El juez Santiago Pedraz confirma la inculpación de tres soldados norteamericanos por la muerte de José Couso

El 24 de mayo de 2007, el juez madrileño Santiago Pedraz hizo saber que rechaza el recurso de apelación de la Fiscalía española contra la inculpación de tres militares norteamericanos en el “asesinato” de José Couso, camarógrafo español muerto, el 8 de abril de 2003, por el disparo de un obús norteamericano sobre el Hotel Palestine de Bagdad. El pasado 18 de mayo, el fiscal Jesús Alonso presentó una apelación contra la decisión del juez, considerando que no había “indicios suficientes”. Tras esta decisión del juez Pedraz, ahora tendrá que decidir en el litigio un colegio de jueces de la Agencia Nacional. El 16 de enero de 2007 Santiago Pedraz dictó una orden de detención internacional para el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente-coronel Philip de Camp, responsables del tanque que efectuó el disparo mortal. De momento, las autoridades norteamericanas no han dado curso a las demandas del magistrado. Sin embargo, los tres militares norteamericanos podrían ser detenidos si viajaran a alguno de los países con los que Madrid tiene tratado de extradición. El 5 de diciembre de 2006 el Tribunal Supremo reabrió la investigación sobre la muerte del camarógrafo, considerando que “la justicia española es competente para investigar, siguiendo el principio de justicia universal”. ------------------------------------------------------------- 17 de enero de 2007 Caso José Couso: orden de detención internacional para tres militares responsables del disparo mortal “Esperamos que la decisión del juez Santiago Pedraz, de dictar una orden de detención internacional para los militares responsables del disparo que mató a José Couso, permita que al fin se escuche a los tres miembros del ejército norteamericano en el caso”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. “Deseamos que la decisión permita que se entienda hasta qué punto no es abstracta la cuestión de la seguridad de los periodistas en zonas de conflicto, y pide respuestas urgentes. La aprobación, el 23 de diciembre de 2006 por unanimidad, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la resolución 1738 sobre la protección de los periodistas en los conflictos armados, viene a recordar que la muerte de los profesionales de la información ya no debe verse como una fatalidad”, ha declarado la organización de defensa de la libertad de prensa. El 16 de enero de 2007, el juez madrileño Santiago Pedraz dictó una orden de detención internacional para tres militares norteamericanos por el “asesinato” de José Couso, camarógrafo del canal privado Telecinco, que murió el 8 de abril de 2003 en el ataque al Hotel Plaestine de Bagdad. La medida concierne al sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente-coronel Philip de Camp, responsables del carro de combate de donde procedió el disparo mortal. Santiago Pedraz ha solicitado también que se examine la posibilidad de congelar los haberes de esos militares norteamericanos, para el caso de que fueran condenados a pagar daños a la familia de José Couso. La Embajada de Estados Unidos en España ha recordado que la muerte de José Couso ya fue objeto de una investigación, que concluyó en que los militaron actuaron “en conformidad con las reglas de combate operativas en esa zona de conflicto armado”. El abogado de la familia de José Couso, Leopoldo Torres Boursault, ha dicho que si no consigue la extradición no dudará en pedir la aplicación de la resolución 1738. Aunque las autoridades militares se negaran a extraditar a los tres militares, podrían ser detenidos de todas formas en el caso de que viajen a algún país con el que España tenga firmado un tratado de extradición. En un informe fechado en 2003, el ejército norteamericano consideraba que “las fuerzas de la coalición no habían cometido ninguna falta o negligencia”, y que el disparo “de obús iba dirigido contra lo que se tomó por una posición de tiro (...) enemiga”. La primera orden de detención, dictada contra los tres militares por el juez Pedraz en octubre de 2005, así como sus dos peticiones para interrogarles, quedaron sin efecto tras el sobreseimiento del caso, decidido en marzo de 2006 por un tribunal penal español. La decisión del Tribunal Supremo, del 5 de diciembre de 2006, de reabrir la investigación sobre la muerte del camarógrafo, ha relanzado de nuevo el caso. Desde el comienzo del conflicto en Irak han matado a 146 profesionales de los medios de comunicación; es decir, dos veces más que en la guerra de Vietnam.