Bomba artesanal y coche bomba contra redacciones: peligro ante la proximidad de las elecciones

El 25 de marzo de 2012 estalló un artefacto explosivo junto a las instalaciones de la cadena nacional Televisa en Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Este atentado hace temer que se reanuden las intimidaciones dirigidas contra este medio de comunicación, que en 2010 padeció varios ataques en el mismo lugar. Este nuevo atentado sólo ocasionó daños materiales; por fortuna no hubo víctimas. Sin embargo, tuvo lugar poco después de otros dos ataques cometidos en la misma región norte del país, tradicionalmente la más violenta. “Menos que nunca, debe excluirse el riesgo de una escalada de violencia contra las redacciones, ahora que se aproximan las elecciones federales del 1 de julio próximo. Obstaculizar o sabotear el funcionamiento de los soportes de información es de interés directo de los cárteles y de ciertas autoridades cómplices, ahora que el tema de la inseguridad dominará una vez más una gran parte de la campaña electoral. Tras seis años de ofensiva federal contra el narcotráfico –cuyo balance se eleva a más de 50.000 muertos y que abarca tantos años de quebrantamiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales– ¿cuáles son las soluciones que contemplan los candidatos a la presidencia de la República para restaurar el Estado de Derecho? ¿Qué seguimiento se dará a la federalización de los ataques violentos que atenten contra la libertad de informar?”, se pregunta Reporteros sin Fronteras. Este nuevo atentado contra Televisa ocurrió poco después del perpetrado contra el diario Expreso, de Ciudad Victoria, también en el estado de Tamaulipas. El 19 de marzo explotó un coche bomba frente a las instalaciones del periódico. Al igual que en el anterior, en este caso los daños sólo fueron materiales, pero al parecer, el objetivo también fue la intimidación. Expreso publicó una nota sobre el atentado en su sitio web –que estuvo fuera de servicio un tiempo– y luego la borró de él, según el periódico Vanguardia. También es muy preocupante el ataque armado del que fue objeto el domicilio de Víctor Montenegro, editor del semanario El Contralor y colaborador de las revistas Contralíneas y Lobo times. La noche del 24 de marzo dispararon contra la fachada de su casa, en la ciudad de Durango, capital del estado de Durango. Sólo la madre del periodista, que vive con él, se encontraba en el lugar de los hechos. Afortunadamente se encuentra sana y salva. Víctor Montenegro, quien dijo presentará una denuncia por el ataque en la subdelegación de la Procuraduría General de la República, no formula una hipótesis formal respecto al móvil del ataque. “No manejo temas de narcotráfico ni hago investigaciones de ese tipo (…) pero sí soy muy crítico y cubro algunos temas sobre problemática social”, explicó a Reporteros sin Fronteras. México ocupa el lugar 149 (de entre 179 países) en la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por Reporteros sin Fronteras. En una década han sido asesinados en el país 80 periodistas y otros 14 se encuentran desaparecidos. Victoria judicial
Reporteros sin Fronteras celebra, no obstante, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 28 de marzo de 2012 resolvió el amparo a favor de Eduardo Huchim, de la revista emeequis, y Rubén Lara, del diario Rumbo de México, juzgados por “daño moral”, con lo que se revoca la sentencia en su contra. Los dos periodistas enfrentaban una demanda desde octubre de 2008 que la magistrada Consuelo Villalobos inició en su contra por la difusión de información pública (proveniente de auditorías) sobre la construcción del nuevo edificio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Los periodistas fueron doblemente condenados por daños y prejuicios: a pagar los gastos y costos del juicio y se les prohibió mencionar el caso apoyándose en documentos oficiales. “Esta es una batalla ganada para la libertad de expresión, después de tres años y cinco meses que duró este juicio civil”, nos dijo Eduardo Huchim, quien espera otra resolución sobre el mismo caso para que la SCJN establezca jurisprudencia en materia de libertad de expresión. “Es un precedente más sobre los límites de la protección del honor de las figuras públicas en casos de interés público”, subrayó la abogada de los periodistas, Perla Gómez Gallardo.