Purga en los medios públicos; las radios comunitarias en alerta

A tres semanas del golpe parlamentario que derrocó al presidente Fernando Lugo, el 22 de junio de 2012, un clima de tensión y de intimidaciones reina entre los medios de comunicación públicos; Reporteros sin Fronteras recibió confirmación de ello a través de diversas fuentes internas y externas. Así, la aparente tregua impuesta por la visita del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, el 2 y 3 de julio pasado, no duró. Inevitablemente, la libertad de información padecerá estas presiones contra periodistas y más aún, una parte del gremio, conocidos por su oposición a la ofensiva parlamentaria del 22 de junio. “Los hechos de los que nos han informado demuestran, por desgracia, la intención de toma de control del servicio público de información y de comunicación con una motivación clara: minimizar al máximo las condiciones y consecuencias de la destitución de Fernando Lugo. Ahora, un servicio público digno de recibir ese nombre debe precisamente tener en cuenta el estado real de la opinión pública. Las maniobras destinadas a hacer a un lado a los periodistas considerados molestos, así como la censura parcial de algunos programas, traicionan un poco más la lógica de los vencedores del 22 de junio, en detrimento del necesario debate pluralista que debería tener lugar. Las garantías constitucionales en la materia deben respetarse”, declaró Reporteros sin Fronteras. Objetivo estratégico para el nuevo poder, los medios de comunicación públicos creados bajo el mandato de Fernando Lugo –TV Pública, Radio Nacional y la agencia informativa IPParaguay– han constituido al mismo tiempo, desde el 22 de junio, el núcleo de concentración de las movilizaciones ciudadanas contra el golpe parlamentario. “Me pidieron que viniera a firmar un documento que confirmaba mi salida”, nos confió una fuente del servicio público. Ocho periodistas y profesionales de la comunicación que trabajaban en medios de comunicación públicos o eran empleados de la antigua administración recibieron la confirmación definitiva de su despido el 12 de julio: Angelina Agüero Villalba (servicio de comunicación, Presidencia de la República); Daniela María Candia Abatte (Televisión Pública); Roque González Benítez (Secretaría de Información y de Comunicación para el Desarrollo); Fátima Elizabeth Rodríguez González (de la misma secretaría y productora de TV Pública y Radio Nacional); Carlos Héctor Troya Palacios (IPParaguay); Rafael Alejandro Urza (fotógrafo, Presidencia de la República); Osvaldo Zayas (Secretaría de Acción Social); Tadeo Blanco (Secretaría del Ambiente). El 22 de junio, los entonces directores de TV Pública e IPParaguay renunciaron a su cargo. Problemas “técnicos” recurrentes
La tensión, muy palpable al interior, también se percibe al aire. El programa semanal de Radio Nacional “Ape ha Pepe” (“aquí y allá” en guaraní), en el que participan los paraguayos que viven en el extranjero, fue suspendido el 23 de junio y volvió al aire el 30 de junio. El 7 de julio esta emisión sufrió un curioso bloqueo. “Primero intenté llamar al estudio, pero no me contestaron”, nos explicó Gustavo Zaracho, miembro del colectivo Paraguay en Francia. “Entonces llamé a un teléfono móvil de la redacción. Así, nos dimos cuenta de que el conmutador general de la estación estaba bloqueado y no podía recibir llamadas externas. El servicio volvió a funcionar diez minutos antes de que se acabara el programa. En el intervalo, a través del teléfono móvil, señalé el problema al aire. Un representante de la estación me aseguró en un tono amenazador que se trataba de una cuestión ‘técnica’. Se encontraba con él un policía encargado normalmente de vigilar el edificio, agregó”. Suponiendo que sólo se tratara de cuestiones “técnicas”, los incidentes de este tipo se han vuelto recurrentes desde el 22 de junio. Así ha sido para el programa “Micrófono Abierto”, de TV Pública, y la emisión “Red Pública”, de Radio Nacional. Por su parte, la radio pública ZP 12 de Pilar, acallada desde el 24 de junio, oficialmente debido a un corte de corriente, pudo volver al aire el 11 de julio, tras la reparación de su equipo. Legislación temida El forcejeo entre Fernando Lugo y el parlamento se debía, en parte, a la Ley de Telecomunicaciones. Al respecto, diversas modificaciones recientes podrían afectar el futuro de las radios comunitarias, que poseen pocos recursos y con frecuencia esperan una licencia de difusión. Las nuevas cláusulas de la ley presentadas y votadas por los parlamentarios prevén en particular la prohibición de toda publicidad en estas radios, la limitación de su capacidad de emisión y la posibilidad de que se emprendan acciones legales sistemáticas contra sus representantes en caso que carezcan de autorización para emitir. Estas disposiciones habían chocado con el veto presidencial de Fernando Lugo. En adelante, éstas podrían entrar en vigor rápidamente. La nueva dirección de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció el 8 de julio el desmantelamiento de unas 200 estaciones pequeñas. Reporteros sin Fronteras recuerda que la aplicación sin discernimiento y según criterios ideológicos discutibles de una ley como esta violaría los principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que Paraguay se comprometió a respetar como Estado miembro de la OEA. Claras opositoras al golpe del 22 de junio, “las radios comunitarias son con frecuencia víctimas de la hostilidad de los ‘caudillos’ políticos locales”. Lo vemos actualmente con Radio Canindeyu, que desarrolló un importante trabajo informativo sobre la masacre del 15 de junio en Curuguaty (uno de los pretextos utilizados por los parlamentarios para destituir a Fernando Lugo once días después –N. de la R.), nos explica un periodista de una radio independiente de Asunción. “Éstas están muy mal consideradas por la Unión de Radiodifusores de Paraguay, una de las primeras organizaciones que se reunió con el nuevo gobierno de Federico Franco”.