Colombia: Amenazas contra periodistas de investigación se recrudecen a pesar de los esfuerzos de respuesta del gobierno
Desde septiembre de 2024, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha documentado un aumento de las amenazas contra periodistas que investigan a grupos paramilitares y al crimen organizado en Colombia. A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano por responder a los casos más urgentes, tras el compromiso asumido por el Presidente con RSF y la FLIP, los periodistas amenazados siguen temiendo por sus vidas y las de sus familias. RSF condena enérgicamente estas amenazas y pide a las autoridades colombianas que vayan más allá y tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de estos periodistas.
Los periodistas colombianos se enfrentan a amenazas recurrentes de grupos paramilitares y bandas criminales. En los últimos dos meses, periodistas de al menos cinco medios de comunicación diferentes, en todo el país, han recibido una serie de amenazas, incluso de muerte, lo que ha llevado a algunos periodistas a autocensurarse. El presidente Gustavo Petro ha recibido directamente los casos más urgentes y ha solicitado públicamente que estos periodistas sean puestos bajo protección estatal, una respuesta positiva al compromiso asumido con RSF y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en agosto de 2024. Sin embargo, mientras continúan las amenazas, muchos periodistas siguen temiendo por sus vidas.
"Se dio un paso importante cuando el presidente Petro se comprometió con RSF y la FLIP a crear un canal de alerta directa para tratar los casos críticos de violencia contra periodistas. Aunque la respuesta pública del presidente es un avance positivo, está claro que la violencia y la intimidación contra los profesionales se está extendiendo más rápidamente que las protecciones del gobierno. Ahora se necesitan medidas urgentes y contundentes para garantizar que los periodistas puedan llevar a cabo su trabajo sin temor a amenazas, acoso o violencia.
Periodistas y medios de comunicación amenazados
El 23 de octubre, RSF denunció que el periodista José Ignacio Arango, fundador de Noticias Cúcuta 75, recibió amenazas de muerte de al menos tres grupos criminales que le exigían compartir los mensajes que ellos le pedían. Hace un mes, Arango ya había solicitado apoyo a la Unidad Nacional de Protección (UNP Colombia), tras recibir amenazas debido a sus investigaciones sobre corrupción. Según el periodista, la protección ofrecida hasta ahora es insuficiente para garantizar su seguridad.
El periodista Nicolás Sánchez Arévalo, del medio digital Vorágine, cuyo trabajo investigativo se ha centrado en la relación entre empresarios y los actuales grupos narcoparamilitares del país, ha sido amenazado de muerte por una cuenta anónima de Instagram. Las amenazas, recibidas desde el 9 octubre, también afectaron a su familia, lo que el periodista considera una forma de intimidación psicológica. Debido a estas amenazas, el medio ha suspendido temporalmente las investigaciones para proteger a su equipo.
Desde 2023, William Stiven Rojas Rincón, periodista freelance que colabora con medios digitales como La Reacción Prensa, Colprensa Colombia y El Nodo Colombia, ha sido blanco de constantes amenazas de muerte por parte de las bandas criminales, motivadas por sus investigaciones sobre extorsión y el crimen organizado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor el 13 de octubre de 2023. Sin embargo, a pesar de esta intervención, el Estado colombiano no ha implementado mecanismos de protección efectivos. En septiembre de 2024, la CIDH reiteró la urgencia de que el gobierno colombiano adopte medidas concretas para salvaguardar la vida de Rojas y cumplir con sus recomendaciones.
El 20 de septiembre, el periodista Leonardo Aguilar Arias, director del medio digital Noticias Doradita Regional, denunció amenazas de muerte tras publicar una noticia sobre la captura de siete policías vinculados supuestamente a grupos narcoparamilitares.
La Revista RAYA, un medio impreso de investigación crítica, enfrenta acoso judicial constante con múltiples demandas que buscan deslegitimar su trabajo y obstaculizar la difusión de información sobre corrupción y violaciones de derechos humanos en el país. El medio ha logrado documentar y exponer casos de corrupción que involucran a autoridades locales y grupos criminales, lo que ha generado represalias y amenazas de este grupo criminal. El 19 de septiembre, la revista declaró que sigue recibiendo amenazas de la organización narcoparamilitar Clan del Golfo.
