Se repiten las agresiones y amenazas de muerte a la prensa : Reporteros sin Fronteras hace un llamamiento a la Ministra del Interior

Ante el incremento de las agresiones, y amenazas de muerte a periodistas, de las que frecuentemente son responsables algunos cargos políticos o funcionarios, el 22 de febrero de 2007 Reporteros sin Fronteras ha hecho un llamamiento solemne a la Ministra del Interior, para que se ponga fin a esa brutalidad, por medio de sanciones. “Con una quincena de casos de agresiones y amenazas de muerte a periodistas, una vez más Perú se sitúa en primera fila del continente, en lo que se refiere a este tipo de agresiones a la prensa. Estos hechos consumados resultan tanto más chocantes porque la mayoría de las veces proceden de cargos políticos, funcionarios e incluso policías, destinados a vigilar el respeto de la ley. En estas condiciones no resulta sorprendente que las denuncias de las víctimas nunca lleguen a ninguna parte. Por eso esperamos que la Ministra del Interior, Pilar Mazzetti Soler, adopte medidas disciplinarias, además de sanciones penales, contra los autores de tales actuaciones”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. El 19 de febrero de 2007, Aldo Meza Torres, de Radio Calor, fue advertido en antena de que, si continuaba denunciando irregularidades administrativas y abusos de poder en la policía de Casma (Oeste), sufriría las represalias. En julio de 2006, Aldo Meza Torres ya fue amenazado y agredido, por los mismos motivos, por el comisario Marino Jiménez Carrera, jefe de la policía de Casma. El 15 de febrero durante una entrevista, Efraín Chunga Lovón, presentador de un programa en la emisora local Radio Salcantay, fue víctima de una agresión física de Víctor del Castillo Alarcón, ex alcalde del distrito de Santiago, en Cusco (Sudeste), del que había denunciado la gestión. Víctima de una paliza en la calle tres días más tarde, en el departamento de Tacna (Sur), Nicolás Palza Velarde, de Radio Caplina, reconoció entre sus agresores a un antiguo candidato a las elecciones municipales, Toribio Urure Robles, según ha contado la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP). El 12 de febrero en Huaraz (Oeste), Edwin Ocrospoma Reynaga, del canal AMR Televisión, recibió amenazas de muerte por teléfono. Según la organización de defensa de la libertad de prensa Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el periodista atribuye las amenazas a que ha implicado en casos de corrupción a la policía municipal y a la organización Frente para la defensa de los intereses de Huaraz, una organización civil. También Hugo Gonzáles Henestroza, del diario Ya, fue amenazado de muerte el 6 de febrero por el secretario del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de Ancash (Oeste), Abelardo Cabello Tinoco. El periodista había revelado un caso de tráfico de influencia, en el que está implicado éste último. El 26 de enero, Antonio Asalde Lluen, director del diario regional El Guerrero en Casma, fue amenazado de muerte en plena calle por Yucata Cadota, concejal de la alcaldía de la ciudad. Las amenazas iban también dirigidas a la familia del periodista. Antonio Asalde Lluen había denunciado recientemente en sus artículos el nombramiento del funcionario, a pesar de que presuntamente le faltaban la calificación requerida. Elizabeth Salinas, presentadora del programa radiofónico “Satélite Noticias”, y Cinthia Florez, fotógrafa de la revista Cono Este, fueron agredidas y amenazadas de muerte por los funcionarios municipales José Luis Zafra y Mazzi Soto, el 20 de enero en Chosica (este de Lima). Los agresores ordenaron a sus víctimas que dejaran de investigar un caso de corrupción, en el que está implicado el alcalde de la ciudad. Las dos periodistas venían siendo acosadas desde octubre de 2006. Finalmente, el 1 de enero en Chimbote (Oeste), forzaron la casa de la periodista independiente Marilú Gambini Lostanau. Los malhechores regresaron al día siguiente. En total, a la periodista, que se encuentra en el exilio desde abril de 2006 por haber investigado casos de narcotráfico (cf. comunicado del 12 de abril de 2006), le han forzado el domicilio cuatro veces en dos años. El pasado 1 de enero, el guardián de la residencia, Jorge Vega, quiso presentar una denuncia en la policía, que se negó a recibirla argumentando que no es el propietario. Al día siguiente, dos desconocidos amenazaron de muerte a Jorge Vega.