecha Javier Milei, elegido en 2023, alienta las agresiones a periodistas y los ataques para desacreditar a medios y reporteros críticos con su política. Sus partidarios lo difunden ampliamente.

La libertad de prensa está garantizada por la Constitución. Desde 1983, fecha del restablecimiento de la democracia, la legislación se fue desprendiendo de reminiscencias autoritarias de décadas anteriores. Los delitos de desacato, calumnias e injurias fueron eliminados del Código Penal y la reparación por informaciones falsas o difamatorias se restringe al ámbito civil, a través de indemnizaciones. El respeto a las fuentes y al secreto profesional están garantizados, pero persisten intentos de silenciamiento más sutiles, como presiones económicas y el abuso de las demandas civiles. Los avances legislativos, especialmente los dirigidos a limitar la censura, han sido escasos o nulos. El presidente Javier Milei ha anunciado su intención de cerrar o privatizar los medios de comunicación públicos y de dejar de financiar a los medios comunitarios, unas medidas que empobrecerían el ecosistema informativo.

La prensa argentina se ve afectada por las persistentes dificultades económicas de la última década, que han precarizado el empleo y los recursos. Los medios más poderosos pertenecen a un reducido grupo de conglomerados, con vínculos en las empresas de telecomunicaciones y del petróleo. Entre 2015 y 2019, casi todas las normas anti concentración y destinadas a limitar los conflictos de intereses fueron anuladas. El Estado, a través de la publicidad, las exenciones fiscales y la concesión de contratos, juega un papel opaco. Los organismos de defensa de las audiencias y control del mercado de las telecomunicaciones son altamente dependientes del poder político de turno. El sector de los medios está debilitado por la grave crisis económica que se ha agudizado en Argentina. 

Argentina es un país de contrastes, formado por la inmensa metrópolis de Buenos Aires, que concentra el 30% de la población, una veintena de ciudades medianas y extensos territorios con poca población. La pujanza cultural es notable en todo el país, aunque las posibilidades de difusión y del ejercicio del periodismo son muy dispares. La polarización política y el ascenso de una fuerza ultra, como la del presidente Milei, han exacerbado la intolerancia y la violencia virtual o real, a menudo con el apoyo de la policía. 

Desde el año 2000 no se registran encarcelamientos ni asesinatos de periodistas, y las agresiones físicas son esporádicas. Los ataques o amenazas contra periodistas o medios despiertan el rechazo de la población y de la clase política. Sin embargo, los reporteros están expuestos a ser blanco de intimidaciones por parte organizaciones delictivas (narcotráfico, trata de personas, mafias de policiales, etc) y de la violencia policial cuando cubren manifestaciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, suele apoyar a las fuerzas de seguridad sospechosas de cometer abusos contra manifestantes y periodistas.