Conflictos mineros y protestas sociales generan violencia y censura contra el gremio

Dos radios locales fueron atacadas con dinamita y debieron suspender sus programas la noche del 14 al 15 de junio de 2012 en Colquiri, región minera afectada actualmente por graves conflictos. Por fortuna, los atentados contra las radios Vanguardia y Cumbre no dejaron víctimas. Sin embargo, los enfrentamientos registrados esa misma noche dejaron como resultado 23 personas heridas, tres de ellas de gravedad. “Las negociaciones por la explotación minera, reanudadas por iniciativa del gobierno el 18 de junio pasado, deben ser la ocasión para recordar que todos los actores del conflicto (trabajadores del sector o microempresarios conocidos como ‘cooperativistas’) deben gozar de libertad de información; en este sentido, sus radios pueden ofrecer un útil espacio de diálogo. Esta exigencia hace eco de las recientes iniciativas, tanto gubernamentales como parlamentarias, para mejorar la seguridad de los periodistas”, declaró Reporteros sin Fronteras, que pide se esclarezca de forma rápida el origen de los atentados cometidos contra las radios de Colquiri. Radio Vanguardia, propiedad de los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri, padeció tres explosiones la noche del 14 al 15 de junio. “Cuando estábamos en el estudio alguien arrojó dinamita con mecha encendida hacia el techo y hacia las paredes de la parte posterior del edificio de la radio (…) Por ello se decidió suspender las emisiones y mis compañeros, Shirley Ramos, Silvano Cartagena, Sonia Bautista y yo, tuvimos que dejar trabajar momentáneamente (…) las explosiones podían habernos matado”, relató el periodista Rubén Quispe a Reporteros sin Fronteras. Asimismo, en Radio Cumbre –donde también hubo explosiones de dinamita– las periodistas Marcelina Flores, Karen Nicolás, así como otros colegas suyos, prefirieron suspender sus emisiones por cuestión de seguridad. Los dos medios de comunicación esperan el fin de las negociaciones para reanudar sus actividades. Radio Cumbre pertenece a los mineros ‘cooperativistas’, que reclaman la explotación de yacimientos mineros de estaño, zinc y otros metales, que actualmente explota la empresa Sinchy Wayra (filial del corporativo suizo Glencore). Los enfrentamientos registrados en Colquiri se originaron por el descontento de los trabajadores del sector minero local, provocado por un acuerdo inicial de Sinchy Wayra con los cooperativistas mineros. Estas protestas no han sido las únicas que han puesto en peligro a los periodistas últimamente. El 16 de mayo pasado en La Paz, algunos de ellos sufrieron serias agresiones durante la cobertura de una manifestación de médicos y de estudiantes de medicina que rechazan un decreto que amplía sus jornadas de trabajo. La periodista Carolina Ulloa, de la red televisiva Unitel, se desmayó por el efecto del gas lacrimógeno; el camarógrafo Cristian Rosendi, de CNN Bolivia, fue herido en el rostro, y el fotógrafo Gastón Brito, de la agencia Noticias Fides ANF, fue herido en la pierna con un objeto que le lanzaron. Las agresiones provinieron de los estudiantes. Esfuerzos de protección En este contexto, Reporteros sin Fronteras aplaude la movilización registrada en las grandes esferas a favor de la seguridad de los periodistas. Desde el 24 de mayo pasado el Parlamento estudia un anteproyecto de Ley de Seguro de Vida y Contra Accidentes para los trabajadores de la prensa, presentado por el Ministerio de Comunicación, por iniciativa de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz. Con esta propuesta se busca crear un dispositivo que proteja a los periodistas en caso de hechos violentos, producidos en circunstancias como protestas sociales, acción descontrolada de turbas, accidentes de toda índole y atracos, especialmente a medianoche, cuando los trabajadores de la prensa concluyen su jornada laboral. Sin embargo, aún es objeto de debate la cuestión de su financiamiento –que según el proyecto provendrá de 1% del total de los ingresos de los medios de comunicación o de las empresas que recaudan dinero por venta de ejemplares y por publicidad. Esta medida tiene lugar después del decreto gubernamental que dispone que los medios de comunicación deben garantizar el transporte nocturno a sus trabajadores, desde su fuente de trabajo hasta su domicilio. Este decreto entró en vigor tras el asesinato de Verónica y Víctor Hugo Peñasco, ocurrido el 25 de febrero pasado en El Alto, caso por el que la policía ha detenido a diez personas. Un tercer periodista, Eugenio Aduviri, del diario La Razón, fue víctima el 12 de mayo de una banda de “cogoteros” (quienes estrangulan a sus víctimas), que causan estragos en esta zona periférica de la capital. En este último caso han sido arrestados cuatro sujetos.