Reporteros sin Fronteras pide de nuevo al gobierno vigilancia y diálogo, después de que los días 28 y 29 de octubre de 2008 algunos militantes del Comité Cívico Popular protagonizaran dos ataques contra periodistas del sector privado, en La Paz. La organización pide que vaya seguida de otros efectos la condena que hizo el vicepresidente Alvaro García Linera de dichas actuaciones.
Reporteros sin Fronteras se siente aliviada al saber que, el 14 de noviembre de 2008, se ha puesto en arresto domiciliario a Adolfo Cerrudo. El 29 de octubre, este líder del grupo radical progubernamental Comité Cívico Popular participó, con otros 200 militantes, en la agresión de una decena de periodistas que se encontraban delante de la cárcel de San Pedro de La Paz, donde está internado el antiguo prefecto de oposición Leopoldo Fernández, detenido y encarcelado tras la masacre cometida el 11 de septiembre en Pando (Norte). Expedientado por amenazar de violación a una periodista del diario privado La Razón, por decisión judicial Adolfo Cerrudo tenía prohibido acercarse a miembros de los medios de comunicación, para poder disfrutar de la libertad condicional.
Tras una vista, en la que un informe de evaluación psicológica reveló las “tendencias violentas y agresivas” del acusado, a Adolfo Cerrudo se le ha prohibido salir de su residencia, excepto para comparecer judicialmente. Desde el 17 de noviembre de 2008 la policía vigila su domicilio, después de que al día siguiente de la sentencia se saltara el arresto domiciliario. “Este tipo de medidas preventivas son una protección necesaria para la seguridad de todos los periodistas y esperamos que vayan seguidas de la condena de Adolfo Cerrudo, con el fin de que los activistas radicales - tanto los que se reivindican progubernamentales como de la oposición - que frecuentemente toman como objetivo, con total impunidad, a los miembros de los medios de comunicación, lo interpreten como un gesto claro dirigido a ellos”, ha declarado la organización.
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31.10 - Militantes progubernamentales atacan a la prensa : “La seguridad de los periodistas debe ser prioritaria”, según Reporteros sin Fronteras
Reporteros sin Fronteras pide al gobierno y a las autoridades judiciales una reacción, después de las dos series de agresiones llevadas a cabo por militantes del Comité Cívico Popular - un grupo radical que se dice progubernamental - contra periodistas del sector privado, los días 28 y 29 de octubre en La Paz. El 30 de octubre, el vicepresidente Alvaro García Linera condenó los actos y prometió una investigación.
“En una tribuna publicada el 21 de octubre en los diarios nacionales La Razón y La Prensa, Reporteros sin Fronteras denunció sin reservas el racismo y los llamamientos al asesinato del presidente Evo Morales, hechos por algunos opositores radicales desde medios de comunicación privados. La justicia tiene que aplicarse también a los activistas que se dicen partidarios del gobierno, y que incitan al odio contra periodistas. La pasividad mostrada por la policía en estos dos ataques es inadmisible, y la investigación prometida por el vicepresidente tiene que aclarar completamente ese aspecto. Como es también inadmisible que el jefe de filas del Comité Cívico Popular, Adolfo Cerrudo, inculpado ya varias veces en ataques a periodistas, haya reanudado sus actuaciones y violado las obligaciones del control judicial a que está sometido. Esperamos que vuelvan a enviarlo a la cárcel y le juzguen, cosa que esperamos se haga también con los miembros de los grupos autonomistas autores de atentados a medios de comunicación públicos. En la lógica de los acuerdos políticos establecidos entre el gobierno y los principales partidos de la oposición, ante la perspectiva del referéndum constitucional del 25 de enero de 2009, pedimos también que el presidente Evo Morales, y los ministros responsables, adopten medidas de seguridad concretas y dialoguen inmediatamente con los representantes de la profesión”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
El 29 de octubre unos 200 militantes del Comité Cívico Popular agredieron a una docena de periodistas, que se encontraban delante de la cárcel de San Pedro, en el momento en que los delegados de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) - encargados de investigar la masacre de quince campesinos indígenas, ocurrida el 11 de septiembre - llegaban para interrogar al ex prefecto del Departamento de Pando (Noroeste), Leopoldo Fernández, detenido e inculpado de “genocidio” en ese caso. Unas militantes del colectivo “Ponchos Rojos” chicotearon a los periodistas con correas de cuero. Según el testimonio recogido por Reporteros sin Fronteras de María Luisa Calleja, del diario La Prensa, que forma parte de los agredidos, el ataque pasó a mayores cuando los periodistas de televisión - ATB, Red Uno - instalaron sus equipos. “¡Les vamos a sacar a patadas (de la puerta de la cárcel) si no van!”, gritaron los agresores, dentro de ellos un hombre rápidamente identificado como Adolfo Cerrudo. “Lo lamentable es que en ningún momento de la agresión la Policía intervino para dispersar a los agresores y se limitaron a pedir cordura y que nos mantengamos separados”, indicó María Luisa Calleja. Pero esa precaución no fue suficiente. Los manifestantes se abalanzaron después sobre los periodistas, moliendo a golpes a Jonnathan Condori, de Radio Erbol (emisora vinculada a la iglesia católica) y Javier Alanota, del canal ATB.
La víspera, en el mismo lugar, unos militantes del Comité Cívico Popular, dirigidos por Edgar Mora, agredieron violentamente a cuatro periodistas, llegados para cubrir sus protestas en contra del eventual traslado del ex prefecto de Pando a Sucre. Roxana Lizárraga y el camarógrafo Juan Carlos Vera, del canal privado de televisión Unitel, Nicolás Sanabria, de la emisora privada Radio Fides, y Gustavo Arévalo, del canal privado ATB fueron agredidos mientras les acusaban de “estar pagados por Leopoldo Fernández”. Algunos periodistas tuvieron que interrumpir sus transmisiones en vivo.
Adolfo Cerrudo, acusado ya en varios casos de agresiones a medios de comunicación de La Paz (leer el comunicado del 25 de julio de 2008), en el mes de marzo amenazó de violación a una periodista del diario La Razón. En arresto domiciliario, decidido por la juez Virginia Crespo, le pusieron en libertad condicional el 23 de julio después de que se comprometiera por escrito a no volver a atacar a los medios.
Bolivia ocupa el lugar 115 (sobre 173 paises) en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras en 2008, lo que supone que ha perdido 47 puestos en relación con el año pasado. El fuerte retroceso se explica por un incremento en las agresiones a medios de comunicación y la polarización de éstos últimos, generadas por diez meses de crisis política.