Los medios nunca han sido tan reprimidos por las autoridades como después de la polémica reelección de Aleksander Lukashenko como presidente del país, en agosto de 2020. Un caso paradigmático es la web informativa más famosa de Bielorrusia, Tut.by, a la que se le ha retirado su estatus de medio de comunicación, ha sido censurada, ha sufrido registros, ha sido objeto de denuncias penales y, finalmente, ha sido etiquetada como “extremista” y prohibida, como la mayoría de medios independientes. Algunos siguen publicando desde su lugar de exilio. Solo el medio del Estado BTRC sigue funcionando con normalidad y difundiendo la propaganda del régimen.

Censura, violencia, detenciones masivas, registros coordinados en los domicilios particulares y en las redacciones, disolución de la Asociación de Periodistas Bielorrusos (BAJ)... Las autoridades practican el terrorismo de Estado para silenciar a las voces independientes, llegando hasta a desviar un vuelo comercial, en mayo de 2021, para detener al periodista opositor Roman Protasevich y forzarlo a “confesar” en la televisión pública.

Las autoridades bielorrusas han modificado las leyes para darle un barniz legal a los atentados contra la libertad de prensa. El poder judicial, sometido al gobierno, equipara el trabajo de los periodistas independientes con el "extremismo", castigado con siete años de cárcel. La mayoría de los medios independientes, así como la asociación profesional BAJ, han sido declarados oficialmente "extremistas".

La gran mayoría de los medios independientes bielorrusos prosigue su actividad desde el extranjero, si es que no han sido obligados a cesar sus publicaciones. Actualmente, estos medios están financiados principalmente por subvenciones procedentes del exterior. Antes de 2020, también se beneficiaban de ingresos publicitarios.

Bielorrusia es la quinta mayor cárcel de periodistas del mundo y destaca por el elevado número de mujeres periodistas entre rejas, como Katsiarina Andreyeva, condenada primero a dos años de cárcel, en febrero de 2021, por haber grabado una manifestación no autorizada, y posteriormente a 8 años, en 2022, por “alta traición”. También es el caso de Maryna Zolatava, redactora jefe del principal medio independiente, Tut.by.  Esta realidad marca el fin de una cierta indulgencia patriarcal, tradicional en las autoridades bielorrusas, a quienes el papel preponderante de las mujeres en los movimientos de protesta postelectorales ha pillado por sorpresa.

Cerca de 400 periodistas se han visto forzados a exiliarse, según la asociación profesional BAJ. La mayoría de los que quedan trabajan clandestinamente, están en el punto de mira de las fuerzas del orden, y son detenidos, registrados y, en ocasiones, agredidos y víctimas de malos tratos en prisión. Las secuelas psicológicas en la profesión de este hostigamiento sistemático son profundas.