Asesinato del periodista Jaime Garzón : manipulaciones en la investigación?

Una investigación independiente adelantada por Reporteros Sin Fronteras y la Red Damocles cuestiona gravemente a los principales testigos de cargo contra Juan Pablo Ortiz Agudelo, apodado "El Bochas", y Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias "Toño". Estos, que actualmente se encuentran detenidos, son los dos principales sospechosos del asesinato de Jaime Garzón (foto), periodista y humorista de la emisora Radionet y del canal Caracol TV, ocurrido el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. En efecto, no son creíbles cuatro testigos de cargo cuyas declaraciones fueron definitivas en la decisión del fiscal de inculpar a Juan Pablo Ortiz Agudelo y Edilberto Antonio Sierra Ayala. Se trata de María Amparo Arroyave Mantilla, Wilson Llano Caballero, alias El Profe, Maribel Pérez Jiménez y Wilson Raúl Ramirez Muñoz. Cuando el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio de inteligencia a las órdenes del Presidente de la República, ha facilitado a los investigadores todas las primeras declaraciones de estos testigos, las dudas sobre sus testimonios llevan a preguntarse acerca de la posible voluntad de ese servicio de desviar el curso de la investigación. En Colombia, aparte de la policía judicial (Cuerpo Técnico de Investigación, CTI), adscrito a la Fiscalía General de la Nación, también pueden participar en las investigaciones el DAS y la SIJIN (Servicio de Investigaciones Judiciales e Inteligencia de la policía, dependiente del Ministerio de Defensa). Estas tres entidades, junto con la Fiscalía General de la Nación, conformaron una Comisión interinstitucional para la investigación de este caso en agosto de 1999. Ha desaparecido la testigo principal María Amparo Arroyave Mantilla es el principal testigo de cargo contra Juan Pablo Ortiz Agudelo. Vio a los dos asesinos, en la moto, desde su apartamento, cuando huían inmediatamente después del asesinato. Declaró haber distinguido "perfectamente" los detalles de la fisonomía y la ropa del asesino, incluso hasta la marca de sus botas. En un reconomiciento de personas llegó incluso a descartar a un sospechoso porque tenía un lunar, mientras que "el sicario no lo tenía". Sin embargo, María Amparo Arroyave Mantilla se contradijo, en sus diferentes declaraciones, sobre las características físicas del asesino: forma de los ojos, de las cejas, del rostro y de la nariz, color de la piel, estatura... Su testimonio también quedó desacreditado durante la inspección del edificio desde el que vio a los asesinos, efectuada en diciembre de 2001. La inspección puso de manifiesto que, en el mejor de los casos, los asesinos pasaron a treinta metros de sus ventanas. Esta diligencia, que fue solicitada en enero de 2000 para verificar las declaraciones de la testigo, no se efectuó hasta diciembre de 2001 porque, hasta esa fecha, el DAS se negó a revelar su domicilio. La inspección se llevó a cabo en ausencia de María Amparo Arroyave Mantilla a la que, por tanto, no se la pudo contrainterrogar. Adicionalmente, los investigadores no tuvieron acceso al propio departamento de la testigo, sino a uno situado en el mismo inmueble, en el piso inferior. Los exámenes de optometría de María Amparo Arroyave Mantilla, reclamados igualmente en enero de 2000 por el representante del Ministerio Público, nunca se realizaron. Después del cara a cara, también en enero de 2000, durante el cual identificó a Juan Pablo Ortiz Agudelo como el asesino de Jaime Garzón, María Amparo Arroyave Mantilla solo ha reaparecido una vez. Hoy día, hasta el programa de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación ignora dónde pueda encontrarse. En los últimos dos años, Arroyave Mantilla no ha respondido a ninguna de las cuatro citaciones que se le han enviado. En dos ocasiones, el DAS, responsable de ubicarla y llavarla al proceso desde el comienzo de la investigación, declaró que se encuentra fuera de Bogotá y que era imposible conocer su paradero. De manera general, como denunció la Procuraduría General de la Nación, institución encargada de controlar el trabajo de los agentes del Estado, en febrero de 2002, "no existió ánimo por parte del instructor ni de la deponente para aclarar a la justicia sus declaraciones acusatorias, y eso se permitió a la largo del proceso". Otros tres testigos de cargo cuestionados La investigación llevada por Reporteros Sin Fronteras y la Red Damocles lleva igualmente a preguntarse sobre la credibilidad de Wilson Llano Caballero, alias El Profe, cuyo papel resulta primordial para la investigación. Se trata de un informante del DAS, cuyas primeras declaraciones fueron entregadas al fiscal Eduardo Meza por esa institución. Wilson Llano Caballero afirma haber proporcionado a los agentes de ese servicio de policía "las pruebas y datos claves para investigar a los hoy imputados". Entregó fotos de Juan Pablo Ortiz Agudelo al DAS de Medellín, así como un testimonio implicándole en el asesinato de Jaime Garzón. Wilson Llano Caballero también declaró que convenció a dos testigos de cargo para que declararan contra los dos sospechosos. Se trata de su novia Maribel Pérez Jiménez, y de su vecino, Wilson Raúl Ramírez. Ambos testigos declararon que Juan Pablo Ortíz Agudelo y Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias Toño, les confiaron un arma el 10 de agosto de 1999 y la recogieron el 12 de agosto. Aquel día, según sus declaraciones, los dos sospechosos llegaron en moto, vestidos con ropa de abrigo, como correspondía al clima de Bogotá, e hicieron alusión a un "trabajo" en la capital. Maribel Pérez Jiménez añadió que, poco después del asesinato, los dos presuntos asesinos volvieron a pasar por su casa, donde estuvieron contando una cantidad de dinero e hicieron una alusión a Jaime Garzón. Sin embargo, el 15 de agosto de 2000, Wilson Raúl Ramírez se retractó de sus declaraciones, afirmando que Wilson Llano Caballero le había amenazado de muerte, en caso de que no mantuviera la mentira de su declaración. Según él, Llano Caballero esperaba así embolsarse la recompensa que las autoridades habían ofrecido a quienes prestaran testimonio y, al mismo tiempo, hacerse con el control del barrio San Javier, en Medellín, en el que causaban estragos Juan Pablo Ortiz Agudelo y Edilberto Antonio Sierra Ayala. Por otra parte, Wilson Raúl Ramírez declaró que también era falso el testimonio de Maribel Pérez Jiménez, a quien Llano Caballero había hecho promesas a cambio de que prestara un testimonio de cargo. Existen otros elementos que cuestionan la credibilidad de Wilson Llano Caballero. Se encuentra actualmente detenido en Medellín por extorsión. La propia Maribel Pérez Jiménez le calificó de "matoncito" y de "torcido, que trabaja para los dos bandos". Además, la víspera del asesinato de Jaime Garzón fue detenido por posesión de hachís y marihuana en cantitades que le habrían significado un proceso penal. A pesar de que este delito se castiga con una pena de seis a veinte años de cárcel, al día siguiente quedó extrañamente en libertad. Estado actual del procedimiento La investigación está cerrada desde el 2 de enero de 2002. El fiscal encargado del caso llegó a la conclusión de que se trataba de un asesinato encargado por Carlos Castaño, el jefe de las AUC. Siempre según sus conclusiones, Juan Pablo Ortiz Agudelo fue el autor de los disparos, y Edilberto Antonio Sierra Ayala el conductor de la moto. Los dos fueron detenidos en enero de 2000 y septiembre de 2001, respectivamente. En junio de 2000 se dictó una orden de detención contra Carlos Castaño. El móvil del asesinato sería la participación de Jaime Garzón en las conversaciones para conseguir la puesta en libertad de algunas personas secuestradas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El jefe de los paramilitares habría acusado al periodista de estar haciendo el juego a la guerrilla, y también de haber cobrado dinero a cambio de sus servicios. Tras el cierre de la investigación, el caso se pasó al juzgado séptimo penal del circuito especializado de Bogotá, que se declaró incompetente el pasado 16 de septiembre, alegando que el asesinato de Jaime Garzón no constituía ni un acto de terrorismo, ni un acto motivado por la calidad de periodista de la víctima. El caso entonces pasó a la justicia ordinaria que, considerando que se trata de un acto de terrorismo, se declaró, a su vez, incompetente. El 23 de octubre, la Corte Suprema ha decidido que la justicia especializada es la competente para adelantar el juicio. ¿El DAS intentó desviar la investigación? Hoy existen varias zonas de sombra en la actitud adoptada por el DAS durante la investigación. ¿Por qué María Amparo Arroyave Mantilla no ha respondido a ninguna de las citaciones que la justicia le ha hecho desde enero de 2000 ? Por qué el DAS se negó a presentarla ante la Fiscalía General de la Nación durante casi dos años ? Su "desaparición" atenta gravemente contra la investigación, al impedir que sus declaraciones sean controvertidas, y sean realizados los exámenes de optometría. ¿Por qué el DAS se negó a revelar, hasta finales del año 2001, el lugar exacto de su domicilio? ¿Cómo es posible que el DAS considerara creíbles, sin reservas, los testimonios de Wilson Llano Caballero, y de los dos testigos de cargo a los que convenció para que declarasen? Cuando existen varios elementos que hoy cuestionan la credibilidad de esos cuatro testigos de cargo, Reporteros Sin Fronteras y la Red Damocles se preguntan sobre la posible voluntad del DAS de desviar la investigación. Sobre todo porque Wilson Llano Caballero, sobre el que pesaba la amenaza de una pena de cárcel al comenzar la investigación, podría haber caído en la tentación de dar informaciones a cambio de que olvidaran las querellas contra él. Reporteros Sin Fronteras y la Red Damocles se preguntan también sobre las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación ¿Cómo es posible que tome en cuenta el testimonio de María Amparo Arroyave Mantilla si no ha podido interrogarla después de que reconociera a Juan Pablo Ortiz Agudelo, en enero de 2000, ni someterla a exámenes médicos, y cuando sus declaraciones se ven cuestionadas por sus propias contradicciones y por la inspección del lugar en que se encontraba el día del crimen? Igualmente ¿cómo ha podido el fiscal tener en cuenta los testimonios de Wilson Llano Caballero, Maribel Pérez Jiménez y Wilson Raúl Ramirez, si todos han sido cuestionados por uno de ellos y por la personalidad de Llano Caballero? Reporteros Sin Fronteras y la Red Damocles están también muy soprendidas por la actitud de la Fiscalía y del DAS, ya que algunas informaciones aparecidas en la prensa mencionan que los investigadores descartaron a testigos que implicaban a algunos militares. Según esas informaciones, algunos sectores del ejército acordaron con Carlos Castaño el asesinato de Jaime Garzón, el cuál habría sido cometido por la banda la Terraza. En este caso, que provocó una movilización sin precedente en la sociedad colombiana, las dos organizaciones van a vigilar para que, en ningún caso, se convierta a inocentes en chivos expiatorios, situación que solo serviría para hacer el juego a los verdaderos asesinos. Para ello, Reporteros Sin Fronteras y la Red Damocles recomiendan: - A la Procuraduría General de la Nación: que investigue sobre la posible desviación, por parte del DAS, de la investigación sobre el asesinato de Jaime Garzón, y sobre la negligencia de la Fiscalía General de la Nación al tomar en consideración a los testigos de cargo. - Al DAS: que de explicaciones sobre el traslado, a la Fiscalía, de cuatro testimonios falsos, o extremadamente dudosos. - A la Fiscalía General de la Nación : que abra una nueva investigación sobre el asesinato de Jaime Garzón, a la luz de las informaciones aportadas en este comunicado - Al Estado colombiano: que garantice la seguridad del conjunto de las partes (jueces, fiscales, abogados, investigadores y testigos), susceptibles de ser amenazados durante el proceso, o en la eventual reapertura de las investigaciones.