Reporteros Sin Fronteras preocupada por un proyecto de ley que estudia el Senado

Reporteros Sin Fronteras se encuentra preocupada porque el Senado estudia un proyecto de modificación del Código Penal, que establece penas de cárcel para los colaboradores de radios y canales de televisión que emitan sin autorización. "Aunque es legítimo legislar para regular el paisaje audiovisual, en ningún caso puede ser objeto de sanciones penales el derecho a informar", ha declarado Robert Ménard, secretario general de la organización. La elaboración de esta nueva legislación tiene lugar después de que el sistema de aterrizaje automático del Aeropuerto de Buenos Aires se viera afectado por algunas interferencias. Dado que esos incidentes los habrían producido radios legales, Reporteros Sin Fronteras se siente sorprendida de que, finalmente, el proyecto sancione a medios de comunicación que podrían ser ajenos al problema que el nuevo texto visa a resolver. En una carta dirigida a Juan Carlos Maqueda, presidente del Senado, la organización le ha pedido que procure que en el texto final no figure ninguna pena de cárcel, y que se apruebe de manera transparente. Sobre este punto, Robert Ménard ha pedido que el proyecto sea sometido a las comisiones de Comunicaciones y Libertad de expresión y que se consulte a las organizaciones de la sociedad civil. Reporteros sin fronteras ha recordado que esta modificación del Código penal es contraria al texto adoptado por las Naciones Unidas en enero de 2000, en el que el relator especial para la libertad de opinión y de expresión estableció claramente que "la pena de prisión por la expresión pacífica de una opinión vulnera gravemente los derechos humanos." Según las informaciones recogidas por Reporteros sin fronteras, un proyecto de modificación del Código penal, que el Senado está examinando, va dirigido a penalizar la utilización ilegal de frecuencias radiofónicas. El proyecto consiste en la inclusión de tres nuevos artículos, entre ellos el 197 bis, que establece penas de hasta dos años de cárcel para los colaboradores de radios y canales de televisión que emitan sin autorización. La elaboración de esta nueva legislación tiene lugar después de que se produjeran interferencias en el sistema de aterrizaje automático del Aeropuerto de Buenos Aires, poniendo en peligro a los aviones y a sus tripulaciones, en varias ocasiones. Las interferencias, inicialmente achacadas a radios "no autorizadas", proceden también de radios "legales" que siguen emitiendo a pesar de las advertencias de la Comisión nacional de comunicaciones. El texto ya fue debatido en la Asamblea Nacional, en octubre de 2001. No han sido consultados ni las comisiones de la Asamblea Nacional, ni los representantes de los sectores afectados.