Un tribunal de apelación federal suspende in extremis las sanciones económicas a la periodista Toni Locy, condenada por negarse a facilitar sus fuentes

El 11 de marzo de 2008, un tribunal de apelación del distrito de Columbia suspendió la aplicación de la condena impuesta, cuatro días antes, a Toni Locy, ex periodista del diario USA Today. Acusada de “desacato al tribunal” por negarse a facilitar los nombres de sus fuentes en dos artículos que publicó en 2003 sobre un caso de terrorismo -conocido como el caso del ántrax-, la periodista fue condenada a pagar una multa que podría alcanzar los 5.000 dólares por día, hasta el 3 de abril, fecha en que debería dictarse una eventual condena de cárcel. Entre otras cosas, la decisión del juez federal Reggie Walton obligaba a la periodista a pagar ella misma la totalidad de la suma, prohibiéndole cualquier tipo de apoyo económico para hacerla efectiva. Toni Locy presentó el 10 de marzo un recurso de urgencia. La sanción debía entrar en vigor al día siguiente. “Evidentemente, nos sentimos aliviados por la decisión que, sin embargo, se limita a una suspensión de la pena y no invalida, en el fondo, la condena del juez Walton a Toni Locy. Más allá del caso personal de esta periodista, lo que está en causa es la posibilidad de que toda la profesión pueda proteger sus fuentes a nivel federal. Por eso, apelamos una vez más a que el Senado vote rápidamente la “ley escudo”, que ya aprobó la Cámara de Representantes el 16 de octubre de 2007, concediendo ese derecho a los periodistas”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. _______________________________ 11.03.08 - Reporteros sin Fronteras condena el ensañamiento judicial con una periodista obligada a facilitar sus fuentes Reporteros sin Fronteras se subleva contra la decisión, adoptada el 7 de marzo de 2008 por un juez federal, de multar a Toni Locy, ex periodista de USA Today, con hasta 5.000 dólares diarios si persiste en mantener el secreto de las fuentes utilizadas en una investigación publicada en 2003 sobre un ex científico del ejército, considerado sospechoso en el caso llamado del ántrax. El juez Reggie Walton ha prohibido al ex empresario de la periodista, así como a su familia, que paguen la multa en su lugar, y Toni Locy podría ir a la cárcel a partir del próximo 3 de abril. La organización pide al Senado que apruebe rápidamente la “ley escudo” que garantiza el secreto de las fuentes a nivel federal, y que ya aprobó la Cámara de Representantes el 16 de octubre de 2007. “Desgraciadamente, la obligación impuesta, por la justicia federal, a un periodista de facilitar sus fuentes, no es ninguna novedad en Estados Unidos, y algunos de sus colegas han pasado por la cárcel por negarse a hacerlo. Por eso es urgente que el Senado debata y vote rápidamente la “ley escudo”, reconociendo a los periodistas el derecho a mantener en secreto los nombres de sus informadores. Más allá, nos sentimos indignados por el procedimiento utilizado por el juez Reggie Walton para intentar imponer su decisión a Toni Locy. Prohibir que la periodista pueda contar con la ayuda de su familia, o de sus antiguos patrones, es ensañarse con ella”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. El 7 de marzo de 2008, el juez federal de Washington Reggie Walton confirmó una primera condena, dictada el pasado 19 de febrero, contra Toni Locy por “desacato al Tribunal”, obligando a la periodista a pagar diariamente una multa que puede alcanzar los 5.000 dólares mientras no facilite los nombres de sus fuentes confidenciales, en relación con el caso del ántrax. Además, el juez federal ha prohibido que nadie preste ayuda económica a Toni Locy y ha amenazado con enviar a la cárcel a la ex redactora del diario USA Today, a partir del 3 de abril, si la presión de la multa no resulta suficiente. El pago de la multa debe hacerse efectivo el 11 de marzo de 2008 a media noche (hora de Washington). Toni Locy ha presentado un recurso de urgencia el 10 de marzo. Sobre la base de informaciones conseguidas en fuentes gubernamentales, Toni Locy y otros colegas de diferentes medios hicieron pública, en 2003, la identidad de Steven Hatfill entre las personas sospechosas en los atentados con paquetes infectados de ántrax, que mataron a cinco personas en 2001. Ex científico del ejército, Steven Hatfill emprendió diligencias contra el Departamento de Justicia por “violación de la ley federal de protección de datos personales”. En el marco de ese procedimiento, el 13 de agosto de 2007, el juez Walton conminó a cinco periodistas - Allan Lengel, del Washington Post, Michael Isikoff y Daniel Klaidman, de Newsweek; James Stewart, de CBS News, Brian Ross, de ABC y Toni Locy - a dar los nombres de los funcionarios gubernamentales que estaban en el origen de la filtración. Toni Locy facilitó los nombres de dos de sus fuentes, con su consentimiento. James Stewart, que se negó a revelar la identidad de otras fuentes, también podría ser condenado por “desacato al Tribunal”. Solo si el Senado aprueba la ley de libre circulación de la información (“Free Flow of Information Act”), reconociendo a los periodistas la protección de sus fuentes a nivel federal, podría quedar sin efecto la decisión del juez Walton. El texto, que ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes y el Comité Judicial del Senado, espera ser votado en sesión plenaria en la Cámara Alta. El 7 de marzo de 2008, el senador Patrick Leahy (D-Vermont), presidente del Comité judicial, y su compañero Arlen Specter (R-Pensilvania), dirigieron una carta a los jefes de fila de los dos grandes partidos, pidiendo una votación rápida de la “ley escudo” federal. El privilegio del secreto de las fuentes se les reconoce a los periodistas en treinta y dos Estados de la Unión, y en el Distrito de Columbia.