Proceso de los presuntos asesinos del periodista Jaime Garzón

Cuando se celebra, en estos días 11 y 12 de diciembre, una nueva audiencia del proceso de los presuntos asesinos del periodista y humorista Jaime Garzón (foto), Reporteros Sin Fronteras, la Red Damoclès, brazo judicial de Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), organización latinoamericana de defensa de la libertad de prensa con sede en Lima (Perú), y la Fundación para la Libertad de prensa (FLIP), organización colombiana de defensa de la libertad de prensa, han dirigido una carta al Fiscal General de la Nación para pedir la apertura de una nueva investigación sobre el asesinato del periodista. Las cuatro organizaciones justifican su petición en el hecho de que "los investigadores no exploraron debidamente algunas pistas que podrían explicar el asesinato de Jaime Garzón". Las cuatro organizaciones han pedido que la nueva investigación se ponga en manos de otro fiscal, "habida cuenta de las dudas que hoy pesan sobre la seriedad del trabajo realizado por el primero". En una segunda carta, dirigida al presidente del Tribunal Superior del Districto Judicial de Bogotá, instancia superior al juez Julio Roberto Ballén Silva, que es quien actualmente preside las audiencias, las cuatro organizaciones apelan la decisión de éste de no decretar la nulidad del proceso. "La postura del juez es absurda: por una parte reconoce que la investigación es incompleta, y debe volverse a abrir; por otra, no toma esa decisión, cuando es él quien tiene poder para hacerlo", denuncian las organizaciones que han pedido al presidente del Tribunal Superior del Districto Judicial de Bogotá que dicte la nulidad del proceso, y la apertura de una nueva investigación. Por otra parte, Reporteros Sin fronteras y la Red Damoclès informan que el 9 de diciembre, el juez Julio Roberto Ballén Silva aceptó que se constituyeran en parte civil en el caso. No se han explorado todas las pistas En la audiencia del 8 de noviembre de 2002, el juez Ballén Silva estableció que la Fiscalía no había investigado debidamente sobre algunas pistas susceptibles de explicar el asesinato del periodista y humorista. Sobre esta base, pidió al Fiscal General de la Nación que se abriera una nueva investigación sobre el homicidio. De esta forma, el juez daba la razón a la defensa de los acusados y a la familia de la víctima, que desde hace varios meses viene denunciando las lagunas que existen en la investigación. Sin embargo, el magistrado no ha adoptado la decisión de anular el proceso y ordenar la apertura de una nueva investigación, a pesar de que tiene poder para hacerlo, y de que lo reclama el conjunto de abogados que toman parte en el proceso y que ha apelado la decisión del juez, ante el Tribunal Superior del Districto Judicial de Bogotá, instancia superior al juez Ballén Silva. Varias informaciones publicadas en la prensa colombiana hacen mención de algunos testimonios que implicaban a militares, y que fueron descartados por los investigadores. Según esas informaciones, algunos sectores del Ejército se habrían puesto de acuerdo con Carlos Castaño, el jefe de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), para eliminar a Jaime Garzón, cuyo asesinato habría sido ejecutado por La Terraza, una banda de asesinos a sueldo, que asola Medellín. Una investigación independiente, efectuada por Reporteros Sin Fronteras y la Red Damoclès, publicada el 24 de octubre de 2002, demuestra que, al parecer, los investigadores fueron víctimas de una manipulación por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio de inteligencia que depende de la autoridad del presidente de la República. La investigación independiente revela que serían falsos cuatro de los testimonios de cargo, proporcionados por el DAS a los investigadores. Entre esos testigos, la más importante, María Amparo Arroyave Mantilla, desapareció después de que los acusados y el abogado de la familia denunciaran las contradicciones de su testimonio; otro, Wilson Llano Caballero, informador del DAS, se encuentra actualmente detenido por "extorsión"; un tercero, Wilson Raúl Ramírez Muñoz, se ha desdicho de sus declaraciones afirmando que tanto él como Maribel Pérez Jiménez, la cuarta testigo de cargo, recibieron presiones para que prestaran falso testimonio. Recordatorio de las principales etapas del procedimiento La investigación sobre el asesinato del periodista Jaime Garzón -ocurrido el 13 de agosto de 1999- se cerró el 2 de enero de 2002. El fiscal encargado del caso, Eduardo Meza, estableció que se trataba de un asesinato encargado por Carlos Castaño. Siempre según sus conclusiones, Juan Pablo Ortiz Agudelo sería el autor de los disparos y Edilberto Antonio Sierra Ayala el conductor de la moto. Ambos fueron detenidos en enero de 2000 y septiembre de 2001, respectivamente. En junio de 2000 se dictó una orden de detención contra Carlos Castaño. El móvil del asesinato sería la participación de Jaime Garzón en algunas negociaciones destinadas a conseguir la liberación de personas secuestradas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El jefe de los paramilitares acusaba al periodista de haber hecho el juego a la guerrilla, y también de haber cobrado dinero a cambio de sus servicios. Tras el cierre de la investigación, el caso se puso en manos del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que se declaró incompetente el pasado 16 de septiembre, alegando que el asesinato del periodista no constituía ni un acto de terrorismo, ni un acto motivado por la calidad de periodista de la víctima. El caso se transfirió entonces a un tribunal ordinario que, considerando que se trataba claramente de un acto de terrorismo, posteriormente también se declaró incompetente. El 23 de octubre, la Corte Suprema decidió que el caso debía ponerse en manos de una sala especial. Los pasados días 8 y 20 de noviembre se celebraron dos audiencias, ante la Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, bajo la autoridad del juez Julio Roberto Ballén Silva.