RSF pide al gobierno peruano que actúe contra la violencia ejercida sobre los periodistas que cubren la crisis política
Según balance de Reporteros Sin Fronteras (RSF), veintinueve periodistas han sido agredidos, once de ellos por la policía, desde el comienzo de las protestas que exigen la dimisión de la presidenta Dina Boluarte en Perú. RSF condena la obstrucción de las autoridades a la cobertura mediática de las protestas.
Las protestas, que comenzaron pocos días después de la destitución del ex presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, culminaron el 19 de enero con una concentración de miles de sus partidarios venidos de los Andes hasta la capital, Lima, en los últimos días. Desde el comienzo de la oleada de protestas, al menos 44 civiles han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que han dejado centenares de heridos, y 29 periodistas han sido agredidos.
De los 29 casos de violencia contra periodistas que cubrían los enfrentamientos en Lima y en el sur del país, al menos once identificaron a sus agresores como agentes del orden. Aldair Mejía, fotógrafo de la agencia EFE, recibió un disparo en la pierna el 7 de enero en la ciudad de Juliaca, fronteriza con Bolivia, mientras cubría una manifestación. Mejía confirmó a RSF que había sido amenazado de muerte por un agente de policía horas antes del incidente por tomar fotos de la detención de un manifestante. La policía peruana no ha respondido a las solicitudes de los periodistas desde que la sangrienta represión se cobró sus primeras víctimas. El 19 de enero, la fotógrafa de Associated Press Alejandra Elías fue agredida por agentes de policía cerca del aeropuerto de Cuzco. La amenazaron mientras tomaba fotos de cómo agredían a un transeúnte.
"Desde la destitución de Pedro Castillo, el quinto presidente desde 2016, Perú está sumido en una crisis política cuyo saldo humano se agrava día a día. En la mayoría de los casos, los periodistas informan de que los agentes de policía han obstruido deliberadamente los lentes de sus cámaras, han intentado destruir sus equipos o les han pedido que se marcharan, mostrando claramente un deseo de ocultar la represión de las protestas".
“El estado de excepción no puede significar un cheque en blanco para las fuerzas del orden. El gobierno de Dina Boluarte no puede permitir que impidan a los periodistas cubrir los enfrentamientos, y debe garantizar su integridad física".
La destitución de Castillo y la vuelta al poder de las élites tradicionales son contestadas sobre todo en el sur andino, de donde el ex presidente es originario y donde se concentra la violencia, incluida la ejercida sobre los periodistas. Los medios de comunicación conservadores, que han recurrido a la desinformación en los últimos años, retransmiten la versión del nuevo gobierno, que atribuye la violencia a terroristas financiados con fondos ilegales, e ignora la represión policial.
Estos abusos de algunos medios de comunicación ponen en peligro a los periodistas, porque alimentan la hostilidad de los manifestantes hacia ellos, lo que provocó violentas agresiones en Lima el 19 de enero. En un comunicado, el Colegio de Periodistas de Perú criticó la actuación de la policía el jueves 19 de enero en la capital, por impedir el paso a los profesionales de los medios de comunicación en un momento de enfrentamiento con los manifestantes.
Perú ocupa actualmente el puesto 77 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF.
