Proceso de los presuntos asesinos del periodista Jaime Garzón

Este 9 de diciembre se abre la última audiencia del proceso de Juan Pablo Ortiz Agudelo y Edilberto Antonio Sierra Ayala, los dos principales sospechosos del asesinato, el 13 de agosto de 1999, de Jaime Garzón (foto), periodista y humorista de la emisora Radionet y del canal Caracol TV. "Estamos extremadamente preocupados ante la posibilidad de que este asunto termine con una injusticia, porque no resultan creíbles varios de los testimonios planteados por la acusación contra los dos sospechosos", ha declarado Reporteros sin Fronteras. "Y nos preocupan aun más la actitud del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio de inteligencia que depende del presidente de la República) y de la Fiscalía en este caso, que siguen manteniendo una versión de los hechos ampliamente desmentida en el juicio", ha añadido la organización. "Es indispensable que se abra una investigación sobre la posible manipulación de las investigaciones por ambas instituciones, cuya consecuencia es que a los verdaderos autores de la muerte de Jaime Garzón no se les ha molestado". Para Reporteros sin Fronteras, "también resulta imprescindible que se abra una nueva investigación sobre la muerte del periodista y humorista para que el crimen, que conmovió al conjunto de la sociedad colombiana, no permanezca impune". La organización es parte civil en el caso, al que se vinculó en el año 2002 por considerar que la libertad de expresión en Colombia resultó gravemente lesionada con el asesinato del periodista. En esta causa, Reporteros sin Fronteras está representada por el abogado Alirio Uribe, de la asociación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", quien también es apoderado de la familia de la víctima. Los argumentos de la Fiscalía Este 9 de diciembre se abre, durante dos días, la audiencia final del juicio de los dos sospechosos del asesinato de Jaime Garzón; en ella, los abogados de las diferentes partes van a exponer sus alegatos. El pasado 9 de octubre, al final de la audiencia precedente, el fiscal pidió "una pena ejemplar" para Juan Pablo Ortiz Agudelo y Edilberto Antonio Sierra Ayala, los presuntos ejecutores. También pidió condena para el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) Carlos Castaño, considerado como el autor intelectual del crimen. La acusación en contra de los sindicados se basa en las conclusiones de la investigación efectuada por el fiscal Eduardo Meza. Al final de sus pesquisas llegó a la conclusión de que se trató de un asesinato encargado por Carlos Castaño. Según Meza, Juan Pablo Ortiz Agudelo sería el autor de los disparos y Edilberto Antonio Sierra Ayala el conductor de la moto. Estos fueron detenidos, respectivamente, en enero de 2000 y septiembre de 2001. En junio de 2000 se dictó una orden de detención contra Carlos Castaño. El móvil del asesinato sería la participación de Jaime Garzón en algunas negociaciones, destinadas a conseguir la liberación de personas secuestradas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El jefe de los paramilitares acusó al periodista de hacerle el juego a la guerrilla y también de recibir dinero a cambio de sus servicios. Pista falsa Desde el comienzo de la investigación, los principales testimonios de cargo fueron llevados a la Fiscalía por el DAS. Se trata de los testimonios de María Amparo Arroyave Montoya, Wilson Javier Llano Caballero, Maribel Jiménez Montoya, Wilson Raúl Ramírez Muñoz y Bernardo Quintero Montoya. María Amparo Arroyave Montoya es la principal testigo de cargo contra Juan Pablo Ortiz Agudelo, apodado El Bochas. Varios elementos cuestionan la veracidad de su declaración: las contradicciones de sus diferentes deposiciones; la distancia (en el mejor de los casos, a treinta metros) a la que el presunto asesino pasó por delante de su ventana, lo que desacredita la detallada descripción que hace; la imposibilidad de que los investigadores pudieran acceder a su apartamento ; su desaparición desde enero de 2000, fecha en la que sus declaraciones comenzaron a ser cuestionadas en el proceso. En efecto, desde aquella fecha, y a pesar de que se encuentra bajo la responsabilidad del DAS, nunca ha respondido a las citaciones que le han dirigido antes y durante el juicio. Por tanto, las diferentes partes no han podido interrogarle sobre sus declaraciones. Wilson Javier Llano Caballero, un informante profesional al servicio del DAS apodado "El Profe", también aportó un testimonio de cargo contra los dos sospechosos. Sin embargo, su credibilidad está ampliamente cuestionada a causa de las presiones que ejerció sobre otras personas para forzarlas a prestar falsos testimonios. Entre las pruebas en contra de la veracidad de El Profe, una carta, cuyo análisis grafológico confirmó que fue escrita por su propia mano, en la que éste indica a Luis Guillermo Velásquez Mazo lo que debe declarar para implicar a Juan Pablo Ortiz Agudelo y a Edilberto Antonio Sierra Ayala, e incluso el apodo con el cual debe identificarse ante las autoridades ("Mascotica"). "Mascotica" fue asesinado en mayo de 2001, sin que llegara a deponer. Otros dos testigos de cargo, Wilson Raúl Ramírez Muñoz y Bernardo Quintero Montoya, se retractaron de sus acusaciones iniciales afirmando que Wilson Javier Llano Caballero les forzó para presentar falso testimonio contra los dos sospechosos. Sólo Maribel Jiménez Montoya mantuvo su declaración. Pero está confirmado que es la ex amante de Wilson Javier Llano Caballero. Su madre y Wilson Raúl Ramírez Muñoz afirman que éste le hizo promesas a cambio de un falso testimonio. Según Wilson Raúl Ramírez Muñoz, Llano Caballero esperaba así conseguir la recompensa ofrecida por las autoridades a cambio de testimonios y, al mismo tiempo, hacerse con el control del barrio de San Javier, en Medellín, donde causaban estragos Juan Pablo Ortiz Agudelo y Edilberto Antonio Sierra Ayala. ¿Encubrir a los verdaderos criminales? Tanto el DAS como el fiscal no solamente dieron crédito a testimonios falsos, sino que también se contradijeron o descartaron sin motivo algunas pistas importantes. En enero de 2003, un agente del DAS declaró en el juicio que María Amparo Arroyave Montoya había salido del país rumbo a México en diciembre de 2001 porque temía por su vida. Esta información fue inicialmente desmentida por un informe de la Dirección de Extranjería, departamento adscrito al DAS, allegado al proceso, en diciembre de 2002. Extrañamente, un nuevo documento del mismo servicio, producido en marzo 2003, finalmente confirmó la declaración de enero. Por otra parte, se contradicen las descripciones de la testigo, efectuadas por varios agentes del DAS que la entrevistaron. Nueva contradicción: Reynel Bejarano, un investigador citado por otro agente del DAS porque podía confirmar la existencia de la testigo, declaró que no la había visto nunca. Según el abogado Alirio Uribe, el fiscal Eduardo Meza no verificó o investigó en profundidad medio centenar de pistas o informaciones, entre ellas algunas que implicaban a militares. Así, en la instrucción, la Fiscalía no pasó al dossier un informe de los servicios militares de inteligencia sobre Jaime Garzón del que disponía en otro proceso. Ese documento, que subraya que el humorista tenía contactos con la guerrilla, prueba que el ejército le espiaba antes de su muerte. El informe lo realizó el suboficial Juan Evangelista Basto Bernal, quien después fue condenado por el atentado, en diciembre de 2000, contra el sindicalista Wilson Borja. Se probó que los informes de espionaje de Juan Evangelista Basto Bernal sobre el sindicalista, los utilizaron los paramilitares, conjuntamente con militares, para atentar a su vida. Como Jaime Garzón, Wilson Borja pertenecía a una comisión de diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).