El gobierno del Estado de Chihuahua rechaza una recomendación de la CNDH tras la agresión de tres periodistas
Organización:
Reporteros sin Fronteras lamenta profundamente que el gobierno del Estado de Chihuahua haya rechazado una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) después de que tres periodistas sufrieran una agresión, en la que hay policías implicados. La organización ha escrito al gobernador.
Sr.Lic. José Reyes Baeza Terrazas
Gobernador del Estado de Chihuahua Señor Gobernador, Reporteros sin Fronteras, organización internacional de defensa de la libertad de prensa, lamenta profundamente que, el 24 de septiembre de 2007, usted haya dado por no recibida una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), efectuada después de que tres periodistas sufrieran una agresión, en la que están implicados policías de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. El 5 de septiembre de 2006, en Ciudad Juárez, Jaime Murrieta Briones, fotógrafo del periódico El Diario; Eugenia Cícero Rivera y Aurelio Suárez Núñez, periodistas del diario PM, sorprendieron a unos funcionarios de policía bebiendo alcohol en la vía pública, en compañía de un grupo de vecinos. Los funcionarios, temiendo que les fotografiaran, reaccionaron violentamente agrediendo a los periodistas y destruyendo sus cámaras. También dispararon sobre sus vehículos. En su resolución 33/2007 del 28 de agosto de 2007, la CNDH le recomendaba a usted que determinara los incumplimientos cometidos en la investigación efectuada por sus servicios sobre el caso, y fijara una indemnización para Jaime Murrieta Briones, Eugenia Cícero Rivera y Aurelio Suárez Núñez, por los daños recibidos. La CNDH le pedía también que vigilara el respeto de las fuerzas del orden a la libertad de prensa. Las instancias disciplinarias internas de su administración solo han imputado a los policías el error de no impedir que los periodistas fueran agredidos, a pesar de que existen abundantes testimonios que certifican que los funcionarios se encontraban entre los agresores. Su gobierno no debería avalar, ni siquiera implícitamente, actuaciones violentas y de abuso de poder, que ratifican una situación de impunidad. Es su deber garantizar la libertad de prensa en su Estado, y dar ejemplo sancionando a los policías implicados. En espera de su respuesta le ruego, Señor Gobernador, reciba la expresión de mi más alta consideración. Robert Ménard
Secretario general
Gobernador del Estado de Chihuahua Señor Gobernador, Reporteros sin Fronteras, organización internacional de defensa de la libertad de prensa, lamenta profundamente que, el 24 de septiembre de 2007, usted haya dado por no recibida una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), efectuada después de que tres periodistas sufrieran una agresión, en la que están implicados policías de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. El 5 de septiembre de 2006, en Ciudad Juárez, Jaime Murrieta Briones, fotógrafo del periódico El Diario; Eugenia Cícero Rivera y Aurelio Suárez Núñez, periodistas del diario PM, sorprendieron a unos funcionarios de policía bebiendo alcohol en la vía pública, en compañía de un grupo de vecinos. Los funcionarios, temiendo que les fotografiaran, reaccionaron violentamente agrediendo a los periodistas y destruyendo sus cámaras. También dispararon sobre sus vehículos. En su resolución 33/2007 del 28 de agosto de 2007, la CNDH le recomendaba a usted que determinara los incumplimientos cometidos en la investigación efectuada por sus servicios sobre el caso, y fijara una indemnización para Jaime Murrieta Briones, Eugenia Cícero Rivera y Aurelio Suárez Núñez, por los daños recibidos. La CNDH le pedía también que vigilara el respeto de las fuerzas del orden a la libertad de prensa. Las instancias disciplinarias internas de su administración solo han imputado a los policías el error de no impedir que los periodistas fueran agredidos, a pesar de que existen abundantes testimonios que certifican que los funcionarios se encontraban entre los agresores. Su gobierno no debería avalar, ni siquiera implícitamente, actuaciones violentas y de abuso de poder, que ratifican una situación de impunidad. Es su deber garantizar la libertad de prensa en su Estado, y dar ejemplo sancionando a los policías implicados. En espera de su respuesta le ruego, Señor Gobernador, reciba la expresión de mi más alta consideración. Robert Ménard
Secretario general
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20.01.2016
México
