El corresponsal en Veracruz del diario La Jornada sufre dos sospechosos atracos

Reporteros sin Fronteras manifiesta su enorme preocupación por los dos atracos sufridos por Andrés Timoteo Morales, corresponsal en Veracruz (Este) del diario La Jornada, los días 9 y 16 de enero de 2008. El periodista, al que le han robado material, dice estar siendo víctima de intimidaciones. “El relato de Andrés Timoteo Morales y las circunstancias de los dos atracos parecen indicar que el segundo ha servido para distraer la atención del primero, claramente destinado a obstaculizar el trabajo del periodista. Andrés Timoteo Morales ha tenido que cambiar de domicilio y no faltan razones para temer por su seguridad. Las autoridades del Estado de Veracruz y la fiscalía federal deben adoptar juntas las medidas necesarias para su protección, y establecer de manera formal la relación que existe entre su actividad y esos atracos. También hay que aclarar totalmente el asunto, muy sensible, que estaba investigando”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. Atracado por primera vez el 9 de enero, a Andrés Timoteo Morales le quitaron, aparte de algunos bienes de escaso valor, una parte de su material de trabajo, entre otras cosas un ordenador portátil y una llave USB que contenía los archivos de las investigaciones que llevó a cabo entre 2004 y 2007. La mañana del 16 de enero dos funcionarios de la policía ministerial acudieron al domicilio del periodista. “Dijeron que los atracadores habrían hecho mejor robando un juego de cerámica que había en el salón. Al volver a mi casa, pocas horas después, me quedé sorprendido al ver que efectivamente habían robado el juego, así como otros bienes personales”, ha confiado Andrés Timoteo Morales a Reporteros sin Fronteras. El periodista ha añadido que los policías no habían procedido a efectuar las constataciones habituales en este tipo de casos. Ha tenido que cambiar de domicilio. Andrés Timoteo Morales fue uno de los primeros periodistas en investigar el asesinato de la indígena nahuatl Ernestina Asencio, ocurrido el 26 de febrero de 2007. El crimen se atribuyó a unos soldados del ejército mexicano, que habrían violado a la víctima antes de matarla. A pesar de la investigación de la fiscalía de Veracruz - en el transcurso de la cual fueron llamados a declarar Rodrigo Vera y Regina Martínez, otros dos periodistas del semanario Proceso que investigaban el asunto -, las autoridades llegaron a la conclusión de que fue una muerte natural y negaron que hubiera existido violación. La justicia del Estado acaba de reabrir el caso. Frente al alarmante nivel de inseguridad que rodea a la prensa mexicana, unos senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han pedido esta semana que acuda al Congreso el fiscal especial encargado de luchar contra los ataques a periodistas. La Fiscalía Especial de Atención a los Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), creada en febrero de 2006 por iniciativa del gobierno de Vicente Fox aunque carente de medios suficientes, de momento no ha conseguido nunca avances significativos en la lucha contra la impunidad.