Reporteros sin Fronteras pide al gobierno peruano la creación de una estructura de seguimiento judicial de los atentados a la libertad de prensa. Desde el comienzo del año se han contabilizado en el país medio centenar de agresiones o amenazas, la mitad de las cuales han ocurrido durante el mes de marzo.
Desde el comienzo del año, las organizaciones profesionales y de defensa de la libertad de prensa en Perú han contabilizado cincuenta casos de agresiones o amenazas a medios de comunicación (cf. comunicado del 22 de febrero de 2007). Reporteros sin Fronteras hace un llamamiento solemne al gobierno para que ponga en marcha un seguimiento de este tipo de casos.
“Con un asesinato y medio centenar casos de agresiones o amenazas desde el comienzo del año -de los que más de la mitad se han producido en el mes de marzo-, Perú presenta uno de los peores balances del continente en materia de libertad de prensa. ¿El país estaría a punto de unirse a Colombia o México en el ranking de los Estados más peligrosos para los periodistas? Todo parece indicarlo, y con frecuencia la implicación de los cargos políticos locales en esos ataques a los medios de comunicación frena la actuación judicial. Hacemos un llamamiento solemne al gobierno para que cree un dispositivo de seguimiento de los atentados a la libertad de prensa, cuya proporción resulta alarmante”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
La hostilidad de los cocaleros
El 7 de marzo de 2007, Roberto Gálvez, de la agencia de prensa Inforegión, y el camarógrafo Nicolás Álvarez, fueron amenazados de muerte por Diógenes Niño, dirigente de un grupo de cultivadores de coca (cocaleros) en Huanuco (Centro), quien también amenazó al periodista independiente Miguel Campos y al corresponsal del diario Correo, Sergio Madueño. El dirigente cocalero reprochó a los periodistas la cobertura que hicieron de un movimiento de protesta de los cultivadores de coca.
El 10 de marzo, un grupo de productores de coca, que protestaba desde el 8 de marzo por la erradicación de sus cultivos, agredió en Tocache (Noroeste) a Julio Aguirre Domínguez, de la emisora Radio Concierto. Una de las piedras lanzadas por los manifestantes impactó en su cámara, y destruyó la cinta de vídeo. Al día siguiente, el mismo grupo golpeó en la cara y las piernas a Peter Donato, de Radio Emanuelle, y luego le quitaron de las manos el dictáfono y la cámara fotográfica.
El 27 de marzo, otros periodistas de Tocache declararon haber recibido repetidas amenazas de muerte desde el 16 de marzo, por los mismos motivos. Dos presentadores de Radio Emanuelle, Daniel Grandez y Abel Gonzáles, fueron “advertidos” en sus teléfonos móviles, por criticar la violencia del movimiento cocalero. Al propietario de la emisora, José Reátegui, le conminaron bajo amenaza de muerte el 23 de marzo a suspender el programa de Abel Gonzáles. Pocos días después, Daniel Grandez fue informado de que existían proyectos para asesinarle, así como a sus colegas José Saldaña, de Radio Libertad, Wagner Ruiz, de Radio San Juan, Ketty Varela Ruiz, de Radio Marginal y Abel Gonzáles, todos ellos considerados “enemigos de los cocaleros”.
Abusos de poder
En 9 de marzo en Lima, Antonio Vásquez y Marcos Sifuentes, del canal de televisión Frecuencia latina, estaban a punto de grabar el discurso de Carlos Arana, director del programa nacional “Agua para todos”, cuando les agredieron unos militantes del Partido aprista (en el poder). A Antonio Vásquez se lo llevaron a la fuerza a un local del partido, donde le sometieron a un interrogatorio de treinta minutos. Los militantes exigieron que les entregara sus grabaciones. Marcos Sifuentes consiguió grabar con cámara oculta. A la salida de la reunión le siguieron seis individuos, que después le dieron una paliza. El periodista consiguió escapar gracias a que acudió a buscarle un chofer de Frecuencia latina.
El 10 de marzo, Edwin Gómez, colaborador del diario La Calle y de Radio Wari, fue agredido en una reunión pública por Yuri Revollar, secretario general de un sindicato de enseñanza en Ayacucho (Sur). El periodista quería fotografiar al dirigente sindical, quien le golpeó y estropeó su cámara.
El 22 de marzo, Michael Ortiz Munares, funcionario del municipio de Andahuaylas (Sur), llamó a la población a destruir la antena de transmisión de Radio Panorama, y a expulsar de la ciudad a tres periodistas de la emisora: Ronald Ripa, Mario Espinoza y Niño Gonzáles, quienes habían abierto los micrófonos a los oyentes, que dieron su opinión sobre el aumento de los sueldos de los políticos, y sus funcionarios. A Ronald Ripa le amenazó de nuevo, el 27 de marzo, el alcalde de Andahuaylas, Manuel Molina Quintana, en el transcurso de una conferencia de prensa.
Finalmente, el 22 de marzo, dos individuos que iban en una moto lanzaron una bomba lacrimógena a la casa del periodista municipal Hermes Rivera, en Cajaruro (Noreste). El periodista ha manifestado que desde el 18 de marzo está recibiendo SMS intimidatorios en su teléfono móvil, en los que le ordenan que deje de investigar el asesinato de su colega Miguel Pérez Julca, de Radio Éxitos, ocurrido el 16 de marzo en Jaén (Noroeste) (cf. comunicado del 10 de abril de 2007).