El Parlamento concede al gobierno un poder discrecional para vigilar la Red

Ahora, una enmienda del artículo 15A de la ley "de mala utilización de la informática" autoriza la vigilancia completa de la actividad de un sospechoso en Internet, gracias a unos programas de monitoring en tiempo real, y permite su detención antes de que cometa el delito. Los cibercriminales pueden ser castigados con penas de hasta tres años de cárcel. Reporteros sin Fronteras alerta contra las derivas que abre esta enmienda. "Aunque hoy es una necesidad la lucha contra la cibercriminalidad, eso no puede justificar la concesión de poderes extraordinarios a los gobiernos", ha declarado Robert Ménard, secretario general de la organización. "La enmienda aprobada por el Parlamento de Singapur deja al Ministro de Justicia un margen de interpretación muy importante, en cuanto a la extensión de sus prerrogativas. Por tanto, pedimos que un órgano independiente controle sus decisiones", ha añadido. Según el gobierno, la nueva enmienda tiene como objetivo luchar contra los "ataques inminentes" que puedan perjudicar "a la seguridad, los servicios vitales, la defensa o las relaciones exteriores de Singapur". Asegura igualmente que el texto no se utilizará para vigilar al usuario normal de Internet. Por su parte Ho Geok Choo, miembro del Parlamento, afirma que "el texto así modificado se aproxima a la ley de seguridad interior (ISA), adoptada para luchar contra la criminalidad clásica". Porque la ISA, aprobada tras la independencia de la ciudad-Estado, le ha servido al gobierno durante mucho tiempo para efectuar detenciones arbitrarias de disidentes políticos. Por otra parte, algunos miembros del Parlamento denuncian la falta de precisión de los términos utilizados en el texto legal. Según Chee Soon Juan, secretario general del Partido Demócrata de Singapur, esta ley puede ser utilizada "para detener y encarcelar a cualquier persona sospechosa de ser un cibercriminal". Añade que la ley no es más que un pretexto utilizado por el gobierno, para controlar el uso de Internet. La ley no precisa a qué tipo de agencia u organización va a autorizar el Ministerio del Interior la vigilancia del Net. Tampoco indica las medidas que podrá adoptar el ministerio cuando considere que existe "ataque inminente". Finalmente, el texto no prevé ningún órgano externo que se encargue de controlar la legitimidad de las decisiones adoptadas. Reporteros sin Fronteras recuerda que ya denunció la adopción de leyes similares, tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea.