Carta abierta de Reporteros sin fronteras a los candidatos a las elecciones presidenciales : El futuro jefe del Estado deberá romper con la cultura de la impunidad
Desde la caída de Jean-Bertrand Aristide la prensa haitiana continúa expuesta a un grave clima de inseguridad. Dos periodistas han muerto en 2005, y nunca se ha juzgado a los asesinos de Jean Dominique, que murió en 2000, y Brignol Lindor, en 2001. Cuando acaba de iniciarse la campaña de las elecciones generales, de los días 20 de noviembre de 2005 y 3 de enero de 2006, y después de efectuar una misión sobre el terreno, Reporteros sin Fronteras se dirige a los candidatos a la presidencia, para que el próximo mandato sea el de la ruptura con la impunidad.
A la atención de
Charles H.J. Marie Baker, Marc Louis Bazin, Casimir Bélizaire, Joel Borgella, Philippe Jean-Hénold Buteau, Claude Bonivert, Paul Denis, Hubert Deronceray, Marc Antoine Destin, Joseph Rigaud Duplan, Edouard Francisque, Reynold Georges, Serge Gilles, Gérard Gourgue, Jean Chavannes Jeune, René Julien, Emmanuel Justima, Lesly Manigat, Luc Mesadieu, Samir Georges Mourra, Evans Nicolas, Evans Paul, Frantz Perpignan, Guy Philippe, René Préval, Himmler Rébu, Franck François Romain, Charles Poisset Romain, Judie Roy, Yves Maret Saint-Louis, Jean Jacques Sylvain y Dany Toussaint.
Señora, Señores,
Acaba de iniciarse oficialmente la campaña para las votaciones presidenciales y legislativas de los días 20 de noviembre y 3 de enero próximos. Ustedes se presentan como candidatos a la función de Presidente de la República de Haití. Su candidatura, ustedes lo saben, implica un compromiso. Al futuro Presidente no le corresponderá solamente ser el guardián de la Constitución, y el garante del equilibrio institucional. En tanto que depositario del sufragio del pueblo haitiano, tendrá la responsabilidad de consolidar una auténtica cultura democrática en Haití, de la que la libertad de prensa es uno de los pilares.
La situación de los periodistas, y de los medios de comunicación, es un importante revelador de la salud democrática de un país. Reporteros sin Fronteras, asociación dedicada a la defensa de la libertad de prensa en el mundo, ha podido verificarlo una vez más en el transcurso de una misión llevada a cabo en Haití, entre el 22 y el 28 de septiembre. De esa misión -salpicada de entrevistas con periodistas y directores de medios de comunicación, pero también con abogados, magistrados, policías y miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como con la entonces Ministra en funciones de Cultura y Comunicación, Magali Comeau Denis- resulta que el año 2005 deja un balance moderado. Ese balance nos incita a la mayor vigilancia. Esperamos que será compartida, y traducida en actos por la, o el, que ocupará el Palacio Nacional el 7 de febrero de 2006.
En el transcurso de sus dos últimas misiones en Haití, en junio de 2004 y en septiembre de 2005, Reporteros sin Fronteras ha podido constatar una mejora de la situación de la libertad de prensa, a partir de la caída del gobierno de Jean-Bertrand Aristide, ocurrida el 29 de febrero de 2004. Los periodistas entrevistados estiman que trabajan con más serenidad, que disponen de mayor libertad editorial y no temen represalias del poder del Estado. Sin embargo, estos avances no pueden ocultar un contexto de inseguridad, que continúa siendo alarmante, al que la prensa está particularmente expuesta.
El año 2005 se inauguró trágicamente con el fallecimiento de Laraque Robenson, de la radio Tele Contact, en Petit-Goâve. Herido el 20 de marzo de dos disparos, en el cuello y en la cabeza, en un fuego cruzado entre soldados de la Misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití (MINUSTAH) y ex militares, el joven periodista, de 25 años, sucumbió a consecuencia de las heridas el 4 de abril, en un hospital cubano. Nunca se han hecho públicos los resultados de la investigación interna de la MINUSTAH, a quien se atribuyen los disparos mortales. Ese episodio vino a ilustrar las puntuales dificultades de cooperación entre la fuerza de interposición internacional y el gobierno provisional. De la relación entre la MINUSTAH y el futuro gobierno que salga de las urnas dependerá la restauración del Estado de derecho.
Porque, hasta el día de hoy, la MINUSTAH y las autoridades policiales y judiciales de Haití no han conseguido desmantelar el arsenal de cerca de 200.000 armas ilegales, que circulan a través del territorio haitiano. Tampoco han conseguido neutralizar al centenar de bandas que asolan con total impunidad y que, desde hace un año, han hecho del secuestro su especialidad. Según la MINUSTAH, en los últimos seis meses se han pagado seis millones de dólares en rescates. También en este clima de terror la prensa haitiana ha pagado un grave tributo.
El 16 de junio, Nancy Roc, presentadora del magazín “Metrópolis” en Radio Métropole, tuvo que marcharse precipitadamente de Haití, tras recibir amenazas de rapto por teléfono, durante cerca de una semana. La periodista, que investigaba casos de tráfico de armas y droga, se vio obligada a huir cuando una llamada anónima le comunicó que su rapto solo “era cuestión de horas”. El 11 de junio, Richard Widmaier, director de Radio Métropole, escapó por poco a un intento de secuestro en Puerto Príncipe.
No tuvo la misma suerte Jacques Roche, cronista literario y jefe del servicio cultural del diario Le Matin. Secuestrado el 10 de julio en Puerto Príncipe, el periodista apareció asesinado cuatro días más tarde, tras haber sido torturado con extrema crueldad. En la investigación quedó establecido que primero los secuestradores exigieron a los allegados de la víctima la suma de 250.000 dólares, a cambio de su libertad. También se estableció que, en las primeras horas de la tarde del 11 de julio, la familia de Jacques Roche y la redacción del diario Le Matin pagaron la suma de 10.000 dólares a los secuestradores quienes, tras exigir los 240.000 dólares restantes, rebajaron el rescate y, el 13 de julio, exigieron 50.000 dólares. En el intervalo, los secuestradores conocieron la identidad de su víctima, famoso entre otras cosas por haber animado un programa del grupo llamado “de los 184” -movimiento de oposición bajo la presidencia de Jean-Bertrand Aristide-, difundido por el canal Télé Haití, y en la televisión nacional. A un periodista de Le Matin, encargado de negociar con los secuestradores, le dijeron: “Ustedes hicieron secuestrar al presidente Aristide, de repente ustedes nos enseñaron el secuestro”. Aunque de origen criminal, el rapto de Jean Roche se ha convertido en un asunto político.
Todos los presuntos autores del secuestro pertenecen a la banda conocida como “el ejército RAT”, que opera en el barrio de Bel-Air de Puerto Príncipe. Tres de ellos fueron detenidos por la MINUSTAH y la policía nacional de Haití (PNH): Roger Etienne, alias “Ti Edgard”, el 16 de julio; Flaubert Forestal y Jules Mentor, el 22 de julio. Sus declaraciones han revelado que los llamados, o apodados, Alamaskay, “Ti Réginald”, Peter Dan Sere (abatido en el mes de septiembre, en una operación de la MINUSTAH), Johnny Céron, Dérosiers Becker, alias “Tiyabout”, y Nicolas Augudson, alias “General Toutou”, jefe del “ejército RAT”, participaron el secuestro y asesinato de Jacques Roche. Reporteros sin Fronteras se felicita por los rápidos progresos de la investigación pero espera que, en el menor plazo posible, se encuentre y detenga a los sospechosos, aún en libertad. Su detención representaría un duro golpe para los intentos del “ejército RAT” en el barrio de Bel-Air, donde la prensa haitiana sigue quejándose de no poder entrar. Nuestra organización espera también que el procedimiento permita llegar a un proceso, en buena y debida forma.
Porque ahí justamente se sitúa uno de los grandes retos del próximo mandato: el fututo jefe del Estado y, con él, el gobierno salido de las urnas, deberán romper con la cultura de la impunidad que hipoteca el futuro democrático de Haití. Reporteros sin Fronteras continuará militando en favor de que se llegue a la verdad en dos casos desgraciadamente emblemáticos de esa impunidad persistente, y de las graves disfunciones de la justicia que la favorece: los de Jean Dominique y Brignol Lindor.
Han pasado más de cinco años desde que se produjo, en Puerto Príncipe, el 3 de abril de 2000, el doble asesinato de Jean Dominique, director y analista política de la radio Haití Inter, y del guarda de la emisora Jean-Claude Louissaint. La investigación, finalizada el 21 de marzo de 2003, llevó a la inculpación y el encarcelamiento de seis individuos, miembros de los grupos armados conocidos con el nombre de “chimères”: Dymsley Milien, apodado “Ti Lou”, Jeudi Jean-Daniel, apodado “Guimy”, Philippe Markington, Ralph Léger, Freud Junior Demarattes y Ralph Joseph. Los tres últimos fueron declarados inocentes en la apelación, el 4 de agosto de 2003.
Nos sentimos consternados al saber que, en febrero de 2005, los tres inculpados, “Ti Lou”, “Guimy” y Philippe Markington, se evadieron de la cárcel aprovechando un motín. En septiembre de 2005, cuando la última visita de Reporteros sin Fronteras a Haití, varias fuentes cercanas al caso de Jean Dominique confiaron a nuestra organización que “Ti Lou” y “Guimy” se encuentran ahora en la localidad de Martissant, cerca de Puerto Príncipe, donde se han convertido en jefes de bandas. ¿Cómo se explica que esas personas no hayan sido detenidas, y devueltas a la cárcel, si están localizadas?
Por otra parte, en junio de 2004, la delegación de Reporteros sin Fronteras presente en Haití obtuvo del Presidente interino de la República, Boniface Alexandre, del Primer Ministro, Gérard Latortue, y del Ministro de Justicia, Bernard Gousse, la garantía de que se iba a relanzar el proceso. El 29 de junio de 2004, el Tribunal de Casación dictó un mandato ordenando la apertura de una nueva investigación. Pero, iba a ser necesario cerca de un año para se designara efectivamente un juez de instrucción...¡y en qué condiciones!
¿Es normal que un Ministro de Justicia anuncie públicamente el 3 de abril de 2005 -es decir, exactamente cinco años después del asesinato de Jean Dominique- que un juez se hace cargo del caso, mientras que éste no ha podido consultar ni una sola pieza del dossier? ¿Es normal que los correos enviados, en dos ocasiones, por ese mismo juez a su ministro tutelar, para pedir los medios necesarios para la investigación, queden sin respuesta? ¿Es normal, finalmente, que la promesa de medios (vehículo, chofer, agentes de seguridad) hecha al juez por el sucesor de Gousse, Henri Dorléans sea, al día de hoy, papel mojado?
Otras tantas sombras que vienen a sumarse a las ya muy numerosas que salpican el caso, desde sus comienzos. El 14 de marzo de 2004, Harold Sévère, ex adjunto al alcalde de Puerto Príncipe, y Ostide Pétion, alias “Douze”, fueron detenidos por su presunta implicación en el asesinato de Jean Dominique. También fue encausada Annette Auguste , alias “Só Anne”, detenida por otro asunto el 10 de mayo de 2004 en Puerto Príncipe, y encargada de la coordinación de las “organizaciones populares” bajo la presidencia de Jean-Bertrand Aristide. Sin embargo, no se ha efectuado el menor interrogatorio a esas personas. Igualmente, nunca se han verificado las declaraciones del presunto asesino “Ti Lou”, quien manifestó haber recibido la suma de 10.000 dólares por ejecutar a Jean Dominique. Finalmente, nunca se ha aclarado la sospechosa muerte de dos testigos.
El caso de Brignol Lindor es otro gran asunto en suspenso, que pone en juego la credibilidad de las instituciones políticas y judiciales de Haití. Cerca de cuatro años después del asesinato, a pedradas y machetazos, del joven periodista de Radio Echo 2000, ocurrido el 3 de diciembre de 2001 en Petit-Goâve ¿hay que resignarse al frenazo judicial? El 21 de abril de 2003, la familia Lindor acudió al Tribunal de Casación con una petición para constituirse en parte civil, lo que le había negado el tribunal de apelación. Desde hace más de dos años, el más alto tribunal judicial de Haití todavía no ha dado su parecer sobre este punto de derecho, cuado normalmente dispone de un plazo de dos meses para hacerlo. También en esto, Reporteros sin Fronteras ha intervenido dos veces, en junio y noviembre de 2004, para pedir que se retomara el procedimiento. Este retraso se suma al sentimiento de rebelión e incomprensión que ya inspiraba una investigación chapucera, concluida en septiembre de 2002.
Parece que se ha hecho de todo para ocultar el carácter premeditado y planificado del asesinato de Brignol Lindor. Reporteros sin Fronteras se permite recordar aquí los hechos siguientes, con el apoyo de un informe de la Comisión Ciudadana para la Aplicación de la Justicia (CCAJ), enviado al Ministro de Justicia en julio de 2004.
El 29 de noviembre de 2001, es decir cuatro días antes de la ejecución del periodista, se celebró una conferencia de prensa en Petit-Goâve, por iniciativa de varias personalidades relacionadas con el partido Fanmi Lavalas, del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, entre las que se encontraban el alcalde de Petit-Goâve, Emmanuel Antoine, y su adjunto Bony Dumay, quien lanzó una violenta requisitoria contra los opositores de Convergencia Democrática y contra Brignol Lindor, considerado como aliado de ese grupo político. El 2 de diciembre, víspera del asesinato, se celebró otra reunión entre algunos representantes del equipo municipal y miembros del grupo armado “Domi nan bwa”, ligado al partido Fanmi Lavalas. El 3 de diciembre por la mañana, Joseph Zeus Duverger, uno de los jefes de “Domi nan bwa”, fue atacado por unos presuntos partidarios de Convergencia Democrática. Este episodio sirvió de pretexto para una acción de represalia, dirigida contra Brignol Lindor. Como prueba, una decena de miembros de “Domi nan bwa”, que se disponían a ejecutar en su domicilio al miembro de Convergencia Democática Love Augustin, finalmente le dejaron para atacar a Brignol Lindor, llegado al lugar de los hechos.
A pesar de todos estos elementos, la orden del juez Fritner Duclair, dictada el 16 de septiembre de 2002, excluyó de cualquier indagación a los presuntos autores intelectuales del asesinato de Brignol Lindor. A los representantes de la municipalidad de Petit-Goave no se les ha molestado nunca. Fueron inculpados diez miembros del grupo “Domi nan bwa”, que habían participado en el asesinato pero, según el abogado de la familia Lindor, ninguno de ellos ha sido encarcelado. Sólo uno de los presuntos asesinos, Joubert Saint-Just, fue aprehendido y entregado a la policía, por unos vecinos de Miragoâne, aunque por otro motivo...el 30 de marzo de 2005.
En cuanto a las gestiones iniciadas por el consejo de la familia Lindor, la CCAJ y el Comité de Solidaridad y Justicia para Brignol Lindor (COSOJUBRIL), nunca han encontrado eco en el gobierno provisional, ni tampoco en el Presidente de la República, quien anteriormente presidió también el Tribunal de Casación.
Los diferentes casos que movilizan a Reporteros sin Fronteras no solamente han enlutado a la prensa haitiana. También han traumatizado a una población, y conmovido a la comunidad internacional. Reporteros sin Fronteras quiere apoyar, a su nivel, el esfuerzo de democratización en Haití, al que deberán responder los vencedores de las próximas elecciones, y en primer lugar el futuro Presidente de la República. Para ello, nuestra organización les pide que se comprometan a que :
- los autores, co-autores y cómplices del asesinato de Jacques Roche sean juzgados lo antes posible,
- el Tribunal de Casación se pronuncie lo antes posible sobre el caso de Brignol Lindor, y se nombre un nuevo magistrado instructor,
- la policía nacional de Haití detenga a los presuntos asesinos de Jean Dominique, actualmente en libertad, a la vista y con el conocimiento de todos,
- al magistrado instructor de este caso se le proporcionen medios de investigación reales,
- se ponga en marcha una cooperación creciente entre instituciones judiciales y policiales, para el tratamiento de los asuntos de prensa,
- la presencia, en el marco de la MINUSTAH, de policías procedentes de otros países permita cubrir la necesidad de promocionar un sistema penal, creíble y eficaz,
- las asociaciones de defensa de los derechos humanos, y entre ellas la CCAJ y el COSOJUBRIL, participen en cualquier comisión de investigación o misión parlamentaria, destinada a aclarar la actividad de los grupos armados que todavía permanecen activos. Que el futuro gobierno haga de ellas auténticas colaboradoras en la restauración del Estado de derecho,
- los poderes del Estado, salidos de las próximas elecciones, se comprometan realmente a reforzar el sistema judicial haitiano, particularmente el sistema penal, y que acaben con la impunidad en Haití.
En espera de que ustedes asuman estos compromisos ante el pueblo haitiano, y los mantengan si resultan elegidos reciban, Señora, Señores candidatos, la expresión de nuestros más respetuosos saludos.
Reporteros sin Fronteras.