La censura de prensa tunecina Un caso de libro desde hace veinte años

El 7 de noviembre de 2007, el presidente Zine el-Abidine Ben Alí celebrará el veinte aniversario al frente de Túnez. Los periódicos cercanos al poder, que representan la inmensa mayoría del paisaje mediático tunecino, elogian, como es de rigor, el balance del “presidente del cambio”. La prensa local no se ocupa más que del desarrollo económico y social, omitiendo hablar de las cuestiones de las libertades cívicas y los derechos humanos, burlados desde hace veinte años. Con la excusa de que es “un escudo frente a la amenaza islamista”, el presidente Ben Alí disfruta de los favores de la mayor parte de los países occidentales. Como ocurre en la Unión Europea, cuyo acuerdo de asociación con Túnez, firmado en 1995, está muy lejos de imponerle las obligaciones en materia de derechos humanos que se incluyeron en los firmados con los países de la zona Africa-Caribe-Pacífico. Si bien los primeros años de su llegada al poder fueron sinónimo de “descrispación”, el presidente Ben Alí intentó muy pronto hacerse con la información. Al comienzo de los años 90, y más particularmente cuando la primera guerra del Golfo, en Túnez fue el momento del final del pluralismo y la libertad de expresión. Uno tras otro se cerraron los periódicos independientes, muy activos al final de la presidencia de Habib Burguiba. En veinte años, el presidente Zine el-Abidine Ben Alí ha colocado bajo custodia todos los contrapoderes, empezando por la prensa y la justicia. A lo largo de ese período, al menos 48 publicaciones se han visto afectadas por medidas de censura (embargos, suspensiones, cierres, etc.), la mitad de ellas en los seis primeros años de su mandato. En todos estos años el presidente Ben Alí no ha cesado de silenciar las voces disidentes, tanto en la prensa como en la sociedad civil. Entre seducción, intimidación y represión, el poder ha acaparado los principales espacios informativos, que hoy están gestionados directamente por el Estado, o por personas cercanas al régimen. Al acercarse este vigésimo aniversario, algunos opositores han comenzado una huelga de hambre; una más en defensa de la libertad de expresión. En 2000 fue el periodista Taoufik Ben Brik, en 2002 la abogada Radhia Nasraoui, en 2003 el periodista Hamadi Jebali, en 2005 los periodistas Abdallah Zouari y Lotfi Ají y el abogado Mohammed Abbou, y en 2006 el periodista Slim Boukhdir, por citar solamente a algunos de los que han recurrido a este método para hacer hcerse oír por la comunidad internacional. El 20 de septiembre de 2007 fue el turno de Maya Jribi, secretario general del Partido Democrático Progresista (PDP), y de Mohamed Néjib Chebbi, director del semanario Al-Maoukif, órgano del partido, quienes iniciaron un ayuno para protestar por un procedimiento judicial encaminado a expulsarles de sus locales de Túnez. El partido de la oposición acusó al gobierno de haber empujado al propietario del lugar a romper el contrato de alquiler, con el pretexto de que se hacía un “uso abusivo de los locales”. Al cabo de treinta días ambos opositores pusieron fin a la huelga de hambre tras llegar a un acuerdo con el propietario, como resultado de la intervención de las autoridades. Un falso aspecto de pluralismo Al-Maoukif (El punto de vista) seguirá por tanto publicándose, de momento. Este semanario en lengua árabe distribuye 10.000 ejemplares, dos veces más que hace dos años. El crecimiento se ha producido a pesar de los numerosos obstáculos. El periódico no recibe ninguna subvención pública. Por otra parte sufre el boicot del conjunto de los anunciantes privados salvo uno, que también se encuentra en conflicto con las autoridades. “Nuestros problemas no son sólo de orden económico”, ha explicado a Reporteros sin Fronteras su redactor jefe, Rachid Khechana. “Tenemos mucha dificultad para acceder a la información. Los cargos oficiales se niegan a responder a nuestras preguntas, o a recibirnos. Por eso, necesitamos encontrar otros canales informativos”. Siempre según el redactor jefe de Al-Maouikif, “los impresores y difusores de la prensa independiente sufren enormes presiones -fiscales, por ejemplo-, lo que a veces les obliga a distribuir el periódico con 48 horas de retraso”. Otras dos publicaciones pertenecientes a partidos de la oposición -el semanario Mouwatinoum y el mensual Attariq Aljadid -se enfrentan a los mismos problemas. El Foro Democrático para el Trabajo y las Libertades (FDTL) creó el semanario Mouwatinoum (Ciudadanos) en enero de 2007 tras conseguir, algo enormemente raro, autorización en menos de seis meses. Sin embargo, Mustafá Ben Jaafar, director de la publicación, ha dicho a Reporteros sin Fronteras que el periódico sufre una auténtica discriminación al nivel de la distribución. “Son muy pocos los kioskos que lo exponen. Mouwatinoum se ha vuelto invisible, por la voluntad de las autoridades y el miedo de los vendedores”, ha asegurado. Naturalmente, todas esas trabas tienen consecuencias económicas para el periódico, que ya ha reducido la difusión de 5.000 a 3.000 ejemplares. Estos periódicos de los partidos no están al margen de la censura, y a veces son objeto de embargos no oficiales. “Puede ocurrir que unos policías confisquen un número en todos los kioskos, sin avisarnos y sin darnos ningún motivo”, ha explicado Mustafá Ben Jaafar. Siguen faltando cruelmente publicaciones independientes. Nunca han obtenido respuesta un buen número de peticiones de creación de nuevas cabeceras. Desde 1999, Sihem Bensedrine ha presentado en el Ministerio del Interior cuatro declaraciones para el registro y la publicación del semanario bilingüe Kalima. Cada una de las veces, las autoridades se han negado a entregarle el recibo, que es imprescindible para que un impresor meta en prensa el periódico. En el país no se puede acceder al sitio de Internet del periódico, lo que obliga a la redacción a difundirlo en forma de newsletter, enviada por correo electrónico. En conjunto, el resto de la prensa privada adopta una línea editorial progubernamental, teñida de proselitismo. Se ha convertido en el principal soporte de los ataques orquestados contra los opositores del régimen, tanto si se trata de periodistas como de huelguistas, intelectuales o políticos. Los periodistas de esas redacciones, como los que trabajan en los medios públicos de comunicación, tienen la consigna de no tratar más que las informaciones procedentes de la agencia oficial Tunis Afrique Presse (TAP), controlada por el Ministerio del Interior. Según confiesa la Asociación de Periodistas Tunecinos (AJT), “los temas que está permitido cubrir son los que aparecen en las previsiones de la TAP, y en la mayoría de los casos se trata de actividades oficiales. No es bien acogida ninguna otra iniciativa suplementaria”. Los periodistas de la prensa oficial -los dos periódicos gubernamentales La Presse y El-Sahafa y los dos órganos del RCD (partido del presidente Ben Alí), Le Renouveau y Houria- no disponen de margen de maniobra y se atienen rigurosamente a la directiva. Cumplen perfectamente con el papel de herramienta de propaganda. Un ejemplo perfecto de ese estereotipado lenguaje: “En este 20 aniversario del Cambio que los tunecinos, de todas las categorías y de todas las edades, tienen el orgullo de celebrar, se suceden los dividendos del recorrido económico, político y social iniciado y promovido por el Presidente Ben Alí, para confortarnos en la convicción de que la experiencia tunecina en materia de desarrollo representa, y muy bien, un ejemplo a seguir”, podía leerse el 4 de noviembre de 2007 en las páginas de La Presse, primer diario tunecino en lengua francesa. El sector audiovisual es aun más uniforme. Las televisiones estatales (Canal 7 y Canal 21) solo emiten informaciones favorables a la política gubernamental. Existen algunas televisiones y radios privadas, pero todas ellas pertenecen a personalidades cercanas al poder. A título de ejemplo, el Ministro de Asuntos Exteriores es el mayor accionista de Mosaïque FM, mientras que Hannibal TV, inaugurada un 7 de noviembre, es propiedad de un familiar de la mujer del presidente tunecino. Un único canal privado de televisión -Al-Hiwar Attounsi (El Diálogo Tunecino)- ha venido a diversificar el paisaje audiovisual tunecino, pero sus emisiones están limitadas a una hora diaria, por cuestión de medios. Su director, Tahar Ben Hassine, no ha conseguido nunca las autorizaciones para crear el canal en su país. Desde 2002 Al-Hiwar Attounsi emite los programas, vía satélite, desde Italia. “La vaguedad más absoluta rodea los criterios de distribución de las licencias audiovisuales. Nunca se dan los motivos de la negativa. La decisión depende directamente del beneplácito del presidente Ben Alí”, ha manifestado Tahar Ben Hassine a Reporteros sin Fronteras. Nada de trato de favor para la prensa extranjera “Si usted está invitado en Túnez, y desea agradecer la hospitalidad de sus anfitriones, lléveles la última edición de un periódico censurado en su país”. Esta frase de un periodista tunecino resume el déficit informativo de sus conciudadanos, privados de un gran número de publicaciones extranjeras prohibidas. Le Canard enchaîné, Al Hayat, Charlie Hebdo, entre otras, no están disponibles en el país. A otras muchas publicaciones se les prohíbe la entrada en el territorio ocasionalmente, de forma arbitraria, o se les retrasa durante varios días en la frontera. Esos embargos no se efectúan al azar. En la mayoría de los casos tienen que ver con la publicación de artículos sobre los dirigentes del país, empezando por el presidente Ben Alí. También el canal qatarí de televisión Al-Jazira tiene un grave contencioso con las autoridades tunecinas, que se niegan a acreditar a su corresponsal, Lotfi Ajjí, e impiden al canal abrir una oficina. En octubre de 2006 Túnez decidió incluso cerrar su embajada en Qatar, en señal de protesta por la “campaña hostil” de Al-Jazira, como consecuencia de la emisión de una entrevista con el opositor tunecino Moncef Marzouki. Generalmente, los periodistas extranjeros no encuentran grandes dificultades para ir a Túnez. Pero una vez allí están sometidos a la vigilancia de policías de civil, que no les impiden trabajar pero intimidan, con su sola presencia, a quienes querrían hablar con ellos. La actividad de los corresponsales locales de medios de comunicación extranjeros está controlada estrechamente, y a veces prohibida. Muy recientemente, la periodista Flore Dussey y su camarógrafo, de la Télévision Suisse Romande (TSR), acudieron a Túnez el 2 de noviembre de 2007, pero no les permitieron interrogar a la población, para hacer sus reportajes. “Nos siguieron constantemente durante toda nuestra estancia en el país. Pedimos una autorización de rodaje en la ACTE (Agencia tunecina de comunicación exterior), que no se nos concedió. En lugar de eso, un funcionario de la agencia nos acompañó en todos nuestros desplazamientos. Nuestra carabina rechazó la presencia de un colaborador de Al-Hiwar Attounsi, que tenía que acompañarsnos a un lugar de rodaje”, ha dicho la periodista suiza a Reporteros sin Fronteras. Un caso extraño es que, en noviembre de 2005, al enviado especial del diario Libération, Christophe Boltanski, le dieron una puñalada en la espalda, ante la pasiva mirada de unos policías. El periodista preparaba un reportaje sobre la situación de los derechos humanos en Túnez, al margen de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (SMSI), organizada en Túnez por Naciones Unidas. Cuando las autoridades juegan al ratón y el gato en la Red Tampoco Internet escapa al control de las autoridades. Los cibercafés están vigilados, los internautas de las provincias a veces tienen que enseñar el carnet de identidad para acceder a un ordenador, y no es raro que sus propietarios les pidan que no naveguen por determinados sitios, considerados “subversivos”, para evitarse problemas. Es cierto que, según la ley tunecina, son responsables de las actividades de sus clientes. El régimen tunecino obliga así a los gerentes de los cibercafés a contribuir con su política de represión y control. Para hacer cualquier descarga, o adjuntar un archivo a un e-mail, el cliente tiene que pasar por el servidor central; a saber, el ordenador del gerente. Por otra parte, gracias a que en 1998 se aprobó un Código de Correos que continúa en vigor, las autoridades tunecinas pueden controlar en cualquier momento los correos electrónicos de los internautas. En efecto, esa ley autoriza a interceptar cualquier correo que pueda “atentar al orden público y a la seguridad nacional”. El Ministerio de Comunicación lleva a cabo así una meticulosa vigilancia de las informaciones que se intercambian en la Red. Tampoco escapan a las sanciones los bloggers, ni los responsables de sitios independientes. El abogado Mohammed Abbou pasó 28 meses en la cárcel por sus escritos, publicados en sitios de la oposición. Desde que, el 24 de julio de 2007, salió de la cárcel, al abogado le han prohibido en dos ocasiones salir del territorio tunecino. Una de las veces tenía que viajar a Londres, para grabar un programa sobre los derechos humanos. Igual que a los de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos y medios de comunicación extranjeros, en Túnez no se puede acceder al sitio de Internet de Reporteros sin Fronteras . Las autoridades bloquean y desbloquean frecuentemente el acceso a determinados sitios, para evitar que se les acuse de censurar. Las conexiones privadas de algunos periodistas y opositores están cortadas por “problemas técnicos”, o se les reduce la velocidad con el fin de aumentar el tiempo de efectuar descargas de páginas de Internet, y reducir así la posibilidad de consultar sitios. Aunque ahora en Túnez existe cerca de una docena de proveedores privados de acceso a Internet, el operador Planet.tn, propiedad de una de las hijas del presidente Ben Alí, sigue llevándose la mayor parte de la cuota de mercado. En el poder desde 1987, el presidente tunecino Zine el-Abidine Ben Alí está considerado por Reporteros sin Fronteras como uno de 34 predadores de la libertad de prensa en el mundo. Túnez ocupa el lugar 145, de 169, en la clasificación mundial de la libertad de prensa, establecida por Reporteros sin Fronteras en octubre de 2007.