Tailandia: ¿nuevo enemigo de Internet

Más noticias Reporteros sin Fronteras hace patente su preocupación por la situación de Internet en Tailandia después de que, en nombre de la lucha contra el crimen de lesa majestad, el nuevo gobierno, constituido el 15 de diciembre de 2008, haya decidido convertir en prioritaria la vigilancia del ciberespacio. Según Ranongrak Suwanchawee, Ministra de Información y Comunicaciones, han bloqueado más de 2.300 sitios y 400 son objeto de investigación judicial. Ahora el gobierno dedica cerca de 2 millones de euros (80 millones de bahts) al filtrado de la Web. “Frente a las derivas liberticidas que presagian las reformas anunciadas, es importante que el gobierno acepte debatir sobre la actividad en línea de los internautas. De repente el tema se ha convertido en una prioridad, cuando el acceso a Internet se encuentra muy lejos de estar generalizado en Tailandia. Condenamos las medidas adoptadas a partir de la llegada al poder de la Alianza del Pueblo para la Democracia (APD), que son atentados graves a la libertad de expresión en línea, en nombre de un crimen mal definido”, ha declarado la organización. El 11 de enero de 2009, el profesor asociado de Ciencias Políticas en la Facultad de Chulalongkorn (Bangkok), Giles Ji Ungpakorn, fue informado de que el 20 de enero tiene que presentarse en la comisaría a causa de la publicación de su libro “Un golpe de Estado para los ricos” (“A coup for the Rich”), que puede bajarse gratuitamente en su blog http://www.wdpress.blog.co.uk, lo que le convierte, para las autoridades, en culpable de “crimen de lesa majestad”. Reporteros sin Fronteras recuerda que Harry Nicolaides, un ciudadano natural de Melbourne, fue detenido el 31 de agosto de 2008 por el mismo motivo. Profesor en la Universidad de Mae Fah Luang, en Chiang Rai (norte del país), también colaboraba con algunas revistas y páginas de Internet. Hasta ahora han rechazado las cuatro demandas que ha presentado pidiendo la libertad provisional. El 29 de diciembre, Ranongrak Suwanchawee declaró que la prioridad de su ministerio es “bloquear los sitios de Internet que insultan a la monarquía”. También añadió que su antecesor “creía, por error, que se podía hacer poco para controlar los sitios de Internet albergados en el extranjero”. Dos días antes, los demócratas en el poder pidieron un endurecimiento de la legislación sobre el crimen. En efecto, el comandante en jefe de las fuerzas armadas, general Anupong Paojinda, pidió a sus oficiales que vigilaran que no se hiciera ningún gesto en contra de la monarquía. También ordenó que cada uno de los ochocientos batallones del ejército real vigile una, o dos páginas de Internet de las consideradas “sensibles”, para que no aparezca en ellas ningún comentario que pueda empañar la imagen del rey. Tailandia tiene 14 millones de internautas, alrededor de un 20% de la población. La asociación de bloggers Thai Netizen se entrevistará con el nuevo Primer Ministro el 13 de enero, para entregarle una petición en favor de la libertad de expresión digital y algunas propuestas para llegar a un compromiso sobre la cuestión. La asociación, creada por iniciativa del abogado y especialista en medios de comunicación Supinya Klangnarong, agrupa a bloggers e internautas que militan en pro de la libertad de expresión en línea, en el reino. Las páginas se bloquean a partir de peticiones informales, sin valor jurídico, de las autoridades a los proveedores de acceso a Internet. En virtud del artículo 112 del Código penal, es culpable de crimen de lesa majestad “cualquier persona que haya difamado, insultado o amenazado al rey, la reina, el presunto heredero o el regente”, y se le puede condenar a una pena de tres a quince años de cárcel. La ley relativa a la cibercriminalidad (Cybercrime Act), aprobada en 2007, también establece que los proveedores de acceso a Internet tienen que conservar la información personalizada de los internautas durante 90 días. Las autoridades pueden verificar dichas informaciones sin necesidad de ningún control judicial. Por otra parte, la ley autoriza a la policía a embargar ordenadores si sospecha que se está haciendo un uso ilegal de la máquina.