Radio Haïti Inter ha decidido no seguir emitiendo, a partir del sábado 22 de febrero, como consecuencia de las amenazas y ataques padecidos por su personal. "Consideramos que el Estado haitiano es, en gran parte, responsable de la situación, al no haber llevado a cabo ninguna investigación seria sobre las amenazas y los ataques de que son víctimas las personas que trabajan para la emisora", manifestó Reporteros Sin Fronteras.
Cuando Radio Haïti Inter ha decidido no seguir emitiendo, a partir del sábado 22 de febrero, como consecuencia de las amenazas y ataques padecidos por su personal, Reporteros Sin Fronteras deplora el final de las emisiones de la radio.
"La obligación de que Radio Haïti Inter haya tenido que poner fin a sus emisiones constituye un golpe muy grave contra la libertad de prensa y el pluralismo informativo en Haití. Consideramos que el Estado haitiano es, en gran parte, responsable de la situación, al no haber llevado a cabo ninguna investigación seria sobre las amenazas y los ataques de que, frecuentemente, son víctimas las personas que trabajan para la emisora", manifestó Robert Ménard, secretario general de la organización. "Prácticamente, todas las instituciones del Estado han puesto obstáculos a la investigación sobre los asesinatos de Jean Dominique y de Jean-Claude Louissaint. La impunidad en ambos casos ha permitido que los detractores de la radio continuaran con sus agresiones contra los empleados. Ese clima de impunidad, creado por las autoridades, permite que los asesinos impongan sus leyes", añadió.
En un editorial, leído en antena el viernes 21 de febrero, Michèle Montas (cf. foto), la viuda de Jean Dominique, propietario de la radio, asesinado el 3 de abril de 20000, anunció que Radio Haïti Inter cesaría su programación a partir del sábado 22 de febrero, a causa de las numerosas amenazas. "Ya hemos perdido tres vidas, nos negamos a perder más".
La decisión es una consecuencia de las serias amenazas que pesan sobre los periodistas y técnicos de la emisora. En una carta que estos últimos dirigieron a la dirección el pasado 1 de febrero, expresaban su profunda inquietud frente a los numerosos incidentes ocurridos durante los últimos tiempos.
Michèle Montas relató la existencia de llamadas telefónicas anónimas en las que se amenaza a los equipos con correr la misma suerte que Maxime Séïde, guardaespaldas de Michéle Montas, abatido en un intento de asesinato el 25 de diciembre de 2002, de agresiones verbales en el ejercicio de su trabajo y de vigilancias efectuadas por vehículos sin matrícula, que giran por los alrededores de la emisora.
Sin embargo, la directora de información precisó que la emisora no se cerrará y que la decisión de cesar en las emisiones es temporal. Ha explicado que los equipos continuarán trabajando sobre temas de fondo, que se radiarán en otras emisoras, o bien en las ondas de Radio Haïti Inter cuando las circunstancias lo permitan. "Se trata solo de un hasta la vista", concluyó.
Aprovechó la ocasión para denunciar el clima general de indolencia, y de impunidad, que impera en el país. "Nuestro silencio continuará planteando la cuestión de las libertades: la libertad de informar, la libertad de expresión, amenazadas hoy por algunos individuos que se creen por encima de la ley".
Por otra parte, añadió que nunca abandonará el combate por la justicia, en el caso de Jean Dominique, a pesar de los obstáculos y las presiones que rodean el caso, lo mismo que el de Jean-Claude Louissaint. Las amenazas contra la radio se acentuaron tras el anuncio de la eventualidad de un próximo proceso de los responsables de ambos asesinatos. Desde entonces, el dossier parece bloqueado. Todavía no se ha hecho pública la ordenanza definitiva de un juez de instrucción, que debe anunciar las eventuales inculpaciones.
El 3 de abril de 2000, Jean Dominique, el periodista y analista político más famoso del país, resultó abatido en el patio de Radio Haïti Inter, de la que era director. Conocido por su tono independiente, Jean Dominique criticaba tanto a los ex duvalieristas y a los militares, como a las grandes familias de la burguesía y, más recientemente a quienes, en el seno de Fanmi Lavalas, el partido del presidente Jean-Bertrand Aristide, consideraba sospechosos de querer "desviar al movimiento de sus principios".
En septiembre de 2000, la investigación se puso en manos del juez Claudy Gassant. Su predecesor, el juez Jean-Sénat Fleury, pidió que le relevaran del caso, tras recibir amenazas. El presidente Aristide no renovó inmediatamente el mandato del juez Gassant, que finalizaba el 3 de enero de 2002, y entonces el juez se refugió en Estados Unidos. Había sufrido muchas presiones tras haber inculpado a Dany Toussaint, un senador de Fanmi Lavalas, el partido del presidente Aristide.
El Ministerio de Justicia nunca garantizó, de manera satisfactoria, la seguridad del juez de instrucción que, sin embargo, estaba amenazado. La policía se negó a ejecutar las órdenes de detención. También es sospechosa de haber entregado a un importante sospechosos a una multitud de manifestantes, que le mataron a golpes de machete. El Senado se opuso a que se levantara la inmunidad parlamentaria de uno de los suyos, Dany Toussaint que, sin embargo, está considerado como el principal sospechoso. Sólo la movilización de la sociedad haitiana y de la comunidad internacional ha impedido que se enterrara el caso.