La Red Damoclès, para terminar con los verdugos de periodistas

La Red Damoclès, creada por Reporteros Sin fronteras y financiada por la Unión Europea, actúa a diferentes niveles para conseguir terminar con la impunidad de que disfrutan demasiados asesinos y torturadores de periodistas. Para establecer el estado de las situaciones y, si fuera necesario, los fallos de la policía y las disfunciones de la justicia, la Red Damoclès envía misiones de investigación sobre el terreno, dirigidas conjuntamente por un jurista y un periodista. Para que los responsables sean juzgados, la Red se persona, junto a las víctimas, ante las jurisdicciones competentes nacionales, regionales e internacionales, con el fin de organizar las iniciativas judiciales apropiadas. Para sensibilizar al público en general la Red Damoclès denuncia, mediante campañas de prensa, la impunidad que protege a los verdugos de periodistas. En el transcurso de una conferencia de prensa, celebrada en Madrid el 8 de abril de 2002, el juez Baltasar Garzón, presidente de honor de la Red Damoclès, candidato al Premio Nobel de la Paz y autor, en 1998, de la orden de detención contra el ex dictador Pinochet, presentó los objetivos y las primeras actuaciones de Damoclès, junto a varios miembros del comité directivo de la organización. En Madrid estuvieron presentes Fernando Castelló, periodista y presidente de Reporteros Sin Fronteras, William Bourdon, abogado de París, Jean-Pierre Getti, presidente del tribunal de lo criminal de París, Robert Ménard, periodista y secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christine Ockrent, periodista y escritora francesa y Luc Walleyn, abogado de Bruselas. Como destacó el juez Baltasar Garzón: "Es la primera vez en la historia que periodistas y jueces van a actuar juntos para denunciar a los responsables de los atentados a la libertad de prensa, y van a poner en marcha procedimientos judiciales contra los responsables de los atentados más violentos, como el asesinato, la tortura y la desaparición forzada". El juez Baltasar Garzón añadió: "Los periodistas y los medios de comunicación, a través de la libertad de prensa, son los garantes de las demás libertades y derechos humanos". Por otra parte, propuso que los atentados graves cometidos contra los profesionales de los medios de comunicación se incluyan en el estatuto del Tribunal Penal Internacional, como crímenes contra la humanidad. El Tribunal Penal Internacional, que conseguirá su ratificación número sesenta el jueves 11 de abril de 2002, entrará en vigor en julio de 2002. Durante los últimos diez años, 513 periodistas murieron, o fueron asesinados, por haber informado durante los conflictos armados, denunciado la corrupción y el fraude, revelado exacciones o criticado las actuaciones de algunas personalidades del mundo político y del de los negocios. En el 95% de los casos, las autoridades no encontraron, o ni siquiera buscaron a los culpables. Periodistas y juristas de la Red Damoclès llevarán a cabo, conjuntamente, misiones de investigación sobre el terreno, como las que ya se han efectuado en Burkina Faso, en el marco del caso de Norbert Zongo, periodista asesinado el 13 de diciembre de 1998; en Rusia, para aclarar la desaparición de Vladimir Kirsanov, ocurrida el 17 de mayo de 2001; o en Haití, tras los asesinatos de Jean Dominique, el 3 de abril de 2000, y de Brignol Lindor, el 3 de diciembre de 2001. Igualmente, la Red Damoclès emprenderá procedimientos judiciales, junto a las víctimas o sus familias, como en Colombia, en el marco del proceso de los presuntos asesinos de Jaime Garzón, un periodista y humorista muy popular, asesinado el 13 de agosto de 1999. Por otra parte, la Red se constituyó en parte civil en Ucrania, junto a la viuda y la madre de Géorgiy Gongadze, desaparecido el 16 de septiembre de 2000. Para terminar, el juez Garzón propuso que la Red Damoclès proteja a las familias de las víctimas y a los testigos de los hechos, cometidos generalmente en países en los que no está garantizada la seguridad de las personas. Hizo un llamamiento a la organización para que colabore estrechamente con otras redes internacionales de defensa de los derechos humanos, con vistas a la creación de un observatorio internacional contra la impunidad.