La investidura de Porfirio Lobo no puede hacer olvidar el golpe de Estado y sus consecuencias sobre la libertad de prensa

Con motivo de la investidura de Porfirio Lobo Sosa como presidente de la República de Honduras el 27 de enero de 2010, siete organizaciones –entre ellas Reporteros sin Fronteras– publican un informe (ver abajo) sobre el estado de la libertad de prensa desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Este documento es resultado de una misión realizada en ese país del 1 al 7 de noviembre de 2009. Las organizaciones participantes son: Artículo 19, Asociación Mundial de Diarios/Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (WAN/ADEPA), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Federación Internacional de Periodistas (FIP), International Media Support (IMS), FreeVoice y Reporteros sin Fronteras. Tomando en cuenta las recomendaciones hechas en este documento, nuestra organización también quiere recordar su postura. El golpe de Estado del 28 de junio dio lugar a una importante represión de los medios de comunicación que siguieron siendo leales al presidente derrocado Manuel Zelaya o que simplemente se opusieron al golpe de Estado. La ocupación militar de la emisora Radio Progreso; los cierres, ataques e interferencias contra Canal 36 y las estaciones Radio Globo y Radio Uno; los cierres y sabotajes de medios de comunicación en línea (El Libertador, Revistazo, El Patriota) y de radios comunitarias (Radio Marcala, Radio Coco Dulce); el chantaje financiero y las presiones ejercidas sobre el periódico Diario Tiempo; la supresión de programas animados por organizaciones de la sociedad civil (Cofadeh, movimientos por los derechos de las mujeres), son prueba de esta censura masiva. A ellas se añadieron actos de violencia gravísimos, así como el reciente asesinato del joven defensor de los derechos humanos Walter Tróchez. No obstante, el golpe de Estado no habría tenido éxito sin el apoyo de los principales medios de comunicación del país, en manos de políticos e importantes empresarios, que no dudaron en exponer sus redacciones a las represalias de una población furiosa. Mediático en sí mismo, el golpe de Estado hondureño planteó un gran dilema a una organización como la nuestra: defender la prensa sabiendo que una parte de ésta se ha atrevido a avalar una violación flagrante de la democracia y sus principios. El golpe de Estado y sus consecuencias no han concluido con las elecciones del 29 de noviembre de 2009, con las que el gobierno de facto pensó resolver la crisis que provocó. Existe el riesgo de que esta situación se prolongue si el poder ejecutivo no restaura rápidamente el estado de derecho, el pluralismo y las libertades públicas, entre ellas la de informar. Entre las recomendaciones de este informe, la de la reforma de la legislación que regula los medios de comunicación y el reconocimiento las radios comunitarias, son prioritarias. Es en este sentido, cuatro de las organizaciones participantes –IMS, FreeVoice, AMARC y Reporteros sin Fronteras– decidieron apoyar económicamente la reparación de Radio Coco Dulce, destruida recientemente por un incendio criminal. Estas organizaciones buscan que la legislación hondureña se adapte a los estándares internacionales en materia de acceso a la información y de delitos contra la prensa; también que se garantice la seguridad de los periodistas. Finalmente, subrayan la importancia de un diálogo entre los medios de comunicación, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil, de manera que el país retome la vía de la democracia. (Foto: AFP)