Una periodista amenazada con catorce años de cárcel, por "espionaje" y "ejercicio ilegal del periodismo"

Reporteros sin Fronteras ha expresado su preocupación por la posibilidad que se dicte una orden de captura inmediata contra Sandra Maribel Sánchez, responsable del programa "Contra Punto", en Radio Américas. Denunciada por "espionaje" y "ejercicio ilegal del periodismo", podría ser condenada hasta a catorce años de cárcel. La periodista difundió la grabación ilegal de una conversación telefónica entre dos funcionarios. La organización ha pedido, en una carta dirigida al juez encargado del caso, Nery Velásquez, que no dicte ninguna orden y que desestime la causa judicial contra ella. "La denuncia contra Sandra Maribel Sánchez constituye un atentado contra la libertad de circulación de la información garantizada por el Articulo 19 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Honduras", declaró Robert Ménard, secretario general de Reporteros sin fronteras. Destacó que, "dado que la conversación es de interés público, lo escandaloso es su contenido y no su difusión". Mientras la periodista, que no pertenece al Colegio de periodistas de Honduras, ha sido denunciada por "ejercicio ilegal del periodismo", Robert Ménard recordó que "la Corte interamericana de los derechos humanos estableció que, en el caso de los periodistas, es ilegal la colegiación obligatoria ". Según las informaciones recogidas por Reporteros sin fronteras, podría dictarse una orden de captura inmediata, acompañada de la prohibición de salir del país, contra Sandra Maribel Sánchez, de Radio América, denunciada por "espionaje". En virtud del artículo 214 del Código Penal, podría ser condenada a una pena de hasta ocho años de cárcel. Por otro lado, a la periodista se le ha denunciado por "ejercicio ilegal del periodismo" y, por ello, arriesga una condena de hasta seis años de cárcel, según el artículo 293 del Código penal. En efecto, Sandra Maribel Sánchez no pertenece al Colegio de periodistas, cuya inscripción es obligatoria. Esta decisión se produjo después de que la ex contralora general y ex ministra de Gobernación y de Justicia, Vera Sofía Rubí, presentara una denuncia contra Sandra Maribel Sánchez. La periodista había difundido una conversación telefónica entre Vera Sofía Rubí y el entonces presidente de la Corte suprema de justicia, Armando Avila. A lo largo de la conversación, que tuvo lugar en 1999, ambos se ponían de acuerdo para influir en una decisión de justicia. En un texto adoptado en enero de 2000, el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión estableció claramente que "la pena de prisión por la expresión pacífica de una opinión vulnera gravemente los derechos humanos."