El Estado boliviano controla numerosos diarios y ha aumentado la vigilancia sobre los medios críticos, especialmente en las redes sociales. La concentración de la propiedad de los medios privados es muy elevada y perjudica al pluralismo en el país. Los principales periódicos son El Deber y El Diario, mientras que Canal Sur es la cadena de televisión de mayor audiencia. Una de las consecuencias de los lazos que unen a los propietarios de los medios y al Estado es la autocensura.

El periodo de convulsiones y de inestabilidad política provocado por el exilio forzado del ex presidente Evo Morales, a finales de 2019, y cerrado con la elección de Luis Arce, investido en noviembre de 2020, ha estado marcado por numerosos ataques contra la prensa: intimidaciones, hostigamiento, agresiones físicas, robo de material, y censura en radio y televisión. La estigmatización se está convirtiendo en una práctica común, mediante el acoso verbal a los periodistas y ataques a su reputación.

Los periodistas, considerados como molestos, son objeto del ensañamiento judicial. En virtud del Decreto Supremo 181 de 2009, los periodistas que “mientan”, “hagan política partidista” u “ofendan al gobierno” pueden verse privados de los ingresos provenientes de la publicidad estatal. Junto a las detenciones arbitrarias y a un alto nivel de impunidad, este clima favorece significativamente la autocensura en la totalidad del país. Varios asesinatos de periodistas permanecen impunes, como es el caso de Verónica y Víctor Hugo Peñasco Layme, asesinados en 2012.

A pesar de que Bolivia tiene las mayores fuentes de recursos naturales de gas y litio de toda América Latina, el país sigue siendo el más pobre de la región. Los principales servicios se prestan a través de capital privado extranjero y la economía es en gran medida informal. Mientras los medios de comunicación vinculados al Estado disfrutan de privilegios, los independientes están sufriendo fuertes presiones económicas, particularmente a través del reparto de la publicidad institucional, que tiene consecuencias a veces desastrosas y puede llevar al cierre. En este contexto, los periodistas se enfrentan a una gran precariedad laboral.

La violencia contra los periodistas se ha expandido con las agresiones de ciudadanos bolivianos que apoyan al gobierno o a políticos. La Iglesia Católica tiene una histórica presencia en los medios y dispone de una red de influencia diversa que abarca todo el territorio nacional. 

Desde 2020, los ataques físicos contra los periodistas se han intensificado, especialmente en las zonas rurales del país. Muchas emisoras de radio y televisión se han visto obligadas a suspender su actividad y sus redacciones han sido saqueadas. Sigue impune el caso del secuestro y tortura por un grupo armado civil, en 2021, de siete periodistas de Santa Cruz de la Sierra que cubrían conflictos territoriales. Al menos 25 periodistas fueron agredidos por la policía mientras cubrían la masiva huelga de Santa Cruz, en noviembre de 2022.