Casos Brad Will y Roberto Mora : "Las autoridades federales se empeñan en permitir la impunidad", según Reporteros sin Fronteras

Reporteros sin Fronteras manifiesta su rabia ante el tratamiento que la Procuraduría General del República (PGR) ha dado a la reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respecto al caso de Brad Will (leer el comunicado del 2 de octubre de 2008). La Procuraduría no solo no ha tenido en cuenta las graves irregularidades cometidas en la investigación del asesinato del camarógrafo norteamericano de Indymedia, sino que el 22 de octubre el juez cuarto penal, anunció la inculpación y el próximo juicio de uno de los simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ahora detenido, y dos más que fueron puestos en libertad bajo fianza. Quedan por ejecutarse siete órdenes de aprehensión por “encubrimiento”. Todos ellos habían sido identificados como testigos en el caso. “La maniobra política resulta evidente y puede llegar a convertirse en un estrepitoso escándalo judicial, a dos años de la muerte de Brad Will. Tras una investigación mutilada a nivel local, destinada únicamente a exculpar de toda responsabilidad en la muerte del periodista al gobernador Ulises Ruiz y sus funcionarios más cercanos, la PGR intenta groseramente salvar a las autoridades de Oaxaca, desautorizando a la CNDH. ¿Cree, decentemente, que la lucha contra la impunidad ganará algo con ello? ¿No hay más alternativa que impunidad o injusticia? El probable desenlace del caso recuerda la forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la más alta institución judicial del país, salvó la cara al gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín, en el proceso contencioso que le enfrentaba con Lydia Cacho (leer el comunicado del 30 de noviembre de 2007). Los graves incumplimientos constatados en la investigación de la muerte de Brad Will es también una repetición de lo ocurrido en el caso de Roberto Mora García. Precisamente hoy, la comisión En Memoria, en la que ha participado Reporteros sin Fronteras, hace públicas las conclusiones de una misión llevada a cabo en el Estado de Tamaulipas, en relación con este último caso. Unas conclusiones que no incitan en nada al optimismo”, ha declarado la organización. La recomendación 50/2008 de la CNDH, enviada el 26 de septiembre a la PGR y al gobierno del Estado de Oaxaca, refiere claramente a los aliados del gobernador Ulises Ruiz en el asesinato de Brad Will, ocurrido el 27 de octubre de 2006, en el momento álgido de una grave crisis política y social que causó dieciocho muertos y más de trescientos heridos. En principio, el gobierno del Estado cuestionó la recomendación, el 16 de octubre, aunque después cambió de parecer y la aceptó. Al días siguiente, de forma inesperada la Procuraduría General de la República anunció la detención de Juan Manuel Martínez Moreno y Octavio Pérez Pérez, por “asesinato” y “encubrimiento” respectivamente. Octavio Pérez Pérez salió libre bajo fianza un días después. En el momento de los hechos ambos militaban en la APPO, cuyas manifestaciones contra el gobierno de Oaxaca cubría Brad Will cuando le mataron. Hay otros siete militantes de la APPO inmersos en el procedimiento. Algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos han manifestado temor, algo que comparte Reporteros sin Fronteras, por la integridad física del detenido Juan Manuel Martínez Moreno. Los procedimientos de investigación - pruebas maquilladas, autopsia modificada, fabricación de “evidentes culpables” - denunciados por la CNDH en el caso de Brad Will son similares a los seguidos después del asesinato, el 19 de marzo de 2004, de Roberto Mora García (ver los comunicados), director editorial del diario El Mañana en Nuevo Laredo (Estado de Tamaulipas, Nordeste). Los pasados días 25 y 26 de agosto varias organizaciones, agrupadas en la comisión En Memoria - entre las que se encontraba Reporteros sin Fronteras -, dedicaron una nueva misión al caso. Las conclusiones de la investigación, presentadas hoy mismo en México D.F., subrayan el empeño de las autoridades para excluir cualquier móvil profesional en aquel asesinato, mientras que la víctima investigaba temas sensibles en una región dominada por el Cartel del Golfo (ver el informe completo abajo). El documento hecho público subraya también que la Procuraduría del Estado concluyó rápidamente la investigación culpando a Mario Medina Vázquez, de 23 años, y a su compañero Hiram Oliveros Ortiz, de 29, quienes vivían en el mismo piso de la casa de Roberto Mora García. Al primero le asesinaron en la cárcel el 13 de mayo de 2004; el segundo continúa detenido. Reporteros sin Fronteras pide a las autoridades locales y federales responsables que investiguen y hagan justicia apegándose a las evidencias y hechos que obran en los casos mencionados, que atiendan las observaciones de la CNDH, y que actúen en consecuencia, reconociendo los errores cometidos y realizando investigaciones eficientes que no den más espacio a la impunidad.