Internet en libertad vigilada

El 27 de junio de 2002, el Congreso de los Diputados españoles aprobó la LSSICE o "Ley de Internet". Un texto destinado a combatir la cibercriminalidad y el terrorismo, en la Red ibérica. Esta ley, minuciosamente elaborada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, incluye artículos liberticidas, a los ojos de los usuarios de una Red sometida a un mínimo de vigilancia. En efecto, obliga a los proveedores de acceso a Internet a conservar los datos de las conexiones, y del tráfico de sus clientes, durante un año al menos. Pero, gracias a la introducción de una enmienda de la oposición, esos datos no serán utilizados por los servicios de policía, o de información, más que con el aval de un magistrado. Los detractores del proyecto se sienten más decepcionados aún porque esperaban que su impacto se edulcorase tras el examen de los parlamentarios. El resultado final ha sido peor que el texto inicial. Especialmente en el caso del almacenamiento de los datos de las conexiones, por los proveedores de acceso. Así como en las modalidades prácticas de esta retención generalizada, que no se han precisado, lo que hace temer que se produzcan derivas. Por otra parte, queda por saber qué autoridad administrativa tendrá la posibilidad de cerrar los sitios que "atenten contra una serie de valores". Y todo ello, sin atentar contra la libertad de expresión. Una libertad reconocida y defendida por la Constitución, cuyo artículo 20 protege particularmente el derecho "a comunicar o recibir libremente una información verídica, por cualquier medio de comunicación".