"Desde el principio de 2002, se ha deteriorado sensiblemente la situación de la libertad de prensa en Colombia, en un contexto de tensión creciente por la campaña para la elección presidencial y el endurecimiento de la lucha armada de la guerrilla de las FARC (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia)", ha deplorado Robert Ménard, secretario general de RSF.
En una carta dirigida al presidente Andrés Pastrana, Reporteros sin Fronteras (RSF) ha protestado contra las amenazas sufridas por Daniel Coronell, director del noticiero "Noticias Uno", emitido por Canal Uno, y por Ignacio Gómez, director de investigación del programa. La organización también ha expresado su preocupación tras la desactivación de un coche bomba cerca de la sede administrativa del diario El Tiempo en Bogotá. "Desde el principio de 2002, se ha deteriorado sensiblemente la situación de la libertad de prensa en Colombia, en un contexto de tensión creciente por la campaña para la elección presidencial y el endurecimiento de la lucha armada de la guerrilla de las FARC (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia)", ha deplorado Robert Ménard, secretario general de RSF.
RSF ha pedido que se lleven a cabo investigaciones sobre ambos casos. Recordando la desaparición de cuatro de los ocho noticieros de televisión, en estos últimos años, a causa del aumento de la competencia, la organización ha recalcado que "para la pluralidad de la información en Colombia, es importante que "Noticias Uno" pueda continuar su trabajo". RSF también ha recordado que El Tiempo es el cuarto medio de comunicación colombiano afectado por un atentado, o un intento de atentado, en lo que va de año.
Según las informaciones recogidas por RSF, la policía desactivó, el 28 de abril de 2002, un coche bomba aparcado a una decena de metros de la sede del diario El Tiempo, en Bogotá. El vehículo contenía cuarenta kilos de explosivos. Según Héctor Castro, director de la Policía Metropolitana, "no parece que el atentado fuera dirigido contra este lugar (el edificio de El Tiempo)", sino que el coche fue abandonado ante la presión del perseguimiento policial. Según Castro, el cargamento pertenecía a las milicias urbanas de la guerrilla de las FARC y iba a ser utilizado en la consecución de una oleada de atentados del grupo armado. Sin embargo, el ejército afirmó, por su parte, en un comunicado que el coche bomba se iba a utilizar para atentar contra el diario. Según varios observadores consultados por RSF, podría tratarse de un acto de intimidación contra el diario. Durante la semana pasada, la policía desactivó varios artefactos explosivos, imputados a las FARC. El servicio de inteligencia colombiano llevó a cabo cerca de cuarenta indagaciones en Bogotá y en su periferia, detuvo a diecisiete presuntos miembros de las FARC y se incautó 3,5 toneladas de explosivos.
Desde el comienzo del año 2002 se han producido tres atentados contra medios de comunicación. El 30 de enero, un coche bomba explotó cerca de la sede del canal de televisión Caracol, sin causar víctimas. El 7 de abril, la explosión de una bomba cerca de los locales de Radio Súper, en la ciudad de Villavicencio, al sureste de Bogotá, dio como resultado la muerte de doce personas. Los allegados de Álvaro Uribe declararon que las FARC hicieron de la radio su objetivo después de la difusión de declaraciones del candidato. Los directores de Radio Súper desmintieron de manera categórica esta información. El 12 de abril, los locales del canal RCN TV, situados al oeste de Bogotá, fueron a su vez objeto de un atentado, que sólo ocasionó daños materiales.
Los 22 y 23 de abril de 2002, Daniel Coronell, director del noticiero de televisión "Noticias Uno", en Canal Uno, recibió cuatro amenazas de muerte. Las llamadas anónimas, recibidas en su oficina y en su domicilio, amenazaban con matar a su hija de tres años, a la que el periodista sacó entonces del país. Los hechos ocurrieron después de que, en el noticiero, se emitiera un reportaje que establecía presuntos vínculos del candidato independiente a la elección presidencial, Álvaro Uribe Vélez, con el narcotráfico. El documento revelaba que el padre de Alvaro Uribe, era el propietario de una empresa a la que pertenecía un helicóptero, incautado en 1984 durante una operación antidroga. En 1981, el departamento de Aeronáutica Civil, cuyo director era Alvaro Uribe, concedió la licencia al helicóptero en un día, un plazo de tiempo inferior al habitual. Álvaro Uribe reaccionó tratando de desacreditar a Daniel Coronell, quien declaró que Ignacio Gómez, director de la investigación, trató en vano, antes de emitir el reportaje, de obtener alguna declaración de Alvaro Uribe, ofreciéndole incluso hacer una entrevista en directo. Ignacio Gómez también fue amenazado varias veces quince días antes de la difusión del reportaje. Sin embargo, no quiere establecer un vínculo formal entre estas amenazas y la realización del reportaje. Piensa que las amenazas pueden tener relación con otros casos delicados que investigó.