La nueva reglamentación, adoptada por el general Pervez Musharraf, destruye todos los logros en materia de libertad de prensa. También el ejército ha puesto en marcha una fuerte represión contra los medios de comunicación independientes. Y siguen prohibidas las televisiones privadas.
La nuevas reglamentación sobre periódicos y medios audiovisuales hace retroceder al país en veinte años
Reporteros sin Fronteras denuncia con la mayor firmeza la represión puesta en marcha por las fuerzas de seguridad contra los medios de información privados. A decenas de periodistas les han detenido, agredido o impedido trabajar, al tiempo que han embargado los equipos de difusión de varios medios audiovisuales. El contenido de las nuevas reglamentaciones sobre periódicos y medios digitales, promulgadas el 3 de noviembre, representan una muerte segura para televisiones y radios informativas privadas, que habían surgido en el transcurso de los últimos años.
"En el espacio de tres días, el general Pervez Musharraf está a punto de destruir, uno por uno, los logros en materia de libertad de prensa. Bajo los ataques del ejército, los medios de comunicación paquistaníes, y en particular las televisiones y radios privadas, podrían perder cualquier posibilidad de difundir informaciones independientes. En este preciso momento apoyamos la movilización de los sindicatos de periodistas y de algunas redacciones, para que cesen la represión contra los medios y el estado de excepción. Por su parte, la comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante el asesinato programado de los medios paquistaníes", ha declarado la organización.
Sobre la marcha de la proclamación del estado de excepción, el general Pervez Musharraf ha modificado la Press, Newspapers, New Agencies and Book Registration Ordinance de 2002, y la Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) Ordinance de 2002. Según la copia de las enmiendas, conseguida por Reporteros sin Fronteras:
-se prohíbe a todos los medios de comunicación difundir imágenes o informaciones sobre atentados-suicidas (tanto sobre el terrorista y sus reivindicaciones como sobre las víctimas);
-hacer manifestaciones perjudiciales para la ideología, la soberanía, la integridad y la seguridad de Pakistán;
-difundir programas o informaciones que inciten a la violencia o contrarios a la seguridad pública;
-difundir cualquier información que ridiculice al Jefe del Estado, el ejército y las instituciones;
-hablar de un procedimiento judicial en curso;
-reproducir informaciones falsas o carentes de fundamento.
Los dos textos nuevos dan a la administración todo el poder para embargar los periódicos, y a la PEMRA para confiscar loa equipos de los canales y emisoras de radio que no respeten las reglas. A los propietarios de los medios de comunicación les pueden condenar a hasta tres años de cárcel y una multa de un millón de rupias. La nueva reglamentación prohíbe también que los medios de comunicación paquistaníes firmen acuerdos de difusión con medios extranjeros, sin autorización de la PEMRA. Finalmente, los operadores o distribuidores de cable pueden ser condenados a una pena de hasta un año de cárcel, por violar esas ordenanzas.
Mientras que, por presiones nacionales e internacionales, en el pasado mes de junio el gobierno tuvo que abandonar su proyecto de endurecimiento de las reglas para los medios audiovisuales, ahora se han aprobado a la fuerza estas modificaciones liberticidas.
Violencia contra la prensa
El 5 de noviembre, la policía de Karachi (Sur) intentó cerrar la imprenta del grupo de prensa Jang. Los responsables del grupo se habían negado a parar la impresión de una de las cabeceras, Awam (Gente), que incluía un suplemento sobre los acontecimientos ocurridos desde la declaración del estado de excepción. La movilización de la dirección, y de los trabajadores del grupo, impidió la censura de Awam.
En el mismo momento, la policía detenía al menos a cinco fotógrafos y camarógrafos, delante del Karachi Press Club, cuando cubrían una manifestación de militantes de los derechos humanos. También el 5 de noviembre detuvieron a un corresponsal de la BBC cerca del domicilio de un juez de Karachi, cuando intentaba hacer fotos. Los policías le borraron las tomas. En Quetta, un policía rompió la cámara de un reportero de la Agencia France-Presse, que estaba cubriendo una manifestación.
El 4 de noviembre la policía efectuó una intervención en las oficinas del canal de televisión Aaj TV, en Islamabad. Los policías intentaron registrar una camioneta, utilizada para transmitir en directo acontecimientos desde el exterior, así como material de transmisión. La policía rodeó también los locales de la emisora FM 99.
El 3 de noviembre permanecieron detenidos durante algunas horas Sattar Kakar, jefe de la oficina del canal privado ARY en Quetta (Sudoeste), y su camarógrafo. Al día siguiente, las fuerzas de seguridad registraron las oficinas del canal en Sukkur (sur). Detuvieron a dos hermanos del jefe de la oficina, y amenazaron a los empleados.
Justo antes de que se produjera la declaración del estado de excepción, el 3 de noviembre, algunos miembros de la PEMRA invadieron las oficinas de la radio FM 103 en Islamabad. Tras la intervención de Rana Altaf, un responsable de la PEMRA, treinta policías rodearon la emisora y embargaron los equipos de difusión.
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