Reporteros sin Fronteras se felicita de que el Senado haya aprobado el proyecto de Ley de Medios de Comunicación Comunitarios

Reporteros sin Fronteras manifiesta su satisfacción al saber que, el 14 de noviembre de 2007, el Senado aprobó el proyecto de Ley de Medios de Comunicación Comunitarios. El texto define las radios y televisiones comunitarias como “servicios de interés público independientes del Estado, llevados a cabo por asociaciones civiles de carácter no lucrativo”. Establece, sobre todo, un procedimiento no discrecional para la renovación y concesión de las frecuencias, mediante “concursos abiertos, trasparentes y públicos”, bajo la responsabilidad de un nuevo Consejo honorario consultivo integrado por representantes del Estado, de los medios concernidos, de universidades públicas y privadas y de organizaciones de defensa de la libertad de expresión. La Cámara de los Diputados ya aprobó esta legislación, prácticamente por unanimidad, el pasado 5 de junio. “Manifestamos nuestra satisfacción por la aprobación de esta ley, que representa una referencia en la materia. Esperamos vivamente que la nueva legislación uruguaya inspire a los demás países del continente, donde los medios comunitarios se encuentran en plena expansión pero acceden de forma muy desigual a la posibilidad de emitir”, ha declarado la organización. “Esta votación es también el resultado de una auténtica cooperación entre la sociedad civil y el poder legislativo, ya que se sabe que tanto la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), como la Asociación de la Prensa Uruguaya y la Central de Trabajadores (PIT-CNT) han participado en la elaboración del texto aprobado por el Congreso”, ha añadido Reporteros sin Fronteras. _____________________________ 11.06.07 - Los diputados aprueban un proyecto de ley que regula los medios comunitarios : “un ejemplo a seguir” Reporteros sin Fronteras considera un ejemplo a imitar el proyecto de ley de radiodifusión de los medios de comunicación comunitarios aprobado, prácticamente por unanimidad, en la Cámara de Representantes el 5 de junio de 2007. Evidentemente, la organización espera que el proyecto consiga el mismo apoyo en el Senado. “La nueva legislación uruguaya sobre radios y televisiones comunitarias debería inspirar al continente americano, que cuenta con millares de medios de este tipo. El texto aprobado por los diputados establece criterios de igualdad y trasparencia en la concesión de las frecuencias y ese es, sin duda, el punto más importante. Deseamos que la Cámara Alta del Congreso revalide rápidamente el proyecto de ley, en los mismos términos”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. El 5 de junio de 2007, 49 de los 59 diputados presentes en la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley que reconoce a los medios de comunicación comunitarios como un sector que forma parte integrante del terreno audiovisual. El texto define a las radios y televisiones comunitarias como “servicios de interés público no estatales, prestados por asociaciones civiles sin fines de lucro”, destinadas a “satisfacer las necesidades de la comunicación y a habilitar el ejercicio del derecho a la información, y a la libertad de expresión” de los ciudadanos. A priori, el proyecto de ley no fija criterios restrictivos, excepto la ausencia de ánimo lucrativo, para calificar a un medio de comunicación de “comunitario”, y concederle derecho para emitir. La principal innovación del texto reside en la atribución de frecuencias “mediante concursos abiertos, transparentes y públicos”, y no dependiente de la discreción del Estado, como ocurría antes. Ahora se habilitará un nuevo Consejo honorario consultivo, formado por representantes del Estado, la sociedad civil y las universidades públicas y privadas, para que intervenga en el proceso de atribución y renovación de las frecuencias. El proyecto de ley aprobado por los diputados se presentó en el Congreso en octubre de 2005. Lo elaboraron varias asociaciones, entre las que se encuentran la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y la Central de Trabajadores (PIT-CNT), y después el Parlamento lo asumió tal cual.