Los periodistas nicaragüenses, en busca de protección y de acceso a la información

Desde que Daniel Ortega llegó a la presidencia, en 2007, no se ha registrado ningún caso de asesinato de periodistas en el que el crimen estuviera relacionado con su profesión. No obstante, este hecho no debe ocultar el malestar del gremio periodístico frente a la estigmatización, las intimidaciones y agresiones que sufren sus miembros. En julio de 2014 un grupo de periodistas se manifestó frente a la sede de la Policía Nacional por la falta de protección que padecen frente a las agresiones cometidas por partidarios del gobierno, cuando cubren manifestaciones de la oposición. Con gran frecuencia, lejos de ser considerados observadores independientes, la presencia de los periodistas es percibida como una postura política personal. Esta confusión contribuye a que permanezca en la opinión pública la idea de que el simple hecho de cubrir una manifestación implica la adhesión a la causa que ésta defiende y se usa para justificar las agresiones. La resolución sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 28 de marzo de 2014 pide a los Estados que presten particular atención “a la seguridad de los periodistas y de los profesionales de los medios de comunicación que cubren manifestaciones pacíficas” y que “tengan en cuenta su papel específico, los riesgos que corren y su vulnerabilidad”. Por otra parte, el ejercicio de la libertad de información se ve limitado por el artículo 52 de la Constitución, que restringe las críticas al hecho de que sean “constructivas”. Esta disposición instaura la noción de “información autorizada”, así como el control del Estado, pues éste se reserva el derecho exclusivo de determinar el carácter “constructivo” de estas críticas. Esto, cuando por el contrario, es la garantía de un debate transparente y plural lo que permite a todos los ciudadanos determinar libremente su elección. “En el marco de los proyectos de desarrollo emprendidos recientemente, en particular el del canal interoceánico, el gobierno tiene el deber de proporcionar a la población todos los instrumentos que le permitan comprender los desafíos de políticas que determinarán a largo plazo el futuro de la nación”, señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de nuestra organización. A pesar de que la Ley de Acceso a la Información Pública (ley núm. 621), aprobada en 2007, garantiza y promueve el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ésta se sigue ofreciendo a los medios de comunicación de manera discrecional. “Con ocasión del Día Nacional del Periodista, RSF exhorta a las autoridades nicaragüenses a garantizar que todos los medios de comunicación, sin discriminación, tengan acceso a la información”, indicó Claire San Filippo. “El Estado debe, a la vez, favorecer el acceso de los medios de comunicación a la información pública y distribuir la publicidad oficial de forma igualitaria, con el fin de romper con una práctica que contribuye a la autocensura”, añadió. La falta de una reglamentación y de equidad en la atribución de la publicidad gubernamental sigue constituyendo un problema. Las autoridades nicaragüenses continúan utilizándola para favorecer a los medios de comunicación, según su línea editorial. Este tipo de política es perjudicial para el pluralismo de la prensa. Nicaragua ocupa el lugar 74, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, publicada en febrero de 2015.