Ley federal de protección de las fuentes : Reporteros sin Fronteras recurre a los nuevos cargos electos del Congreso

A la atención de
Sra. Nancy Pelosi, Presidenta electa de la Cámara de Representantes
Sr. Harry Reid, Vicepresidente electo del Senado
Señora, Señor, En enero de 2007 ustedes asumen la presidencia de la Cámara de Representantes y la Vicepresidencia del Senado. Reporteros sin Fronteras, organización internacional de defensa de la libertad de prensa, espera que la nueva mayoría del Congreso, salida de las urnas el 7 de noviembre de 2006, sabrá poner remedio a la neta degradación de la libertad de los medios de comunicación, observada en Estados Unidos durante el anterior mandato. Desde esta perspectiva les esperan a ustedes dos importantes retos. El primero concierne a la ley federal (“federal shield law”) sobre la protección del secreto profesional para los periodistas. El 2 de febrero de 2005, los representantes Mike Pence (R, Indiana) y Rick Boucher (D, Virginia), presentaron en la Cámara una proposición de ley titulada “Ley de libertad de circulación de la información”, que garantizaría a los periodista el “privilegio absoluto” (“absolute privilege”) del secreto de las fuentes, atenuado como “privilegio cualificado” (“qualified privilege”) para determinados asuntos penales. El siguiente 9 de febrero, los senadores Richard Lugar (R, Indiana) y Christopher J. Dodd (D, Connecticut), presentaron una proposición de ley en los mismos términos. Estas iniciativas parlamentarias permitirían subsanar una grave incoherencia jurídica, que hace que el privilegio del secreto profesional esté reconocido para los periodistas en 33 de los 50 Estados, y no a nivel federal. Desgraciadamente, se toparon con la oposición del gobierno, en nombre del imperativo de la “seguridad nacional”, y la justicia federal condenó a penas de cárcel a algunos periodistas -como Judith Miller, del New York Times, en 2005- a pesar de que, por otra parte, habían ganado la causa ante una jurisdicción local. Aparte de que la prensa no tiene por qué servir de auxiliar a la policía o a la justicia, el argumento de la “seguridad nacional” no puede sostener algunos procedimientos contra periodistas, por “desacato al tribunal”. La situación de Josh Wolf entra en esa categoría. Por negarse a entregar a la justicia sus archivos de vídeo de una manifestación contra el G8, este periodista independiente y blogger de 24 años está detenidos desde, el 18 de septiembre de 2006, por orden de un tribunal federal. Anteriormente ya estuvo encarcelado entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre. ¿Es constitucional que a un ciudadano se le castigue dos veces por el mismo motivo? También podrían acabar en la cárcel por idénticas razones Lance Williams y Mark Fainaru-Wada, del diario San Francisco Chronicle, que habían investigado un caso de dopaje. Está en juego la independencia de la prensa. El legislador no puede darse por satisfecho con un statu quo insostenible. El otro gran reto se refiere al escándalo jurídico y humanitario que, a los ojos de la comunidad internacional, representa la suerte de los presos de Guantánamo. Entre los 400 detenidos del campo figura, desde el 13 de junio de 2002, el camarógrafo sudanés de Al-Jazira Sami Al-Haj. Su caso no es solo representativo del trato infligido durante la mayor parte del tiempo a los individuos encarcelados, sin el menor cargo acusatorio y al margen de cualquier marco jurídico (torturas, privaciones de cuidados médicos y de sueño, carencia de contacto con la familia y repetidas violaciones de los derechos de la defensa), sino que pone de manifiesto el ensañamiento de un gobierno contra un medio de comunicación extranjero. A Sami Al-Haj le mantienen en Guantánamo simplemente porque se ha negado a “confesar” la existencia de unas fantasmagóricas relaciones entre Al-Jazira y Al Qaeda. Cuando, el 29 de junio de 2006, el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales las jurisdicciones militares encargadas de juzgar a los detenidos de Guantánamo, el anterior Congreso aprobó a toda prisa una ley, promulgada el 17 de octubre, autorizando el recurso a la tortura. Esa ley debe ser abolida, el campo cerrado y Sami Al-Haj liberado sin condiciones, y en el menor tiempo posible. Los electores norteamericanos han sancionado las derivas de la “guerra contra el terrorismo”. Esperamos que sean escuchados. Agradeciéndole la atención que preste a esta carta le ruego, Señora, Señor, reciba la expresión de mi mayor consideración. Robert Ménard
Secretario general