Reporteros Sin Fronteras hace una llamada a los candidatos a las elecciones legislativas del 28 de enero, para que se comprometan a respetar la libertad de prensa

El 21 de enero, dos fotógrafos palestinos que trabajan para agencias internacionales de prensa, fueron golpeados y amenazados de muerte por unos guardias fronterizos israelíes, en Naplusa. El mismo día, un periodista del diario Haaretz era interrogado por una comisión especial, como consecuencias de sus revelaciones acerca de un préstamo de 1,5 millones de dólares, concedido al Primer Ministro israelí saliente, Ariel Sharon. Reporteros Sin Fronteras viene denunciando, desde hace muchos meses, los atentados a la libertad de prensa en los Territorios ocupados, donde los periodistas son víctimas del uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, por parte del ejército israelí. Es imposible llevar la cuenta de los periodistas palestinos y extranjeros que han sido maltratados, insultados, tomados como blanco y acosados. "Cuando se esperan los resultados de la investigación del procurador, Elyakim Rubinstein, sobre las sospechas de corrupción en el gobierno, éste parece que prefiere ejercer presiones sobre la prensa. El interrogatorio del periodista de Haaretz constituye una gran deriva", manifestó Robert Ménard, secretario general de Reporteros Sin Fronteras. El 21 de enero por la tarde, una comisión de investigación nombrada por el Ministerio de Justicia, interrogó a Baruch Kra, periodista del diario Haaretz, que había revelado la apertura de una investigación sobre un préstamo concedido a Sharon, por un hombre de negocios sudafricano. El periodista se negó a revelar sus fuentes. Al mismo tiempo, Liora Glatt Berkovich, un procurador de Tel Aviv, confesó que fue él quien se lo dijo. "El periodista incriminado fue interrogado, no para que revelara quien era la fuente de sus informaciones, sino porque es sospechoso "de obstrucción a la investigación", indicó un comunicado del Ministerio de Justicia. El 7 de enero, Haaretz reveló que Ariel Sharon, y sus hijos Omri y Gilad, eran sospechosos de corrupción, fraude y abuso de confianza, en relación con la concesión de un préstamo de 1,5 millones de dólares al Primer Ministro por uno de sus amigos, Cyril Kern, hombre de negocios sudafricano. Según Moshe Negbi, experto jurídico, este interrogatorio de un periodista es un "hecho sin precedentes". "Las sospechas de trabas a la justicia carecen totalmente de fundamento", añadió. En 1987, el Tribunal Supremo israelí declaró que la policía no puede forzar a los periodistas a revelar sus fuentes, salvo en circunstancias excepcionales.