Brasil. Organizaciones de la sociedad civil piden a los líderes del Congreso un compromiso con la libertad de prensa

Ocho organizaciones defensoras de las libertades de prensa y expresión presentaron el miércoles 7 de abril de 2021, Día del Periodista, una carta abierta dirigida a los presidentes del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), y de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (PP-AL). La misiva llama a los líderes del Congreso Nacional a un compromiso con la libertad de prensa, así como con la seguridad de los periodistas y comunicadores del país.

El documento conjunto contiene siete recomendaciones para que el Congreso Nacional actúe con el fin de mantener a Brasil como un entorno seguro para la prensa, asegurando mecanismos de transparencia y de acceso a la información. Además, la carta lanza una alerta para que Pacheco y Lira estén atentos a aquellos proyectos de ley que se estén trámitando en ambas cámaras y que puedan impactar negativamente en la libertad de prensa o restringir el trabajo de estos profesionales en el país.

La carta ha sido firmada por la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), Artículo 19, Conectas Derechos Humanos, Intervozes, la Federación Nacional de Periodistas, el Instituto Vladimir Herzog, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras (RSF).

Las propuestas fueron presentadas este miércoles, en un encuentro virtual entre representantes de estas organizaciones y el senador Rodrigo Pacheco.

El documento recuerda que Brasil se encuentra en un escenario preocupante, con crecientes amenazas y ataques a periodistas y restricciones a la libertad de prensa, y describe un entorno cada vez más hostil para el ejercicio de la profesión:

“La dificultad para acceder a los datos públicos, la censura judicial, la eliminación de contenidos, las amenazas y agresiones físicas, las campañas difamatorias y el acoso online son elementos que componen este escenario. A eso se suma la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas”.

Las organizaciones expresan que, "a pesar de los compromisos y garantías internacionales establecidos en la Constitución Federal de 1988, Brasil ha fallado a la hora de proteger la libertad de prensa y, en lo que respecta a los derechos conquistados, muestra riesgos de retroceso".

Según los representantes de las organizaciones, el encuentro tenía como objetivo aprovechar la renovación en las presidencias del Congreso Nacional para reforzar la importancia del poder legislativo en su función garante de la libertad de prensa. En marzo de 2020, algunas de las organizaciones ya se habían reunido con el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, para ponerle al corriente de problemas concretos que afrontan las entidades que monitorean las garantías constitucionales de la libertad de expresión.

Abraji está analizando casi 40 proposiciones que se tramitan en ambas cámaras legislativas cuyo propósito guarda relación con la prensa y la libertad de expresión.

Las siete recomendaciones enviadas a los líderes del Congreso

> Garantizar que todos los proyectos de ley que tengan impacto en el acceso a la información, el trabajo periodístico y la libertad de prensa sean ampliamente debatidos con la sociedad civil, organizaciones de libertad de prensa, periodistas y expertos en los respectivos temas;

> Garantizar que los/las asesores/as del Consejo de Comunicación Social del Congreso Nacional estén en su puesto y en total funcionamiento, aunque sea de forma remota, para que los proyectos de ley que traten temas de comunicación sean considerados por el mencionado Consejo antes de ser sometidos a votación final;

> Garantizar la agilidad de los procedimientos legislativos internos en la evaluación de los proyectos de ley, la transparencia y la debida divulgación de la información, en un plazo adecuado para asegurar el análisis técnico y el debate externo con la sociedad;

> Garantizar que cualquier proyecto de ley aprobado se ajuste a los compromisos internacionales de Brasil en lo que se refiere al derecho de acceso a la información y la libertad de prensa;

> Garantizar que cualquier proyecto de ley aprobado se atendrá a las garantías constitucionales que prohíben la censura y protegen la libertad de prensa y el derecho a la información, respetará los estándares internacionales y será un instrumento para el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos.

> Adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra los comunicadores y a construir un entorno propicio para el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión;

> Condenar de manera pública, inequívoca y sistemática cualquier forma de violencia contra comunicadores y alentar a las autoridades competentes a que actúen con la debida diligencia y celeridad en la investigación de los hechos y en el castigo a los responsables.

Entidades que monitorean la situación de los periodistas

En el documento enviado a los líderes del poder legislativo, las organizaciones citan investigaciones que indican que la situación de los comunicadores se ha agravado en Brasil.

Según un informe de la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj), en 2020 se produjeron 428 agresiones a periodistas y a la prensa, un 105,77% más que en 2019. El ataque más frecuente fue el descrédito de la prensa: 152 casos (35, 51 %). El presidente Jair Bolsonaro, por sí solo, fue el principal agresor, con 175 casos (el 40,89% del total).

Reporteros sin Fronteras (RSF) ha contabilizado, solo en el año 2020, no menos de 580 casos de ataques a la prensa en declaraciones oficiales de altos cargos del gobierno, entre los que se contaban ministros, parlamentarios y el presidente de la República.

Los datos de Abraji revelan que, en un solo mes de 2021, el presidente fue responsable de 11 de los 22 agravios contra periodistas cometidos por cargos públicos. Bolsonaro es campeón en bloqueos de reporteros en Twitter. También según esta asociación, las mujeres periodistas fueron víctimas de más de la mitad de las agresiones en el espacio digital. En la primera mitad de 2020, Abraji ya había registrado 167 violaciones de la libertad de expresión.

El año pasado, Brasil estaba en octava posición en el Índice Global de Impunidad por homicidios de periodistas, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas, lo que supone un deterioro en comparación con 2019, cuando ocupaba el noveno lugar.