Crisis de Oaxaca : Reporteros sin Fronteras hace un llamamiento al Congreso federal y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Sra. Da. Rosario Ibarra de Piedra, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado
Sr.D. Gerardo Priego Tapia, Presidente de la Comisión Especial para la Atención de Agresiones a Periodistas de la Cámara de Diputados
Sr.D. Ignacio Alvárez, Relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Señora, Señores, Del 16 de diciembre de 2006 al 20 de enero de 2007, una Comisión Civil Internacional de Observación para los Derechos Humanos (CCIODH) - compuesta por 41 miembros de organizaciones procedentes de seis países (Francia, España, Italia, Dinamarca, Estados Unidos y Nueva Zelanda) - se ha reunido, por quinta vez, para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la crisis social y política del Estado de Oaxaca, ocurrida a partir del pasado mayo. Reporteros sin Fronteras, representada en la Comisión, hace público aquí el capítulo de su informe de investigación, dedicado a los medios de comunicación. La totalidad del informe ya se ha presentado públicamente en México el 3 de marzo de 2007. El capítulo que sigue trata no solamente de los ataques a la prensa en el transcurso del conflicto, sino también del tratamiento que los medios de comunicación han dado al conflicto. En un mes, la CCIODH ha recogido más de cuatrocientos testimonios, entre la sociedad civil y las autoridades de Oaxaca y el Distrito Federal, relativos a la sublevación de la Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca (APPO) contra el gobierno del Estado, dirigido por Ulises Ruiz Ortiz, y la severísima represión del movimiento, por parte de este último y las autoridades federales. Los acontecimientos de Oaxaca se saldaron con un pesado balance para la prensa. Además de que los protagonistas del conflicto llevaron a cabo numerosas ocupaciones de medios de comunicación, una veintena de periodistas, locales y nacionales, sufrieron intimidaciones, agresiones y torturas. A otros dos les mataron en el momento álgido de la crisis, en el otoño de 2006. Bradley Will, de 36 años, camarógrafo independiente de la agencia Indymedia, resultó mortalmente alcanzado por unos disparos el 27 de octubre de 2006, en la localidad de Santa Lucía del Camino. En un primer momento se imputó el crimen a cinco funcionarios, de los que dos fueron detenidos e inmediatamente puestos en libertad, y después los investigadores intentaron endosar a la APPO la responsabilidad de la muerte del periodista. La investigación sobre la muerte de Bradley Will, que hoy se encuentra en punto muerto, pone de manifiesto una vez más las carencias del sistema judicial y la impotencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), creada el 15 de febrero de 2006. También se mantiene la impunidad en el caso del asesinato, el 8 de diciembre de 2006 en Santiago Juxtlahuaca, de Raúl Marcial Pérez, editorialista del diario El Gráfico, también conocido como líder comunitario. Parece que en este caso no se han explorado todas las pistas. La crisis de Oaxaca ha representado el paroxismo de un año particularmente sombrío para la prensa mexicana, enlutada por nueve asesinatos y dos desaparecidos. A la vista del informe hecho público por la CCIODH, Reporteros sin Fronteras desea: -que una comisión de investigación del Congreso Federal prosiga los esfuerzos efectuados por la CCIODH, aclarando completamente las violaciones de los derechos humanos y los atentados a la libertad de prensa, durante los acontecimientos de Oaxaca, -que aclare igualmente los graves abusos de poder de las autoridades locales en relación con los medios de comunicación, no solo en el Estado de Oaxaca sino también en los de Sonora, Guanajuato y Puebla (cf. comunicado del 25 de enero de 2007), -que, para hacerlo, tenga la posibilidad de interrogar a los gobernadores de los Estados mencionados, así como a los representantes de las autoridades judiciales y policiales que dependen de ellos, -que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) disponga de los medios y la independencia necesarios para efectuar investigaciones imparciales, y garantizar la protección de las víctimas, -que, a falta de progresos significativos en las investigaciones, se recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los casos de asesinatos de periodistas en México; Bradley Will es el único extranjero entre los 30 muertos que ha habido desde 2000. Agradeciéndole la atención que pueda prestar a esta petición les ruego, Señora, Señores, reciban la expresión de mi mayor consideración. Robert Ménard
Secretario general