Afganistán: la inteligencia talibán y el nuevo ministerio acosan cada vez más a los periodistas

Entre los últimos periodistas detenidos se encuentra Aslam Hijab, reportero de negocios del canal privado Ariana News TV, que fue arrestado a la salida de su trabajo el 31 de enero; y su compañero, Waris Hassra, quien también fue detenido cuando  intentó protestar. Ambos fueron llevados por agentes de inteligencia a un destino desconocido y fueron retenidos durante 48 horas antes de ser liberados.

Estos dos casos de detención arbitraria no son ni mucho menos aislados. Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán, el 15 de agosto de 2021, al menos 50 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido detenidos por la policía o el Istikhbarat. Estas detenciones, a menudo acompañadas de violencia, han durado desde varias horas hasta casi una semana. Suelen producirse cuando los periodistas cubren manifestaciones callejeras de mujeres en la capital, Kabul, y muestran el papel cada vez más importante que desempeña el Istikhbarat en el acoso a los medios de comunicación.

Dirigido por Abolhag Wasiq, este servicio de inteligencia desempeña un papel clave en el gobierno talibán y está directamente supervisado por el primer ministro interino. Ha sustituido a la Dirección Nacional de Seguridad (NDS) de la República Islámica de Afganistán, heredera a su vez de la KHAD (Agencia de Inteligencia del Estado), rama local del KGB durante la década de 1980.

El Istikhbarat no sólo está directamente implicado en la detención de periodistas. RSF ha sabido que varios medios de comunicación han recibido llamadas telefónicas amenazantes y citaciones para ser interrogados por funcionarios del Istikhbarat. Javad Sargar, alto funcionario de Istikhbarat encargado del Departamento 53, que se ocupa de los medios de comunicación, horrorizó recientemente a los periodistas al “invitarles” a dejar de cubrir ciertos temas y a dejar de pedir a ciertos periodistas que participen en debates televisivos, “si no queréis que os arranque la lengua”.

“Amenazar con arrancar la lengua a los periodistas para evitar que cubran determinados temas es totalmente inaceptable”, dnuncia Reza Moini, responsable de la sección Irán-Afganistán de RSF. “Los periodistas deben poder ejercer su profesión sin estar bajo la amenaza permanente de ser detenidos y torturados. Estas amenazas ilegales, que violan la legislación afgana sobre medios de comunicación, son aún más horribles por llegar en un momento de creciente acoso y de normas cada vez más restrictivas del derecho a la noticia y a la información.”

Más y más acoso

Además de la amenaza que supone el Istikhbarat, los periodistas afganos deben enfrentarse ahora al Ministerio de Promoción de la Virtud y Represión del Vicio, encargado de velar por el respeto de la sharia en el ámbito público y de hacer cumplir la doctrina coránica de “ordenar el bien y prohibir el mal”. Fue este ministerio el que emitió, el 22 de noviembre, un decreto en el que se definen algunas normas que rigen la libertad de prensa en Afganistán. Entre otras cosas, se pidió a los periodistas que no entrevistaran a comentaristas que pudieran criticar al gobierno, ni los invitaran a participar en debates en los estudios de televisión. Y a las mujeres periodistas se les dijo que debían llevar el hiyab completo.

Los responsables de cuatro canales de televisión privados –Tolo TV, TV1, Ariana News y Shemshad– fueron convocados al Ministerio de Información y Cultura unas semanas después, el 16 y el 22 de diciembre. El objetivo de estas reuniones, celebradas con la presencia de representantes del Istikhbarat y del Ministerio de Promoción de la Virtud y Represión del Vicio, era advertirles que debían cumplir estrictamente el decreto del 22 de noviembre. Los jefes de los canales de televisión se vieron obligados, bajo presión, a aceptar la aplicación del decreto.

Este decreto viola la ley de medios de comunicación promulgada en marzo de 2015 y que sigue oficialmente en vigor. A preguntas de RSF, el portavoz del gobierno y viceministro de Información y Cultura, Zabihullah Mujahid, confirmó que esta ley sigue en vigor, que no impide a las mujeres trabajar como periodistas y que ningún ministerio o entidad debe intervenir en las actividades de los periodistas. Sin embargo, también anunció la inminente creación de una “Comisión de verificación de los delitos contra los medios de comunicación”.

La situación es tanto más confusa para los periodistas cuanto que las directivas que les afectan proceden de diversas fuentes. Además de las presiones de varios ministerios y del Istikhbarat, los medios de comunicación deben seguir las órdenes del Centro de Información y Medios de Comunicación del Gobierno. El 29 de enero, el GMIC emitió unas recomendaciones para “todos los medios de comunicación de Afganistán” que, en esencia, confirman las once normas para los medios de comunicación anunciadas el 19 de septiembre. Estos anuncios han contribuido a debilitar aún más el papel del Ministerio de Información y Cultura con respecto a los medios de comunicación, que sin embargo están oficialmente bajo su autoridad.

Afganistán ocupa el puesto 122 de 180 países en la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que publicó RSF en abril de 2021.