RSF, FLIP y APIC denuncian graves hechos de violencia en contra del fotógrafo Andrés Cardona por fuerzas de seguridad y exigen al Estado colombiano investigación y reparación por los daños sufridos

El pasado 28 de julio, Andrés Cardona recibió un disparo directo de un gas lacrimógeno por parte de agentes del Esmad mientras cubría las manifestaciones en la localidad de Usme, Bogotá, una ciudad en la que ya se superan las 80 víctimas, a pesar de haber iniciado diálogos con la Alcaldía y miembros de la Policía para desescalar la violencia contra los comunicadores.

Para el periodista y fotógrafo de medios internacionales las lesiones han tenido un impacto severo en su integridad y capacidad laboral. Esta no es la primera vez que el periodista es atacado por miembros de la Policía Nacional en medio del cubrimiento de protestas, la FLIP y RSF tienen documentadas dos agresiones físicas más: en una de ellas también tuvo que recibir atención médica luego que un uniformado le pegara con el arma de dotación en la cabeza. En todas las situaciones el periodista se encontraba identificado como prensa con carnet, chaleco y casco.

Estos ataques se suman a la difícil situación de seguridad que ha tenido que enfrentar el periodista desde hace varios años; Cardona ha recibido amenazas, ha sido perfilado ilegalmente y ha tenido que desplazarse de su territorio para proteger su vida. Hasta el momento no hay una respuesta eficiente y oportuna por parte del Estado para garantizar su seguridad y el desarrollo de su labor periodística.   

La FLIP, APIC y RSF expresamos nuestro rechazo categórico al sostenimiento de la violencia contra la prensa por parte de la fuerza pública en contravía de la obligación de garantizar las condiciones de seguridad para el cubrimiento y así la libertad de información en el país.  Exigimos al Estado colombiano que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que la Fiscalía y la Policía Nacional adelanten sin dilaciones la investigación imparcial, que obedezca a los estándares mínimos de investigación de crímenes contra la prensa. Los responsables deben ser sancionados y el Estado debe garantizar la reparación de los daños causados al fotógrafo. 

Reiteramos la alerta sobre la precaria garantía de seguridad, por parte del Estado colombiano, a los periodistas que cubren protestas sociales. En particular es inexplicable que con los desmedidos niveles de violencia (sin precedentes) no actúe para detener los abusos de la fuerza dirigidos contra la prensa en estos escenarios. Desde el 28 de abril, la FLIP, con el apoyo RSF, ha documentado 314 agresiones - 62.5% de los casos son atribuidos a fuerza pública- y 388 víctimas.

El caso de Cardona es uno entre los 114 casos donde los periodistas han sido agredidos físicamente por integrantes de fuerza pública durante el cubrimiento en tan solo 3 meses. El uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones ha tenido como víctima diferenciada a la prensa, una problemática ignorada por las autoridades, cuyo silencio e inacción cómplice encubre la responsabilidad de la fuerza pública. 

Ante el sostenimiento de esta grave situación, en todo el país, donde las autoridades garantes de las condiciones para ejercer la libertad de prensa se apartan de manera recurrente de su rol y se han convertido en el principal agresor contra la prensa, cuando no se adoptan medidas estructurales para el cese definitivo de esta violencia, resulta imperativo y urgente que organismos internacionales continúen sus denuncias e insistan en exigir al Estado Colombiano cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

En particular, interpelamos a la comunidad internacional para que se dé respuesta a la comunicación que FLIP y RSF remitieron desde mayo de 2021 alertando sobre esta situación al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Secretario General de las Naciones Unidas , así como al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Interamericanos (OEA) y a la Unesco