Con la liberalización del espacio audiovisual, en 1997, el país experimentó un fuerte auge de las emisoras de radio. Hay unas 70 emisoras en el país y es el medio preferido de los benineses. Existen aproximadamente unas quince cadenas de televisión que operan junto a los medios audiovisuales del Estado y están agrupadas en el seno de la Oficina de Radiodifusión y Televisión de Benín (ORTB). El país cuenta con un centenar de periódicos, entre ellos el diario estatal fundado en 1969 La Nation y otras cabeceras privadas como Le Matin, Le Matinal, Fraternité y La Nouvelle Tribune. Las webs informativas y la Agence Benin Presse (ABP) completan un panorama mediático que cuenta con cerca de 320 medios.

En un país conocido por su fuerte tradición de libertad de expresión desde los años 90, la libertad de prensa ha retrocedido significativamente en los últimos años. El poder tiene una influencia decisiva en el nombramiento de los principales responsables de los medios estatales y en la Alta Autoridad Audiovisual y de la Comunicación (HAAC), el organismo regulador. La ORTB, especialmente la televisión, está obligada a transmitir la comunicación del régimen, mientras que los medios próximos a la oposición se ven sometidos a fuertes presiones. Son muchos los que se abstienen de criticar abiertamente al gobierno para evitar el cierre por parte de la HAAC. Las autoridades también influyen en el tratamiento de la información a través de los llamados “contratos de colaboración”, que permiten pagar a los medios por cubrir las actividades del gobierno. El ejecutivo da consignas a las redacciones sobre los aspectos que deben destacarse.  

La libertad de prensa está garantizada por la Constitución de Benín, reformada en 2019, y está  protegida por la ley orgánica sobre la HAAC. El Código de la Información y la Comunicación, aprobado en 2015, recoge las diferentes modalidades de ejercicio del periodismo. Aunque esta ley ha suprimido las penas privativas de libertad por delitos de prensa y  garantiza el derecho de acceso a las fuentes públicas de información, el marco legal se vulnera regularmente para atacar a los periodistas. Desde 2018, el Código Digital se utiliza para condenar a los periodistas que trabajan en Internet. En 2023, un periodista de una radio online fue acusado de "difusión electrónica de información falsa contra la paz pública y complicidad en la difusión" y condenado a un año de prisión con suspensión de pena, así como a pagar una multa de 300 euros por difundir una investigación sobre ejecuciones sumarias.

El panorama mediático está marcado por la ausencia de grandes empresas de prensa. La mayoría de los medios son inviables económicamente y se enfrentan a la estrechez del mercado publicitario. El gobierno utiliza su poder sobre la atribución de contratos publicitarios para privar de ellos a algunos medios críticos. A pesar de la entrada en vigor de un convenio colectivo en 2017, éste no se respeta y los periodistas viven de forma precaria,  abriendo así las puertas a la corrupción y minando su independencia. 

En teoría, los periodistas y los medios de comunicación son libres de cubrir todos los temas de interés público, pero en la práctica, el gobierno ha reforzado su control sobre el sector en los últimos años. Desde que Patrice Talon llegó a la presidencia en 2016, los periodistas han tenido un acceso limitado a los datos sobre la situación en materia de seguridad, de los desplazados internos y de los contratos mineros. 

El deterioro de la situación en el norte del país, donde se han producido varios ataques terroristas en los últimos años, ha provocado repetidos atropellos al ejercicio del periodismo, como arrestos, detenciones y expulsiones. Entre 2022 y 2023, al menos siete periodistas que realizaban coberturas han sido detenidos en el noroeste del país.