Anulada en la apelación la condena de la periodista británica Sally Bowen
Organización:
Reporteros sin Fronteras se une a las múltiples protestas que ha despertado la condena por "difamación", el 4 de abril en Lima, de Sally Bowen y Jane Holligan, ex corresponsales en Perú de medios de comunicación británicos. Esta decisión representa una infracción al trabajo periodístico, y a la libertad de prensa.
El 28 de junio de 2005, el tribunal de apelación de Lima revocó por defecto de forma la condena por "difamación" de la periodista británica Sally Bowen. La ex corresponsal en Perú del Financial Times y la BBC fue condenada en primera instancia, el pasado 4 de mayo, por el juez Alfredo Catacora a pagar 3.000 dólares en concepto de daños y perjuicios al empresario Fernando Cevallos, al que había mencionado denigrándole en su libro "El espía imperfecto: la vida de Vladimiro Montesinos". Anteriormente, ya se habían abandonado los cargos contra Jane Holligan, coautora de la obra, porque reside en el extranjero.
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10.05.05 - Dos Periodistas británicas condenadas por "difamación": una burla para la libertad de prensa
Reporteros sin Fronteras une su voz a las múltiples protestas que se han producido tras la condena, el 4 de mayo de 2005, por un juez peruano, de Sally Bowen, ex corresponsal en Perú del Financial Times y la BBC, y Jane Holligan, ex corresponsal de The Guardian y The Economist, por "difamación" del empresario Fernando Zevallos. Tanto las dos periodistas, como el querellante, piensan apelar. "Lo que plantea problemas en este caso no es tanto la sentencia en sí misma como los considerandos. A las dos periodistas les han condenado simplemente por haber incluido en un libro algunas declaraciones desfavorables para Fernando Zevallos. A pesar incluso de que Sally Bowen y Jane Holligan pueden apelar su condena representa, por principio, una grave infracción al trabajo periodístico y a la libertad de prensa", ha declarado Reporteros sin Fronteras. En el libro "El espía imperfecto: la vida de Vladimiro Montensinos", Sally Bowen y Jane Holligan cuentan las actuaciones de quien fuera jefe de los servicios secretos peruanos bajo la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000). En uno de los capítulos, Oscar Benítez, un antiguo colaborador de la DEA (unidad de lucha anti-droga de Estados Unidos), califica a Fernando Zevallos de "traficante de droga". En efectos, contra Fernando Zevallos, ex propietario de la compañía aérea Aerocontinente, pesan algunos cargos graves. Considerado por la administración norteamericana como un barón de la droga, varias veces ha sido denunciado en Perú y Chile por blanqueo de dinero, soborno de testigos, asesinato por encargo y tráfico de cocaína. Actualmente está procesado por haber reflotado su antigua compañía aérea con los beneficios del tráfico de droga, según Associated Press. El juez Alfredo Catacora, argumentando la presunción de inocencia, ha condenado a Sally Bowen y Jane Holligan a pagar 10.000 soles (2.300 euros) al demandante, que había pedido 10 millones de dólares de indemnización. La sentencia ha despertado indignación. El 6 de mayo, un centenar de periodistas peruanos y extranjeros se manifestaron ante el Palacio de Justicia de Lima, denunciando "la corrupción y la intimidación" que el crimen organizado hace pesar sobre la institución judicial. El relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el argentino Eduardo Bertoni, ha manifestado su preocupación al gobierno peruano. El embajador del Reino Unido, Richard Ralph, ha expresado su "inquietud". Su homólogo norteamericano, James Curtis Struble, ha denunciado la sentencia y ha reiterado las graves sospechas que pesan sobre Fernando Zevallos. El 5 de mayo, el Instituto Prensa y Sociedad (asociación peruana de defensa de la libertad de prensa), lo consideró una sentencia "anticonstitucional" y un "atentado directo contra la libertad de prensa". Según la Agencia France-Presse, Alejandro Miro Quesada, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director del diario peruano El Comercio, ha calificado la sentencia de "muy peligrosa". La SIP también ha pedido el 9 de mayo, al presidente Alejandro Toledo, la reapertura de la investigación sobre el asesinato, en 1989, de Todd Smith, periodista del Tampa Tribune (Florida), que había sacado a la luz las relaciones entre la guerrilla de Sendero Luminoso y los narcotraficantes. Fernando Zevallos fue citado, aunque nunca inculpado, como cerebro de aquel asesinato.
Reporteros sin Fronteras une su voz a las múltiples protestas que se han producido tras la condena, el 4 de mayo de 2005, por un juez peruano, de Sally Bowen, ex corresponsal en Perú del Financial Times y la BBC, y Jane Holligan, ex corresponsal de The Guardian y The Economist, por "difamación" del empresario Fernando Zevallos. Tanto las dos periodistas, como el querellante, piensan apelar. "Lo que plantea problemas en este caso no es tanto la sentencia en sí misma como los considerandos. A las dos periodistas les han condenado simplemente por haber incluido en un libro algunas declaraciones desfavorables para Fernando Zevallos. A pesar incluso de que Sally Bowen y Jane Holligan pueden apelar su condena representa, por principio, una grave infracción al trabajo periodístico y a la libertad de prensa", ha declarado Reporteros sin Fronteras. En el libro "El espía imperfecto: la vida de Vladimiro Montensinos", Sally Bowen y Jane Holligan cuentan las actuaciones de quien fuera jefe de los servicios secretos peruanos bajo la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000). En uno de los capítulos, Oscar Benítez, un antiguo colaborador de la DEA (unidad de lucha anti-droga de Estados Unidos), califica a Fernando Zevallos de "traficante de droga". En efectos, contra Fernando Zevallos, ex propietario de la compañía aérea Aerocontinente, pesan algunos cargos graves. Considerado por la administración norteamericana como un barón de la droga, varias veces ha sido denunciado en Perú y Chile por blanqueo de dinero, soborno de testigos, asesinato por encargo y tráfico de cocaína. Actualmente está procesado por haber reflotado su antigua compañía aérea con los beneficios del tráfico de droga, según Associated Press. El juez Alfredo Catacora, argumentando la presunción de inocencia, ha condenado a Sally Bowen y Jane Holligan a pagar 10.000 soles (2.300 euros) al demandante, que había pedido 10 millones de dólares de indemnización. La sentencia ha despertado indignación. El 6 de mayo, un centenar de periodistas peruanos y extranjeros se manifestaron ante el Palacio de Justicia de Lima, denunciando "la corrupción y la intimidación" que el crimen organizado hace pesar sobre la institución judicial. El relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el argentino Eduardo Bertoni, ha manifestado su preocupación al gobierno peruano. El embajador del Reino Unido, Richard Ralph, ha expresado su "inquietud". Su homólogo norteamericano, James Curtis Struble, ha denunciado la sentencia y ha reiterado las graves sospechas que pesan sobre Fernando Zevallos. El 5 de mayo, el Instituto Prensa y Sociedad (asociación peruana de defensa de la libertad de prensa), lo consideró una sentencia "anticonstitucional" y un "atentado directo contra la libertad de prensa". Según la Agencia France-Presse, Alejandro Miro Quesada, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director del diario peruano El Comercio, ha calificado la sentencia de "muy peligrosa". La SIP también ha pedido el 9 de mayo, al presidente Alejandro Toledo, la reapertura de la investigación sobre el asesinato, en 1989, de Todd Smith, periodista del Tampa Tribune (Florida), que había sacado a la luz las relaciones entre la guerrilla de Sendero Luminoso y los narcotraficantes. Fernando Zevallos fue citado, aunque nunca inculpado, como cerebro de aquel asesinato.
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20.01.2016
