África
Zimbabue
-
Clasificación 2024
116/ 180
Puntuación: 50,31
Indicador político
126
36.96
Indicador económico
110
40.63
Indicador legislativo
114
52.76
Indicador social
118
52.68
Indicador de seguridad
101
68.50
Clasificación 2023
126/ 180
Puntuación: 48,17
Indicador político
143
42.08
Indicador económico
135
37.58
Indicador legislativo
106
57.39
Indicador social
96
60.80
Indicador de seguridad
137
42.98

La situación de los medios en Zimbabue mejoró ligeramente desde la caída del dictador Robert Mugabe, en 2017, con un mayor acceso a la información y una menor autocensura. No obstante, desde la reelección del presidente Emmerson Mnangagwa en 2023, la represión contra la prensa ha crecido de nuevo.  

Panorama mediático

El panorama mediático de Zimbabue es el de una pluralidad creciente y esperanzadora, a pesar de que los medios controlados por el Estado siguen siendo dominantes. Las empresas estatales, Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC)Zimpapers, son los medios más importantes y cuentan con seis emisoras de radio, una cadena de televisión y diez periódicos, entre los que destaca The Herald. El diario Daily News y el semanario The Financial Gazette, ambos privados, también son muy leídos. El grupo Alpha Media Holdings (AMH) publica el diario NewsDay y el semanal The Independent. Existen cuatro webs independientes de información, de las que cabe destacar ZimliveThe Newshawks, y 14 emisoras de radio comunitarias.  

Contexto político

Aunque la llegada al poder de Emmerson Mnangagwa ha permitido que los periodistas zimbabuenses trabajen en un clima político más tranquilo, la tentación de influir en la línea editorial de los medios sigue siendo importante para las autoridades. En 2021, el director de Zimpapers pidió a sus editores que apoyaran públicamente al partido en el poder antes de las elecciones. En los períodos preelectorales, se dan numerosos casos de abusos contra la prensa. En 2023, se impidió a los periodistas locales cubrir el proceso electoral en el país, al igual que a los periodistas internacionales, a los que se denegó la acreditación. Las autoridades también imponen su sesgo en la elección de los miembros del consejo de administración de la autoridad reguladora de los medios, la   Zimbabwe Media Commission.

Marco legal

El arsenal legislativo sigue siendo extremadamente represivo con la prensa: las leyes derogadas han sido reemplazadas por otras igualmente severas. La reforma del código penal, la de la Ley de Secretos Oficiales y la nueva Ley de Ciberseguridad y Protección de Datos, siguen maniatando el libre ejercicio del periodismo. El secreto de las fuentes está protegido por la ley, pero no por los hechos. La muy esperada Ley de la Libertad de Información podría ver la luz próximamente. En junio de 2023, el partido en el poder adoptó un peligroso "proyecto de ley patriótica" que criminaliza cualquier "ataque a la soberanía y al interés nacional", amenazando así el ejercicio del periodismo.

Contexto económico

La situación económica de Zimbabue repercute en el desarrollo de los medios. El coste prohibitivo de la creación de nuevos medios desanima a los inversores, y los gastos anuales de una cadena de televisión pueden alcanzar varias decenas de miles de dólares. Esta situación permite que el Estado siga dominando el sector, con cerca del 70% de las empresas de prensa escrita y audiovisual bajo su control. Los periodistas están expuestos a los sobornos, lo que debilita su independencia.    

Contexto sociocultural

Zimbabue sigue teniendo una sociedad conservadora y ciertos temas ligados a la religión o a la práctica de determinadas creencias continúan siendo tabú, lo que lleva a los medios a autocensurarse. 

Seguridad

A pesar de que los niveles de violencia contra los periodistas han descendido considerablemente bajo la administración Mnangagwa, la inseguridad sigue siendo alarmante. La autocensura es un acto reflejo para evitar las represalias y la policía hace regularmente un uso desproporcionado de la fuerza. Los actos de intimidación, los ataques verbales, las amenazas (especialmente en redes sociales) y la confiscación de material siguen siendo prácticas habituales. Los casos de encarcelamiento o condena de periodistas son menos frecuentes, con la notable excepción del periodista de investigación Hopewell Chin’ono, que permaneció encarcelado durante casi un mes y medio, en 2020. La vigilancia de los periodistas a través de escuchas telefónicas también es habitual.