Reporteros sin Fronteras espera explicaciones de las autoridades del Estado de Guerrero, acusadas de haber fallado en las investigaciones de los asesinatos de dos periodistas

Reporteros sin Fronteras espera explicaciones de las autoridades gubernamentales y judiciales del Estado de Guerrero (Sudeste), una vez que se han hecho públicos los abrumadores informes relativos a las investigaciones de los asesinatos, en ese Estado, de Amado Ramírez y Misael Tamayo Hernández. Al primero, corresponsal del canal nacional privado Televisa en Acapulco, le mataron en esa ciudad el 6 de abril de 2007. El segundo, director del diario regional El Despertar de la Costa, apareció sin vida el 10 de noviembre de 2006, en habitación de un motel situado a la salida del municipio de Ixtapa Zihuatanejo. Los documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dan cuenta de increíbles irregularidades en la forma de llevar a cabo las investigaciones. “Las autoridades del Estado de Guerrero deberían estar interesadas en responder cuanto antes a las solicitudes y recomendaciones de la CNDH. En el mejor de los casos, el Ministerio Público y la policía de Guerrero son culpables de laxismo e incompetencia. En el peor, de obstaculizar deliberadamente a la justicia, a la que deberían servir y representar. ¿Estaban las autoridades al corriente de las amenazas que pesaban sobre la vida de los periodistas? ¿Por qué entonces ignoran las posibles relaciones entre los asesinatos y la profesión de las víctimas? ¿Tienen algo que ocultar que los periodistas hubieran descubierto o sabido, en una región donde causan estragos el narcotráfico y el crimen organizado? Las investigaciones administrativas, recomendadas por la CNDH no son suficientes. La justicia federal debe tomar el relevo en la instrucción de ambos casos”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. En su informe del 14 de enero de 2008 relativo al caso de Amado Ramírez, la CNDH constata que se ha ignorado la pista profesional, cuando el periodista había recibido amenazas antes de su muerte. El Ministerio Público del Estado de Guerrero ha optado por la pista personal, y habla de una venganza provocada por una relación adúltera de la víctima. Los informes de la autopsia, y las declaraciones de algunos testigos del asesinato han sido “manipulados”, según la CNDH. Más grave aun, Leonel Bustos Muñoz y Genaro Vázquez Durán, los dos sospechosos detenidos el 10 de abril de 2007, cuatro días después de los hechos, han sufrido “tortura física y psicológica” destinada a conseguir que confesaran. El 2 de junio, la policía puso en libertad a Leonel Bustos Muñoz, pero mantuvo en la cárcel a Genaro Vázquez Durán a pesar de que el 14 de noviembre le había exculpado Salvador Cabrera, uno de los testigos del crimen que, por otra parte, se ha quejado de presiones de los funcionarios de la fiscalía. En sus recomendaciones, la CNDH ha pedido la apertura de una investigación administrativa, en relación con los cinco agentes del Ministerio Público y los efectivos de la policía ministerial movilizados en este caso. El informe de la CNDH sobre el caso de Misael Tamayo Hernández, hecho público el 30 de diciembre de 2007, concluye que la investigación se ha efectuado de manera “irregular” y “deficiente”. La policía sigue sin interrogar a las persona cercanas a la víctima, y sin analizar algunos indicios, como las llamadas telefónicas efectuadas por el periodista justo antes de su desaparición - en una carretera que une los Estados de Guerrero y Michoacán -, o los pagos efectuados con su tarjeta de crédito después de su muerte. También en este caso, la CNDH recomienda que se efectúe una investigación interna en el Ministerio Público, y en la policía.