Se intensifican las maniobras procedimentales contra medios de comunicación : Reporteros sin Fronteras denuncia la existencia de un clima de intimidación

Reporteros sin Fronteras condena el hecho de que las autoridades colombianas estén últimamente abusando de procedimientos jurídicos, convocatorias para testificar y otro tipo de persecuciones contra medios de comunicación y periodistas, cuyo trabajo visiblemente les molesta. La solicitud - presentada por el propio presidente Alvaro Uribe - para que se investigue a Daniel Coronell, director del informativo Noticias Uno de la televisión Canal Uno (pública), colaborador de la revista Semana y del diario El Espectador es una muestra mas de ese tipo de maniobras. Esperamos, de todas maneras, que no tenga seguimiento judicial. “¿Será necesario dentro de poco que la prensa consiga permiso de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para tener derecho a abordar temas sensibles, como el conflicto armado y la corrupción? Los recientes éxitos de la administración Uribe en su lucha contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ¿le dotan de una legitimidad especial para presionar a algunos periodistas, intentar servirse de ellos como auxiliares de justicia o, lo que es peor, cuestionar su reputación? Constatamos que los periodistas objeto de los últimos procedimientos llevan mucho tiempo en el punto de mira del poder, a causa de sus opciones editoriales. Recordamos a las autoridades que la reserva de fuente es una base esencial del trabajo periodístico amparada por la Constitución nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias proferidas por la Corte constitucional. Esta serie de maniobras se parece mucho a una estrategia de intimidación”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. Recientemente, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, la más alta jurisdicción del país, y la Comisión de acusación de la Cámara de Representantes, han citado a varios periodistas por algunos casos que se refieren al escándalo de la “parapolítica” (relaciones entre políticos cercanos al presidente Alvaro Uribe y los paramilitares), y a posibles irregularidades en la aprobación de la reforma constitucional, destinada a permitir la reelección del Presidente de la República. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, organización partenaria de Reporteros sin Fronteras) y el diario El Espectador, Rodrigo Silva, de la emisora privada Caracol Radio, así como Edgar Velosa y Sandra Pureza, del Canal Caracol de televisión, han comparecido en calidad de testigos. El 22 de agosto de 2008, el presidente Alvaro Uribe solicitó la apertura de una investigación penal sobre Daniel Coronell, por haber “silenciado” unas declaraciones de la ex parlamentaria Yidis Medina, a la que entrevistó en 2004, que según el periodista, pidió la reserva de fuente. En la entrevista, la antigua congresista, que dio su nombre al escándalo conocido como la “Yidis-política” confesó haber votado a favor de la reelección de Alvaro Uribe a cambio de una cantidad de dinero que le ofreció el gobierno. Reconoció públicamente los hechos en el mes de abril. La Corte Suprema de Justicia la inculpó el 25 de junio. El Jefe del Estado estima que el periodista es culpable de obstrucción al procedimiento en curso contra la política, al guardarse algunos hechos y fuentes. Amenazado varias veces por paramilitares y obligado a exiliarse en 2005, Daniel Coronell es famoso por su tono crítico con el presidente Alvaro Uribe. El pasado 9 de octubre, el Jefe del Estado le llamó en directo durante un programa de radio para calificarle de “cobarde”, “mentiroso”, “canalla” y “difamador profesional” (ver comunicado del 15 de octubre de 2007). Inmediatamente después el periodista recibió amenazas de las Aguilas Negras, una banda armada procedente del paramilitarismo. Por otra parte, William Parra, corresponsal del canal informativo latinoamericano Telesur, y Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, han sido citados en el procedimiento conocido como de la “FARC-política”, que estudia las relaciones entre la guerrilla y algunas personalidades de la oposición. Hasta ahora dichas acusaciones se apoyan en informaciones que las autoridades aseguran haber encontrado al examinar el ordenador de Raúl Reyes, el antiguo número 2 de las FARC, a quien mataron el 1 de marzo de 2008 en Ecuador. A William Parra, y a su colega de Telesur Freddy Muñoz, ya les habían acusado anteriormente de complicidad con la guerrilla (ver el comunicado del 27 de noviembre de 2007). En cuanto a Carlos Lozano, antiguo mediador de paz con la guerrilla, también ha sido objeto de la ira presidencial, por su pretendida relación con la guerrilla.