Alcalde amenaza de muerte a una redacción; riesgos de desvío de la Ley contra el Racismo

“No descansaré hasta ver enterrados dos metros bajo tierra a Tuffí Aré y a los demás periodistas. Todos los periodistas son una bosta. ¡Encontraremos una estrategia para tumbarlos!”, afirmó durante la celebración del mes de aniversario de Santa Cruz, el 1 de septiembre de 2012, el alcalde de la ciudad, Percy Fernández, quien no dudo en amenazar de muerte públicamente a los propietarios, el jefe de redacción y los periodistas del diario El Deber. Reporteros sin Fronteras coincide en que se le juzgue por “injuria”. “Declaraciones de tal violencia son indignas de un político electo y pueden poner en riesgo no sólo la seguridad de los periodistas concernidos, sino también la de otros representantes de la profesión. El país sigue padeciendo una fuerte polarización que afecta a los diferentes tipos de medios de comunicación –públicos, privados y comunitarios– y a sus empleados. Expuesta por naturaleza a la crítica pública, la clase política en su conjunto debe cuidarse de no ceder al odio ni al resentimiento sumarial, que constituyen un peligro para la libertad de información y el pluralismo”, declaró Reporteros sin Fronteras. Tras las declaraciones del alcalde de Santa Cruz, el periodista de la cadena privada Red Uno (Canal 11) y vocal de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa en Bolivia, Milton Montero –quien también ya había sido insultado personalmente por Percy Fernández–, solicitó que se iniciaran acciones penales contra el político por “racismo y discriminación”, basándose en la Ley 045, la misma con la que el gobierno busca sancionar a tres medios de comunicación, que podrían ser enjuiciados por la difusión de un polémico discurso del presidente Evo Morales. “Reporteros sin Fronteras está a favor de que exista una ley que reprima el odio racial y su apología, incluso en los medios de comunicación. No obstante, no puede aplicarse la acusación de ‘racismo y discriminación’ en los casos de la Agencia de Noticias Fides y de los periódicos Página Siete y El Diario. En esta querella penal debería prevalecer la Ley de Imprenta, prevista para casos de este tipo. El delito de ‘injuria’, contemplado en el Código Penal, evidentemente es viable en el caso de Percy Fernández pero, ¿tiene que ver directamente con el origen de los individuos a los que se agredió? No debe desviarse la Ley 045 para castigar otra cosa que no sea su verdadero objeto”, concluyó la organización. ___________________ 28.08.2012 - Crece la controversia tras la amenaza de que tres medios sean enjuiciados por “racismo” Diversas organizaciones sindicales y del gremio de trabajadores de la prensa han hecho un llamado a manifestarse esta semana en apoyo a la Agencia de Noticias Fides (ANF, propiedad de la Compañía de Jesús) y a los diarios Página Siete y El Diario, que enfrentan una querella penal abierta hace ocho días con base en la Ley No. 045, de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación. En principio, se acusa a los tres medios de comunicación de haber distorsionado las declaraciones del presidente Evo Morales durante una visita a Uyuni (sur), efectuada el 15 de agosto pasado, en la que éste señaló: “En el oriente, donde todo el año se produce, solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el Altiplano es diferente, si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”. Ese mismo día, la ANF tituló su nota sobre el discurso: “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por flojera”. Al día siguiente Página Siete la tituló así: “Evo acusa de flojos a los habitantes del oriente”, mientras que El Diario anunciaba: “Evo opina que el oriental es flojo y le critican por discriminador”. Los tres medios de comunicación –a los que la Ministra de Comunicación, Amanda Dávila, criticó severamente por “distorsionar” con sentido “tendencioso” las declaraciones del presidente– enfrentan desde el 21 de agosto, por solicitud del Ministerio de la Presidencia, una querella penal basada en el artículo 181 del Código Penal, incorporado mediante la Ley No. 045, que castiga la “difusión e incitación al racismo o la discriminación”. La pena contemplada va de uno a cinco años de prisión incondicional. “Como subrayan las organizaciones que firman el llamado de apoyo a los tres medios de comunicación incriminados, ante la distorsión de las declaraciones de Evo Morales debería prevalecer normalmente la Ley de Imprenta, destinada a regular los casos de prensa. Ahora, la Ley contra el Racismo se emplea en este caso para imputar finalmente a los medios de comunicación la actitud discriminatoria del jefe de Estado que estos critican precisamente. ¿Cómo podría sostenerse tal acusación apoyándose en una inversión de perspectiva tan absurda? Suponiendo sólo que las declaraciones de Evo Morales se hubieran reproducido mal, la ANF, Página Siete y El Diario tendrían derecho a cuestionar su aspecto equívoco y torpe. Pedimos solemnemente al gobierno que retire su solicitud de investigar a estos tres medios o al Ministerio Público que declare improcedente el proceso penal”, declaró Reporteros sin Fronteras. Promulgada en octubre de 2010, la Ley No. 045 de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación suscitó gran preocupación debido a ciertas cláusulas mal formuladas. Estas inquietudes tenían que ver en particular con que era posible responsabilizar a los medios de comunicación o a los periodistas de declaraciones racistas o discriminatorias de las que solamente habrían informado. Después, un Reglamento –que Reporteros sin Fronteras aprobó– acabó con esta ambigüedad. “El proceso penal emprendido en estas condiciones contra los tres medios de comunicación nos remite a los defectos iniciales de una legislación que, en sí, tiene toda razón de ser”, concluyó la organización.